Breves detalles migratorios

En LD, de todas partes, hablan de un estudio realizado por la oficina económica de la Moncloa sobre los beneficios de la inmigración. Los datos son muy positivos; los inmigrantes han producido un aumento de la mano de obra disponible que ha repercutido en el crecimiento y en el aumento de la renta por cápita de forma considerable.

Lo más interesante, en mi opinión, es su contribución al presupuesto público. Las diatribas antimigratorias hablan mucho de como los recién llegados sólo hacen que ir al hospital, usar nuestros médicos y arruinar todos los servicios sociales. Bien, resulta que de hecho los inmigrantes pagan más en impuestos (6,6% de la recaudación) de lo que reciben (5,4% del gasto), así que de hecho son ellos los que nos están pagando parte del chiringuito. Están en edad de trabajar, no tenemos que pagar su educación casi nunca, ya que llegan mayorcitos, y son igual de propensos que cualquier otra persona a ponerse enfermos. Incluso teniendo un nivel de ingresos menor que la media, ven menos dinero que los locales.

Lo que también resulta curioso es el considerable papel que tienen en la balanza de pagos con el exterior. Tradicionalmente en el capítulo de remesas al exterior España tenía un saldo positivo, al haber sido hasta hace relativamente poco un país de emigrantes. Eso acabó hace una década, cuando los inmigrantes empezaron a enviar dinero a sus familias en casa desde España; el año pasado 6.800 millones de euros, o dicho en otras palabras, casi un 10% del déficit exterior. Y eso són solo las transacciones oficiales, registradas; es posible que la cifra sea de hecho más alta.

Lo realmente impresionante es que esta cifra pone a España como el segundo país en números absolutos en remesas al exterior, sólo por detrás de Estados Unidos. Aún teniendo menos inmigrantes que muchos países de nuestro entorno, los llegados aquí tienen la capacidad de enviar más.

De tribunales, inmigrantes, y presidentes: miscelánea americana

La semana política en Estados Unidos ha venido muy cargadita, con una extraña mezcla de poder y debilidad presidencial impensables en un sistema político europeo. Lo cierto es que en mi opinión prácticamente todos los cambios han sido a peor, algo que no por habitual desde que vivo aquí (en serio, la política americana es desesperante) no deja de ser un poco deprimente. Repasemos las grandes decisiones por partes.

La (muerte de) la nueva ley de inmigración

He estado siguiendo los avatares de la reforma de la ley de inmigración de Estados Unidos, entre la esperanza de ver algo de racionalidad en el nuevo texto y la triste resignación al ver que no hay Dios que apruebe el texto. Los demócratas en el Senado intentaron esta semana resucitar el engendro, pero parece que no hay forma humana de sacarlo adelante. Demasiados vetos e intereses contrapuestos, a pesar de que la ley actual es considerada por todos un desastre sin paliativos; a nadie le gusta el status quo, sin embargo no hay votos suficientes para hacer ningún cambio. Triste.

Lo curioso del asunto es cómo uno de los motivos detrás del fracaso es del Presidente Bush, uno de los grandes promotores del texto. Una política en la que estoy de acuerdo con él, y se estrella en el Congreso; un clásico. El gran problema para el ejecutivo no es que la reforma sea buena o mala; lo peor para la ley es que el presidente la ha apoyado. Una multitud de Senadores republicanos han votado en contra, a pesar de los ruegos de la Casa Blanca, en parte porque ven la reforma como insuficientemente restrictiva, en parte porque para una parte importante de sus bases, Bush ya no es el político conservador de referencia; más bien lo contrario. Con la popularidad del tipo por debajo del 30% (y sin visos de subir), asociarse con él es como decir Bibi Andersen te parece atractiva; no te va a dar ni un sólo voto.

En fin, parece claro que esta administración no va a pasar ni una sóla ley remotamente relevante en lo que queda de mandato. Como político, Bush está poco menos que acabado.

