Hay algo excepcionalmente absurdo en esta obsesión judicial con aplicar la ley de partidos de forma creativa, o más específicamente, hacer de hablar un delito. Parece que algunos se olvidan a conciencia (o trabajan duro para que el PP les nomine al CGPJ, vamos) que el Tribunal Supremo ha repetido una y otra vez que la ley de partidos ilegaliza organizaciones, no personas, así que hablar con ex-miembros de Batasuna no está prohibido.
Lo dijo el Supremo, pero es bueno repetirlo: a los gobiernos les controlan los parlamentos y votantes, no los jueces. Los tribunales hacen cumplir la ley, no ejercen un marcaje a los gobiernos; si un gobierno toma la decisión política de hablar con alguien es cosa del electorado decidir sobre la moralidad del asunto. El pleito contra Ibarretxe y compañía parte de la idea absurda que ilegalizar una organización crea una casta de intocables. Es como decir que debemos retirar la palabra a todo aquel que se ha saltado un semáforo en rojo.
La idea que hablar con alguien que había estado en un partido ilegalizado es desobediencia es absurda. La ley de partidos impone una prohibición sobre una organización a su existencia y a sus miembros a refundarla, no crea un vórtice de energía negativa que niega derechos a todo aquel que se acerca a la ruinas. La ley de partidos es, como todo para el PP estos días, otra arma arrojadiza que lanzar contra los enemigos reales o ficticios de España.
2 comentarios:
Amén... Pero házselo tú entender a algunos.
Ya me he metido en alguna discusión sin salida por esto y se me quitan las ganas de seguir intentando explicárselo a la gente. En fin...
Hay que ver la de gente que, ante semejante deterioro de la justicia, tan poco se acuerda de aquel famoso texto de Martin Niemöller.
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