jueves, marzo 30, 2006

De la financiación de los partidos (III): corrupciones variadas

Continuación de los dos artículos anteriores sobre el mismo tema (I, II).

De un modo u otro, todos los partidos políticos relevantes han tenido algún escándalo de financiación ilegal. Sea mediante comisiones inmobiliarias, sea mediante contabilidad creativa de inversiones públicas, sea mediante compra de helicópteros, quien más y quien menos ha sido cazado con más o menos fortuna tratando de añadir dinero a las arcas del partido.

Hay un par de cosas que resultan chocantes en estas situaciones. Primero, son casi generalizadas. Que yo recuerde, no hay casi ningún país ni sistema de financiación (público o privado) que no haya tenido problemas en este aspecto. Ha habido partidos más torpes que otros en librarse de ir a la carcel (llamando a Zaplana, llamando a Zaplana), pero todos han caído en la tentación, en mayor o menor medida. El segundo aspecto sorprendente es la curiosa tendencia de estos escándalos a ser "olvidados" por la oposición relativamente rápido en muchísimos casos. A no ser que la trama monetaria sea horriblemente generalizada y se lleve todos los partidos por delante (Italia), el daño político acostumbra a ser limitado.

Evidentemente, ambos aspectos están relacionados. Los partidos políticos que operan dentro de un determinado entorno jurídico tienen todos incentivos parecidos. El primero es ganar las elecciones, y para ello necesitan recursos; a ser posible más que los que tiene el rival. Para ello, pueden tratar de usar cauces legales, sea atrayendo más donativos o obteniendo más subvenciones, o pueden pasarse al lado oscuro y tratar de obtenerlos de forma "creativa".

¿Qué cálculo hace un partido para decidir si se pasa a la ilegalidad? El mismo que todo el mundo cuando invierte, un análisis de beneficio y riesgo. El beneficio es el incremento de la probabilidad de ganar las elecciones que el dinero adicional puede proporcionar; el riesgo es la posibilidad que los cojan. Como mayor sea el desfalco, más probable es que a uno le cacen, claro; pero ese no es el único elemento que afecta esta variable.

El primer factor es la capacidad de mantenerse en el poder. Como más fácil resulte para el partido que está pidiendo comisiones ser reelegido, menos arriesgado resulta pedirlas. La explicación detrás de este aspecto es sencilla. El principal (casi único) medio para descubrir una comisión ilegal es que alguno de los afectados la denuncie; es decir, que un contratista lo vea como un abuso, o que alguien que pierda el contrato se cabree. En caso que el gobierno esté muy bien asentado en el poder y tenga una mayoría sólida, todos los contratistas tienen el dilema de si es preferible pagar un poco y estar a buenas con el que manda, o no tragar y quedarse sin contratos durante un largo tiempo. La capacidad individual de hacer daño a un partido gobernante es limitada, en especial si es un escándalo aislado, así que lo racional casi siempre consiste en tragar y pasar por caja.

Este es uno de los factores que explican la corrupción en Italia en tiempos de la Democracia Cristiana. El problema principal es que el partido estaba en el poder, sin salirse del gobierno, durante 40 años, así que si alguno quería trabajar para el gobierno, se debía aceptar lo que sus ministros dijeran. Si era necesario destinar un 20% de la obra en "gastos variados" o "seguridad" (nada raro en el Sur, entre la mafia y los políticos...), se hacía y punto.

El segundo factor es la "colaboración" de otras fuerzas políticas. En ocasiones, los partidos llegan a acuerdos tácitos de respeto al saqueo comisionario ajeno a cambio de que ignoren el propio. La base de estos acuerdos acostumbra a estar relacionada con una limitación de la competición en la urnas, ya sea por la existencia de "grandes coaliciones" (Italia de nuevo) o por un turno pacífico de saqueo, al estilo de la España de la restauración.

El tercer factor, quizás el más deprimente, es el cinismo colectivo de la clase política a la hora de "solucionar" el problema cuando son cazados. Los campeones en este aspecto son los franceses, que tras varios escándalos de financiación ilegal patéticamente encubierta (con el PSF creando una sociedad, Urba, que casi se anunciaba alegremente), reaccionaron dándose subvenciones a espuertas y declarando una amnistía "parcial" a los culpables. No son los únicos, de todos modos. Los italianos pasaron su primera ley de financiación de los partidos en los setenta, tras ser cazados en el acto de forma colectiva. La ley fue tan buena y tan brillante que según todas las estimaciones el nivel de corrupción aumentó, no disminuyó, ya que los requisitos de transparencia contable fueron tan espectacularmente vagos que no hubo manera de fiscalizar a nadie. Los partidos quieren sobrevivir, por encima de todo, y aceptan gustosamente perdonar al oponente a cambio de salir con vida de un escándalo grave.

El cuarto elemento que decide el riesgo de usar métodos ilegales es el propio sistema jurídico. Pongamos el ejemplo de las adjudicaciones de obras. Durante muchos años, en Italia el contrato se lo llevaba aquella constructora que hiciera una oferta lo más cercana posible al cálculo que habían realizado en secreto los técnicos del ministerio, sin más. Basta una llamada de teléfono para cargarse el sistema, sin más; no es ni necesario justificar por qué alguien se ha llevado un contrato.

El problema, claro está, es quién redacta las leyes, y quién puede cambiarlas. En todos los casos, es quien se beneficia de ellas. Si un político se está haciendo de oro y pagándose el partido a base de arreglar un sistema de concurso tan patéticamente vulnerable, no estará demasiado dispuesto a cambiarlo, es evidente.

¿Cuál es el freno principal a la corrupción política? De lo dicho arriba se desprende que no es la vigilancia o leyes más duras, si no la competición electoral. El principal incentivo que un político tiene para mantener su honestidad es la posibilidad de perder las elecciones. Como mejor sea el mecanismo que traslade el cabreo del electorado a ser echado a patadas del gobierno, más incentivos para la honestidad tendrá la clase política, y más difícil que nadie acepte pagar comisiones. El control a los políticos es el elemento principal de una democracia también en este aspecto.

De aquí unos días, si todo va bien, escribiré varias propuestas sobre la financiación de los partidos. Ya explique mi idea preferida hará unos meses, para quien quiera echarle un vistazo. A todo ello, uno de los pocos países sin escándalos de financiación ilegal es Suecia. ¿El motivo? No tienen ley sobre la materia, asi que no hay nada que vulnerar.