Las sentencias del Tribunal Supremo

Aún así, algunas decisiones tomadas por el Presidente meses atrás le han dado más de una alegría estos días. Quizás no pueda pasar ni una ley que diga que los gatitos son oficialmente muy monos, pero sus nombramientos en el Supremo van acumulando un historial de (contra)reformas conservadoras mucho mayor que las que Bush nunca pudo conseguir. Una lista de cambios sólo esta semana, para abrir la boca.

Pactando precios:

Desde hacía 96 años, en Estados Unidos era ilegal que fabricantes y minoristas acordaran precios mínimos para sus productos. Para los consumidores con ganas de buscar gangas, esto parece un auténtico chollo, ya que siempre había alguna cadena que ofrecía ofertas muy agresivas para atraer tráfico a su establecimiento. Según el Supremo, esta ley en vigor durante 96 años resulta ser inconstitucional, para alegría de fabricantes y grandes comercios, y alivio de muchos estudiosos.

¿El argumento legal para este cambio? La sentencia dice que hay "consenso entre los economistas" que el cambio favorece la competencia y disminuye, cosa que es relativamente cierto, aparte de tremendamente contraintuitivo. Lo curioso, y lo menciona uno de los votos particulares, es que esto no es un argumento legal, con lo que la sentencia no deja de ser algo especial. El origen de este resultado es el hecho que los fabricantes se preocupan de su imagen de marca, y tienden a restringir ventas a distribuidores que revientan precios. Si los acuerdos son posibles, hay más puntos de venta, y de hecho mayor competencia.

Este efecto no se produce en todos los casos; es perfectamente posible que un control de precios sea anticompetivo. A partir de ahora, sin embargo, cada caso debe ser estudiado por separado, algo que no deja de ser una buena idea. ¿A que no sabiais que una decisión judicial puede provocar inflación? Pues mira, aquí teneis una. Un buen cambio, si los economistas aciertan en ello.

Cambios en la financiación de las campañas electorales:

El Supremo ha decidido que una provisión de la Feingold-McCain Act de financiación de las campañas que prohibía a personas jurídicas emitir publicidad sobre candidatos antes de las elecciones es inconstitucional. El motivo es que esta prohibición contradice la libertad de expresión de las empresas y grupos de interés bien financiados, obviamente. Los anuncios no podrán pedir el voto, pero sí decir que Egócrata tiene ideas maravillosas sobre energía nuclear (anuncio pagado por General Electric) o sobre infraestructuras (anuncio pagado por ACS), así que el matiz es ciertamente poco relevante.

En fin. Sí, la libertad de expresión es una cosa maravillosa, pero primero, no creo que sea algo que se puede aplicar de manera absoluta más allá de los individuos, y segundo, como ya he discutido extensamente, los partidos políticos y campañas son animales muy vulnerables a la tentación financiera electoral. No hace falta decir que este cambio favorece a los republicanos, por suspuesto.


Segregando colegios:

Este es el caso que más polvareda ha levantado en Estados Unidos, aunque en mi opinión es de lejos el menos relevante. El Supremo ha declarado inconstitucionales las regulaciones de varios distritos escolares que distribuían a los alumnos entre colegios siguiendo (entre otros) criterios de raza, tratando de asegurar la diversidad de cada centro y evitar la formación de guettos.

Ahora viene cuando me meto en un campo de minas. Si bien estoy de acuerdo que tener colegios totalmente monocolores y segregados es malo, creo que romper esta segregación a base de un mecanismo más o menos sofisticado de cuotas raciales por centro es absurdo. El motivo es que el problema no es que todas las minorías vayan al mismo colegio, ya que están concentradas en un mismo barrio y les toca ir a ese por defecto; el problema es que los chavales que van a colegios así tenderán a ser de familias de renta baja y con más problemas estructurales.

Con los colegios en Estados Unidos financiados sobretodo por los gobiernos locales, es fácil entender por qué es malo tener estas bolsas de pobreza. Como comentaba no hace mucho, sin colegios decentes y ambientes propicios no hay forma humana de garantizar la igualdad de oportunidades; sin embargo, la gran barrera no es que uno sea negro o latino, la barrera es que uno es pobre.

