Servicios, liberalizaciones, y otros espantajos de la izquierda

Entre la variada fauna de molinos de viento políticos que cierta izquierda gusta de atacar, la directiva Bolkestein es probablemente uno de los más equivocados. Será porque el nombre suena maligno o porque la gente de ATAC y franceses aledaños les ha dado por cargar contra el blanco equivocado, pero el proyecto en cuestión ha generado una oposición bastante radical. Los ataques contra la directiva son, en su mayoría, una ristra de topicazos antiglobalización que no vienen a cuento, mostrando que también en la izquierda hay demasiados que no se molestan en leer antes de criticar.

Primero, ¿en qué consiste la directiva Bolkestein? Es una legislación que pretende liberalizar el mercado de servicios en la Unión Europea. Tan simple como eso. El primer problema de muchos es que creen que "liberalizar" es lo mismo que "privatizar", y como "privatizar" es algo malvado (que no siempre lo es; más sobre el tema luego), entonces la directiva es una horrible afrenta contra todo lo social y bonito del continente.

Pues mira, no. Primero, liberalizar en una directiva consiste en permitir competencia a nivel europeo, no privatizar nada. Lo que la legislación hace es permitir que una empresa de servicios de un país de la Unión puede ofrecerlos en cualquier otro estado miembro, sin tener que volverse loco obteniendo licencias, autorizaciones o gaitas que cada legislación nacional exija. Del mismo modo que uno puede fabricar un coche y llevarlo a cualquier país de la Unión sin tener que preocuparse si la fábrica estaba bien ventilada o no, lo que se pretende es que uno pueda vender seguros en todo el continente, sin tener que marearse pidiendo licencias.

Por añadido, en caso que una administración pública quiera contratar un servicio (limpieza de calles, pongamos por caso), cualquier empresa de la Unión podría presentarse al concurso, sin tener que crear una filial y pasar por infinidad de aros jurídicos. Más gente compitiendo por un contrato siempre es bueno, ya que el precio bajaría, saliendo la administración favorecida.

¿Suena esto demasiado malvado? La gran bestia negra de los sindicatos era la llamada "cláusula del país de origen", que hacía que la legislación que una empresa seguía era la de su lugar de procedencia. El temor era que los países con una legislación laboral menos restrictiva se pondrían las botas exportando servicios, del mismo modo que lo hacen fabricando coches, erosionando la protección social. Si bien el argumento no me convence (ahora mismo basta con que se cobre de la empresa matriz, y no la filial para que pase lo mismo, y nadie se muere), la directiva ha sido corregida para que la legislación laboral sea la del país de destino. Para acabar de atontar el texto, se han puesto absurdos límites en qué no se liberaliza (¿qué hace la sanidad distinta?), debilitando más los efectos positivos de la legislación.

Porque sí, esta legislación tiene efectos positivos netos sobre la economía y los ciudadanos de a pie en forma de más eficiencia y mejores precios. En un mercado, hay dos cosas que pueden bajar los precios de un producto, bajar la demanda o subir la oferta. Como no podemos dedicarnos a matar viejecitos para bajar la demanda de servicios sanitarios, siempre nos queda aumentar la oferta. La directiva Bolkestein lo único que pretende es eso; que todo empresario con ganas de ofrecer un servicio y que lo pueda hacer a mejor precio que nadie, pueda dar este servicio en toda la Unión sin trabas.

Si una empresa de limpieza portuguesa ha patentado un sistema milagroso que permite dejar una ciudad reluciente usando dos operarios y una máquina que pita, ahora mismo no puede limpiar nada fuera de Portugal sin registrarse como negocio en otros sitios. Eso es magnífico para los empresarios de la limpieza de calles en Badajoz, que pueden seguir cobrando al ayuntamiento el mismo precio antiguo por algo que el sagaz portugués hace sólo con dos trabajadores. Para los contribuyentes de Badajoz, sin embargo, gastarse cuatro veces más dinero de sus impuestos en algo inútil es ligeramente injusto. Con los servicios liberalizados, sin embargo, cualquier empresa de la Unión podría cruzar la frontera, ir al alcalde, y decir que con una cuarta parte de lo que paga hace el mismo trabajo.

Debemos empezar a quitarnos de la cabeza la idea que las restricciones a la competencia favorecen a los trabajadores y gente de a pie, y no a los empresarios. Poner barreras a la entrada sólo favorece a los que ya están haciendo dinero, no a los que están comprándoles ese servicio. El hecho que una empresa checa gestione un hospital concertado a igual calidad y mejor precio no hace que los niños sean menos libres o el sistema menos justo. Lo único que hace es que la autonomía se gaste menos, la sanidad siga siendo gratuita, y el acceso al servicio público sea el mismo.

Lo que debe preocuparnos es que los servicios sean universales, gratuitos y financiados de manera equitativa de nuestros impuestos, si queremos igualdad. Que los presten funcionarios, el frente de liberación de los gnomos del jardín o una empresa francesa es irrelevante a efectos de redistribución. Lo no queremos es que se desperdicie dinero prestándolos.