Corrupción, precios y costes

La reacción más habitual que tiene el público y la prensa cuando de habla de casos de corrupción es hablar de honestidad. La corrupción política es vista como una vulneración de la ley en beneficio propio, una especie de rotura del compás moral de un servidor público o empresario que trata de enriquecerse.

Si bien esta apreciación es en algunos casos cierta (sólo basta echar una ojeada a Marbella), la explicación peca de simplista, ya que excluye una parte importante del fenómeno. La corrupción puede ser en ocasiones una práctica casi necesaria, una reacción lógica a determinados problemas o prácticas de las instituciones.

Hablemos por ejemplo de un soborno, pagado para conseguir una licencia o un permiso de obras. Cuando un empresario paga a un político o funcionario para obtener una licencia, lo que está haciendo es pagar un sobrecoste en su inversión para conseguir acelerar su puesta en marcha. En un sentido abstracto, el dinero pagado a un burócrata no es demasiado distinto a efectos prácticos al que podría haber gastado contratando cinco o seis trabajadores para construir su fábrica más rápidamente más tarde. En cierto sentido, el soborno es el coste de mercado de la regulación que está tratando de vulnerar.

Los servicios, regulaciones y barreras que forman parte de la estructura del estado no operan en el vacio, sino que forman parte de una economía de mercado. Cada formulario, papel o documento que es necesario rellenar para hacer una actividad tiene un coste en tiempo e ingresos potenciales perdidos que es tenido en cuenta por los agentes económicos a la hora de lidiar con ellos. Dependiendo del nivel de vigilancia y de la posibilidad de ser pillado, es muy posible que lo racional desde el punto de vista económico sea evitar un trámite o una complicación pagando un soborno o una contribución al partido que pasando por el aro y siendo honesto. En ocasiones, el mismo sistema político e institucional de hecho está orientado a hacer que un prefiera la ilegalidad y los "favores" a seguir la ley, haciendo de la decisión algo casi automático.

Los factores que pueden llevar a que las instituciones pasen a preferir de manera sistemática de forma corrupta son variados. El clásico en países europeos, llegando a niveles endémicos en algunos países (Italia, Francia), es para financiar de forma ilegal a partidos políticos, un tema que ya discutí con cierta profundidad hará unos meses. Otro problema, no tan relevante en Europa más que en algunas regiones (sur de Italia, algunas zonas de España) es el clásico modelo de clientelismo / caciquismo electoral. Básicamente, los políticos tratan de convertirse en tan imprescindibles como sea posible, creando barreras a miles para que su "ayuda" sea la única manera de hacer las cosas, y obteniendo votos a cambio.

Fuera del mundo desarrollado, podemos encontrar otras variedades. La más clásica y fácil de reconocer es la del funcionario hambriento, ejemplificada en la mordida (soborno) que puede pedir un policia. En ocasiones, el estado no es capaz de recaudar suficientes impuestos o no tiene recursos para pagar a sus funcionarios, de modo que estos se ven "obligados" a completar su sueldo a base de exigir sobornos de manera descarada. En cierto modo, es una forma descentralizada de recaudar impuestos; ya que el estado no puede recaudar lo suficiente para pagar a un policia, es el mismo agente el que recauda parte de su sueldo a base de multas creativas.

La otra gran fuente de corrupción es la del gobierno demasiado ambicioso, siendo las casi extintas dictaduras comunistas el ejemplo más claro. A veces un país decide pasar leyes que son demasiado difíciles de implementar, sea porque requieren una cantidad de vigilancia y control absurdamente alta, sea porque los tribunales y funcionarios que se dedican a perseguir infracciones no tienen capacidad o recursos. El resultado es, habitualmente, leyes absolutamente maravillosas sobre el papel, otorgando grandes protecciones y regulaciones al trabajador, medio ambiente o un sistema fiscal muy progre, que son totalmente ignoradas por todo el mundo en la práctica. El cementerio de buenas intenciones legislativas en América Latina está lleno de estos engendros, cubriendo desde aranceles a privatizaciones o reformas de libre mercado (estrelladas tristemente contra la modalidad caciquil de corrupción, por ejemplo), en clara demostración que legislar y gobernar no tiene nada que ver.

Curiosamente esta última modalidad de corrupción no tiene por qué ser dañina, si la ley que es ignorada es especialmente incompetente. Es probable que la Unión Soviética durara tantos años no por la bondad del sistema, sino por la absoluta incapacidad de este para funcionar como estaba diseñado. Sin el gigantesco mercado negro que vivía a la sombra de los planes quinquenales, el sistema nunca hubiera sido capaz de funcionar.

Sea del tipo que sea, la corrupción a pesar de ser una "expresión" del libre mercado no es un mecanismo de asignación de recursos eficiente. Tampoco es, dicho sea de paso, una muestra que la intervención estatal es inherentemente ineficaz; sólo es una muestra que no tiene un coste cero, como algunos sectores de la izquierda creen. La regulación es, en ocasiones, necesaria, aunque casi nunca es gratuita. Pero sobre los costes de corrupción y regulaciones hablaré otro día.