El cambio de opinión del Supremo puede que provoque cambios legales en esta dirección, aunque la verdad, con un debate sobre relaciones raciales tan torpe como el que se vive en Estados Unidos, no creo que sirva de mucho. Espero, eso sí, que los jueces no sigan demasiado en este sentido; el racismo sigue existiendo en América, y recortar leyes contra la discriminación sería un tremendo error en muchos casos.

A todo esto, me parece muy divertido que todos esos analistas conservadores que se quejaban del "activismo judicial" de "jueces liberales" estén tan calladitos. Será que es sólo activismo si lo hacen otros, como de costumbre.

Inmigración o la eterna solución imperfecta

En política hay básicamente dos clases de problemas. Por un lado tenemos los fáciles; son aquellos problemas que tienen una solución más o menos complicada, pero que si se aplica sabemos que el resultado será algo mejor de lo que tenemos ahora. Por otro lado, tenemos los problemas difíciles de veras. Son aquellos que tienen muchas soluciones, todas caras, y ninguna tiene un resultado que sea claramente mejor que los otros, ya que siempre hay alguien que sale perjudicado.

Inmigración, como acaban de descubrir muchos políticos americanos estos días, es un ejemplo bien claro.

El punto de partida en Estados Unidos, como en España, es el de una legislación que básicamente no funciona. Casi todo el sistema de inmigración americano chirría dolorosamente, desde una USCIS (el departamento que tramita el papeleo de los pobres foraneos) más preocupada en recaudar tanto dinero a golpe de tasas como sea posible, a unas leyes totalmente bizarras que hacen mucho más sencillo y barato vivir ilegalmente en el país que "disfrutar" del papeleo para regularizarse.

El ejemplo más sangrante es la maldita USCIS y su curiosa forma de financiación. El Congreso, en su infinita sabiduria, decidió en los ochenta que si uno quiere vivir en el país tiene que pagarse el papeleo, así que que decidió que la agencia de inmigración debía financiarse ella solita a base de tasas. El resultado, veinte años después, es que para una tarjeta de residencia uno acabará pagando como mínimo $1.200 sin utilizar un abogado, y sobre unos $2.000 si quiere que le ofrezcan "premium processing" (sí, una agencia que ofrece un servicio más caro para acelerar tu papeleo. Ni en Italia). Todo para una espera que puede llegar a tres años. Y oiga, que en unas semanitas van a triplicar los precios.

Mientras uno espera que le den la tarjetita, por cierto, en teoría no está legalmente autorizado para trabajar. Si quiere un permiso temporal (que le concederán, con suerte, en tres meses) debe pasar por caja y pagar otros $300. Clásico. Después los políticos van por el mundo preguntándose por qué hay de doce a veinte millones de ilegales. Pues mira, aquí tienen una de las razones.

Más allá de burocracias espantosamente ineficaces, el problema con las leyes de inmigración es que incluso con una maquinaria estatal bien engrasada (y que en esta comparación eso implique estar refiriéndome a la española ya lo dice todo) la cosa sigue sin dar un resultado aceptable.

Hablemos de dos escenarios extremos hipotéticos, el de una política de fronteras cerradas y cero inmigrantes, y el de una política de puertas abiertas. Si el primer escenario fuera posible de implementar, una situación de este estilo genera problemas graves. El primero, y más claro, los enormes costes de poner esta política en funcionamiento. Hacer las fronteras totalmente impermeables es complicado. Lo más grave, sin embargo, es la enorme barrera burocrática que se añade a la economía en muchísimos sectores, caso del turismo (¡visite Korea del Norte!), inversión exterior o incluso el más humilde congreso de cardiología que uno puede tener en mente.

Por añadido, una política excesivamente restrictiva crearía un problema grave a la economía, especialmente en los sectores donde la mano de obra es escasa. La agricultura, turismo y construcción se estrellarían espectacularmente, víctimas de unos costes incontrolables. No estaríamos hablando, sin embargo, sólo de puestos no cualificados; la investigación en las universidades americanas sería mucho menos potente, al igual que muchos sectores de alta tecnología donde el país ha estado importando ingenieros a mansalva.

