viernes, abril 21, 2006

Haciendo política de izquierdas: la ley de dependencia

Mientras el PP aulla de satisfacción por que le han salvado el chiringuito (por ahora) de su amigo Pizarro, el gobierno aprueba una ley importante que sí cambiará la vida a muchos españoles, la ley de dependencia. Algo tendrá de bueno que incluso el PP la elogiado, cosa inaudita estos días de berrinche constante.

Ya la elogié ámpliamente hará unos meses, cuando se empezó a hablar del texto, y no he cambiado de opinión en absoluto. Repito palabra por palabra lo dicho:

Primero, es un política que ya existe en muchos lugares de Europa, así que de hecho sólo estamos haciendo las cosas tarde, no otra cosa. Vamos, que nos alejamos del furgón de cola y tal, algo que ya tocaba en esta materia.

Segundo, aunque parezca mentira, no es un sistema demasiado caro de implementar (nunca es un capítulo oneroso del gasto donde existen programas similares) y es en cambio tremendamente progresivo, ya que favorece casi siempre a quien más lo necesita y no se puede permitir pagarlo. Hay una conclusión a la que llegan todos los estudios de gasto público y redistribución de renta en estados de bienestar, que señala que los impuestos acostumbran a ser bastante torpes como mecanismo de redistribución (incluso en Escandinavia, el sistema en agregado acaba siendo bastante proporcional), pero que en cambio el gasto, bien planteado, es muy efectivo reduciendo desigualdades. Sanidad, educación y servicios sociales públicos, universales y gratuitos son poderosos reductores de las diferencias sociales, y en muchos casos (sanidad es el más claro) son tremendamente eficientes.

Tercero, el sistema es tremendamente pragmático y bien poco estatalista, permitiendo que aunque el pagador sea el estado, la iniciativa en la prestación de servicios pueda ser privada. Lo que me lleva a decir algo que anatema para algunos, pero que es conveniente recalcar: en términos de igualdad, no importa quién preste el servicio mientras el pagador sea el estado. Lo importante es el libre acceso de los ciudadanos a un servicio, no quién lo presta; si es el Frente de Liberación de los Gnomos del Jardín el que se encarga de atender a los abueletes o un funcionario en términos de redistribución no hay diferencia. Si el estado vigila que el FLGJ preste el servicio en condiciones (algo sencillo de hacer), el ciudadano, que es lo que importa, se beneficia igual del sistema.

Cuarto, está bastante claro que la gente que se beneficiará de este programa no está cubierta por el mercado ahora mismo. No hay regulación ni impedimentos al asunto, y sin embargo la gente de rentas bajas sigue sin tener asistencia. Si algo esencialmente aleatorio como es la salud afecta más a unas clases sociales que otras, y provoca por ejemplo que familiares tengan que dejar de trabajar para cuidar a sus mayores, es necesario que el estado ayude. Por mucho que uno quiera a sus padres, no es justo que por que ellos tengan la salud frágil una mujer tenga que dejar el trabajo para cuidarles, por ejemplo.

Lo más importante, sin embargo, es que es una política que realmente dice "gobierno de izquierdas". Es una política redistributiva clásica, sobre el papel bien diseñada, y que favorece a quien más lo necesita. Si además es realista, razonable, nada integrista del funcionariado y flexible, hay muy poco que objetar, al menos de momento. Otra cosa es que me parece que puede estar pisando alguna competencia autonómica, pero bueno...
En fin, lo dicho, una buena noticia.

4 comentarios:

Enric. El Bifaro de El Presinto. dijo...

Pues yo digo lo mismo que decía años atrás, cuando debatíamos el modelo del Estado del Bienestar, por la supuesta crisis que inexorablemente lo conducía al colapso último. No es cierto que dé lo mismo, ni siquiera en términos redistributivos, quién preste un servicio público, aunque es lícito plantearlo de esa manera. Y no da lo mismo porque las condiciones laborales, y por tanto las materiales de existencia, de las personas que asalariadas trabajan en esas empresas subcontratadas por el Estado para las prestación de los servicios que financia, son indiscutiblemente peores de lo que serían si fuesen personas ligadas por una relación funcionarial con la Administración competente.

Es evidente que el concepto de "consumidor" está realizando la función encubridora de los árboles que no permiten ver el bosque, pero aquí quedamos todavía quienes, armados con el hacha taladora del conocimiento de la realidad - que debería ser de dominio público -, no cejaremos un instante en ir talando todos aquellos arbolillos que impiden a la peña disfrutar del paisaje bosquístico.

Madera Pura dijo...

Toda la razón. Con preguntar a quien trabaje para los servicios subcontratados por ejemplo en Eules para la Comunidad Valencian es suficiente.
Cobran bastante menos que los funcionarios que hacen EL MISMO TRABAJO y tienen contratos "de obra". Se acaba el contrato Generalitat-Eulen y a la calle.

Anónimo dijo...

¿No podría ser, pregunto, que el sueldo de los funcionarios está muy por encima de su valor de mercado real? ¿Por qué un administrativo, por trabajar para una empresa privada, debe cobrar la mitad que un funcionario?

Lo mismo con enfermeros o asistentes sociales. Si creen que el sector privado les da poco dinero, que no cojan los curros.

MiguelNR dijo...

Entonces, lo que habrá que hacer, es mejorar los contratos que se hacen en el libre mercado, no empeorar el de los funcionarios.

Yo, en ese sentido, no estoy en contra del libre mercado, estoy en contra de la explotación; en el grado en que ambas cosas se disocien, o mejor dicho, que se puedan disociar, me parecerá bien.

El Estado no puede contratar a la gente solo porque en el libre mercado se la explote, eso es absurdo; los funcionarios no son un fin en si mismo, son parte del instrumento del Estado para alcanzar unos fines, ¡y es más!, si se puede hacer lo mismo con un funcionario, en vez de con dos, mucho mejor, porque así se gasta menos, y ese capital público liberado puede, o dejar de cobrarse vía impuestos (para quien defienda eso), o sino, puede invertirse en otro gasto social.

La eficiencia en el gasto público no solo no es de derechas, es muy de izquierdas, porque puede diversificar más el gasto público y por lo tanto, expandir el poder real del Estado.

Un Estado que derrocha, que gasta mal, es un Estado débil.

Un anote a un comentario del artículo original de Egócrata:

Es que no se quien diablos se creyó alguna vez que los impuestos, por si mismos, redistribuyen la riqueza, de hecho, no se si algún teórico de izquierdas alguna vez dijo tal cosa; los impuestos solo son el mecanismo de recaudación, la redistribución es un proceso que integra la recaudación y el gasto, pero evidentemente (insisto, dudo que alguna vez alguien lo pusiera en duda) el efecto final quien lo determina es el gasto, no la recaudación.