El constante ruido autonómico

Siempre que pensamos sobre los dos o tres grandes temas que parecen volver de forma eterna a primera plana en política española, uno no puede evitar mencionar el debate autonómico. En España se habla, y mucho, de geografía, y del eterno conflicto entre las regiones que creen pagar demasiado y las que se quejan que no reciben bastante. De siempre este debate ha sido visto con cierta consternación por no poca gente en la izquierda, que se lamenta que con todo lo que está cayendo siempre acabamos de hablando de catalanes.

Lo cierto es que si bien a veces el debate se hace un poco cansino, lo cierto es que tiene poco de inusual, y de hecho no tiene nada de irrelevante. Las discusiones sobre qué región paga qué y dónde van los impuestos en estados más o menos descentralizados no tienen nada de excepcional, y de hecho son bastante comunes fuera de España. Estos días, sin ir más lejos, ando trabajando en desfacer el entuerto que es la financiación municipal en Connecticut.

La explicación sonará muy familiar. Las competencias en educación en Estados Unidos no son federales ni estatales. Están en manos de los municipios. Y cuando se dice están en manos de las autoridades locales, esto es totalmente literal: los temarios de los colegios de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, pueden ser completamente diferentes; los colegios pueden empezar en días totalmente distintos; y los sueldos, preparación y profesionalismo de los profesores pueden variar entre distritos escolares hasta niveles ridículos.

Como todo en Estados Unidos, el gobierno que hace el gasto es responsable de recaudar el dinero que necesita, así que cada ciudad y cada pueblo se tiene que preocupar de buscar fondos. Dentro de Connecticut, los municipios tienen básicamente una única herramienta fiscal, el impuesto sobre la propiedad, así que cada uno pone el nivel que quiere y se paga el colegio que sus votantes le dejan. Esto suena muy bien, en principio, pero choca con el pequeño problema que las ciudades y pueblos de Connecticut son bastante heterogéneos. De hecho, las diferencias entre el nivel de renta entre municipios en el estado hacen que Brasil parezca Suecia: la renta por cápita va de los $16.000 de Bridgeport hasta los casi $180.000 (¡de media! ¡incluyendo niños y viejos!) de New Canaan.

Ahora imaginad la diferencia entre distritos escolares. El alcalde de New Canaan tiene un pueblo en que el precio medio de la vivienda está por encima del millón de dólares (¡de media!); en Bridgeport, el problema es la enorme cantidad de fábricas abandonadas y solares vacios que rodean las pobres, tristes casas en muchos barrios. El primero puede poner un impuesto sobre propiedad ridículamente bajo (un pequeño porcentaje del valor de la casa) y pagar un sistema educativo con letrinas de oro macizo; el segundo, por mucho que cobre, tendra una miseria de ingresos y una mierda de sistema educativo. Si le añadimos que Bridgeport tiene más inmigrantes, más familias desestructuradas y más niños problemáticos ya de origen, no hace falta que diga que el desequilibrio es horripilante.

Más allá de los problemas educativos, el sistema fiscal crea unos incentivos perversos sencillamente atroces. El sueño dorado de cualquier alcalde es tener pocas casas, todas caras, todas enormes, dando servicio a pocos críos. Si un pueblo tiene espacio libre en cualquier sitio (espacio que no esté horriblemente contaminado, como muchos solares en Bridgeport), la tentación será dividirlo en parcelas de dos o tres acres, limitar el número de casas pequeñas y baratas a golpe de ordenanza municipal, y llenar todo el estado de suburbios extensos, gigantes y horrorosamente ineficientes, vaciando aún más las ciudades que no tienen espacio libre.

Evidentemente, las ciudades están locas por cambiar este sistema de financiación; New Canaan, Greenwich, Norwalk y todos los pueblos llenos a rebosar de ricachones no; es obvio que tienen muchísimo que perder. Si bien hay algunos mecanismos (muy limitados) de relativa redistribución (el estado "ayuda" a las ciudades pobres, aunque nunca da lo que promete), el conflicto está siempre ahí, latente, haciendo la vida imposible a medio estado.

Sí, los impuestos los pagan las personas. El problema es que los gobiernos no son unipersonales; podemos recaudar uno a uno, pero el gasto lo tenemos que gestionar en bloques. Sea por región, sea por municipio, sea por estado, pero el dinero tiene que pasar por algún sitio antes que un servicio sea prestado. Si creemos que descentralizar es bueno, y que el hecho que los gestores de estos servicios sean cercanos a los votantes es importante, el dilema sobre cómo repartir el dinero es imposible de evitar. Si no descentralizamos, el problema no desaparece: el estado central seguirá teniendo que decidir dónde construir autopistas, hospitales y aeropuertos. El problema será no cuánto dinero recibe cada autonomía, sino qué distrito electoral dá más votos y "merecerá" más atención del político de turno.

La política, reducida a la más mínima expresión, es una decisión sobre el reparto de recursos; de hecho, si se reparte o no. No importa cómo descentralices y como repartas, la discusión siempre estará ahí, organices como organices el estado. En España no nos "libraremos" del debate autonómico porque de hecho, no deja de ser lo más esencial, básico de lo que es política. Sea bienvenido.