Política y la ley de la gravedad

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan algunos políticos es la lucha contra la ley de la gravedad. Sencillamente, hay gente que está en contra de esta ley. Bien sea porque caer no les gusta, contradice alguno de sus principios o porque algún malvado terrorista defiende y respeta la gravedad, algunos idealistas trabajan por su abolición. No a la atracción mecánica de los cuerpos. Por una teoría de la caida inteligente. Debemos abolir esta ley injusta.

¿Suena absurdo, verdad? La verdad es que no lo es tanto. La primera tarea de cualquier persona que esté diseñando una política pública (o la ausencia de esta; confiar en el mercado es también política) es tener una idea clara sobre cómo es la realidad. Es tentación de muchos, tanto en la izquierda como en la derecha, de confundir realidad con deseo, sugeriendo programas y proyectos basados en preconcepciones y prejuicios antes que en un conocimiento detallado del mundo.

Desde la derecha y el liberalismo, la preconcepción más generalizada es la de la eficiencia absoluta de los mercados. Como toda idea erronea, tiene una base importante de realidad (los mercados sí son eficientes casi siempre) pero excluye elementos importantes. Los mercados pueden tener problemas. Es más, en muchas ocasiones sólo pueden funcionar cuando alguien vigila que estos cumplan algunas condiciones imprescindibles, como información (casi) perfecta, costes de transacción limitados y capacidad de hacer cumplir contratos rápidamente.

Ejemplos de mercados fallidos o que necesitan cuidados intensivos hay muchos y variados. Recientemente hablada de Enron, un ejemplo claro de mercado de capitales parcialmente fuera de control; mucho más cercano tenemos el fraude de Afinsa recordándonos por qué sin información el mecanismo no funciona. El desastre que es el sistema sanitario en Estados Unidos es otro ejemplo claro de un mercado incapaz de ser eficiente, por más que se trate de aumentar la competencia.

En ocasiones, los costes de una empresa no son pagados por esta, sino que son lanzados contra otros, rompiendo con los mecanismos de asignación eficiente de recursos al hacer un bien artificialmente barato. Los economistas lo llaman externalidades, y reconocen que en muchas ocasiones sólo se pueden arreglar mediante intervención estatal. Desde la contaminación atmosférica al nivel de crimen o la eficiencia del transporte en las ciudades, pasando por dónde se establecen las empresas, el regular o no un sector de la economía puede producir efectos contraproducentes (y muy caros) en otros lugares.

En general, cuando los mercados tienen problemas para distribuir información o para asignar costes, la eficiencia de estos se resiente. Más allá de la equidad o igualdad producida por los mercados (eso para más adelante), es necesario ser consciente que su funcionamiento es mucho menos automático de lo que parece, requiriendo una serie de instituciones y mecanismos no necesariamente sencillos.

La izquierda, mientras tanto, tiene el problema de creer que la intervención en los mercados es siempre relativamente sencilla, y que es posible arreglar cualquier injusticia a base de utilizar legislación. Del mismo modo que dejar los mercados solitos puede tener costes, entrar como un tanque para desfacer entuertos puede crear más problemas que soluciones.

Lo que un político debe tener siempre en mente es que nada sale gratis, y cualquier legislación dirigida a arreglar problemas puede tener sus costes. El ejemplo más claro es el mercado de trabajo. Como todo, una hora trabajada tiene un precio, un determinado salario. Cuando hay mucha gente ofreciendo el producto (queriendo trabajar) el precio de este baja; cuando hay poca gente vendiendo el producto y muchos compradores (el paro es bajo y la economía crece) el precio sube. Los salarios, mal que nos pese, siguen el nivel de paro; si queremos que los salarios suban, se debe aumentar el empleo.

Cuando en el mercado laboral se obliga a quien tiene un contrato tenga indemnizaciones y protección contra el despido, lo que se está haciendo es hacer ese contrato más caro. Cuando en un mercado el bien ofrecido (hora trabajada) sube de precio, la demanda por este bien baja, ya que los compradores trataran de buscar alternativas a mejor precio (maquinaria) o se irán con la fábrica a otra parte. Tratar de subir los salarios por ley, a base de aumentar las protecciones (que son un coste adicional) no crea empleo, sólo lo encarece. Por mucho que pretendamos que los empresarios deban recortar sus beneficios para emplear más gente, esto no sucederá nunca, así que las regulaciones sólo harán que aumentar el nivel de desempleo. Los dos mercados de trabajo en España son un ejemplo de ello.

El prejuicio contra el libre mercado genera otro de las aficiones de la izquierda, un irracional apego al proteccionismo. Sean productos agrícolas o sean servicios, se ignoran los costes derivados de proteger ciertos sectores creados por una política restrictiva.

Todo esto, sin embargo, no debe llevar a olvidarnos que las decisiones políticas sobre qué tipo de sociedad queremos tener sí tienen efectos reales. Los diversos tipos de estado del bienestar y sus efectos crean condiciones radicalmente distintas para los ciudadanos. Aún cuando no producen a efectos prácticos niveles de riqueza demasiado distintos (si uno tiene en cuenta el PIB por hora trabajada) los niveles de igualdad, oportunidades y redistribución de cada uno de ellos son muy distintos.

El principal problema al que se enfrenta un político es evitar que sus fines escojan los medios con los que trabaja, o que la alergia a determinados medios le impida llegar a sus fines. La izquierda debe tener claro dónde quiere llegar, no cómo. La realidad nos limita los medios; no debemos dejar que la teoría nos los imponga.