Un país con fronteras totalmente abiertas tendría probablemente los problemas opuestos. Los costes burocráticos de un arreglo así serían cero, pero el enorme incremento en la oferta de mano de obra provocaría una caída en picado de los salarios. Mal que nos pese, la inmigración tiende a frenar el aumento de ingresos de los trabajadores, especialmente en los sectores donde los inmigrantes se concentran. Desde el punto de vista redistributivo la inmigración sigue siendo positiva, pero lo es básicamente para los recién llegados, que ven como sus ingresos aumentan muchísimo en comparación a sus países de origen.

Si situamos la política migratoria en un nivel intermedio como intentan hacer la mayoría de países, nos enfrentamos a otros problemas. Por un lado, estamos dañando los salarios de los locales a cambio de asegurar que la economía no se ahogue por falta de recursos. Por otro lado, debemos asegurar que los inmigrantes estén en el país legalmente, primero para que paguen impuestos, y segundo para poder tener cierto control sobre cuántos queremos. Además, queremos asegurar que los nuevos se asimilan a la cultura local relativamente rápido, evitando la formación de guetos y conflictos sociales graves.

Estaremos por tanto buscando siempre un equilibrio. Si nos pasamos en nivel de control en la entrada, es muy probable que el libre mercado nos dé una lección y nos aumente el número de ilegales. Si somos demasiado duros con los ilegales (o incluso con los legales), poniéndoles las cosas difíciles para conseguir empleo o regularizarse, podemos provocar la formación de comunidades marginales o bolsas de pobreza viviendo únicamente de la economía submergida o el crimen. Si somos demasiado laxos, perjudicamos a nuestros votantes de mala manera, y así sucesivamente. No importa lo que hagamos, cualquier política tendrá costes para alguien, afectará la cohesión social de algún modo, y dejará a buen seguro un montón de gente cabreada.

¿Cómo es la reforma de inmigración que está tratando de sobrevivir a la desesperada en el Congreso? La verdad, es uno de estos feos consensos diseñados en comité que no acaban de gustar a nadie. Esta vez, sin embargo, el hecho que la ley sea un mamotreto que disgusta tanto a derecha como izquierda no deja de ser una noticia razonablemente buena. El diseño básico sigue en líneas generales las ideas de Bush (es una de las pocas cosas en las que el presidente no dice estupideces, dicho sea de paso), centrándose en hacer la entrada de foraneos razonablemente difícil, pero dando a quien está ilegal dentro del país una oportunidad decente de regularizar su situación. ,

La idea básica es bastante simple: entrar debe ser complicado, para evitar una entrada excesiva de inmigrantes, pero trabajar una vez dentro debe ser relativamente sencillo, para asegurar que los que entran son asimilados y no se quedan encallados en un rincón oscuro de la sociedad. Es el modelo que Estados Unidos ha aplicado desde siempre con un éxito notable. Cada veinte años se retoca la ley, adaptándola a los nuevos tiempos, y cada veinte años se escuchan los mismos gritos de desacuerdo desde los mismo sitios. La reforma pasará, a trancas y barrancas, tarde o temprano, con algunos ligeros cambios, para reemerger dentro de un par de décadas cuando el número de ilegales vuelva a salirse de madre.

Un par de comentarios para terminar. Cuando digo que la ley es un mamotreto, lo digo en serio; la criatura ocupa 628 páginas, tiene más de 700 secciones y es de un aburrido espantoso, aparte de añadir una cantidad de papeleo adicional y tasas variadas delirante. La extensión se deriva en parte del hecho que los americanos no usan la distinción entre ley y reglamentos que se usa en España, pero aún así lo chungo para legalizarse va a ser entender lo que dice el engendro, no otra cosa.

Hablando de España, la política de inmigración seguida por los gobiernos del PP y del PSOE ha sido muy parecida a la americana; más por pura potra que no por otra cosa. No es que sea maravillosa, pero es bastante razonable. Lo digo a menudo, pero los políticos españoles tienden a hacer las cosas bien.