Inmigración o la eterna solución imperfecta

En política hay básicamente dos clases de problemas. Por un lado tenemos los fáciles; son aquellos problemas que tienen una solución más o menos complicada, pero que si se aplica sabemos que el resultado será algo mejor de lo que tenemos ahora. Por otro lado, tenemos los problemas difíciles de veras. Son aquellos que tienen muchas soluciones, todas caras, y ninguna tiene un resultado que sea claramente mejor que los otros, ya que siempre hay alguien que sale perjudicado.

Inmigración, como acaban de descubrir muchos políticos americanos estos días, es un ejemplo bien claro.

El punto de partida en Estados Unidos, como en España, es el de una legislación que básicamente no funciona. Casi todo el sistema de inmigración americano chirría dolorosamente, desde una USCIS (el departamento que tramita el papeleo de los pobres foraneos) más preocupada en recaudar tanto dinero a golpe de tasas como sea posible, a unas leyes totalmente bizarras que hacen mucho más sencillo y barato vivir ilegalmente en el país que "disfrutar" del papeleo para regularizarse.

El ejemplo más sangrante es la maldita USCIS y su curiosa forma de financiación. El Congreso, en su infinita sabiduria, decidió en los ochenta que si uno quiere vivir en el país tiene que pagarse el papeleo, así que que decidió que la agencia de inmigración debía financiarse ella solita a base de tasas. El resultado, veinte años después, es que para una tarjeta de residencia uno acabará pagando como mínimo $1.200 sin utilizar un abogado, y sobre unos $2.000 si quiere que le ofrezcan "premium processing" (sí, una agencia que ofrece un servicio más caro para acelerar tu papeleo. Ni en Italia). Todo para una espera que puede llegar a tres años. Y oiga, que en unas semanitas van a triplicar los precios.

Mientras uno espera que le den la tarjetita, por cierto, en teoría no está legalmente autorizado para trabajar. Si quiere un permiso temporal (que le concederán, con suerte, en tres meses) debe pasar por caja y pagar otros $300. Clásico. Después los políticos van por el mundo preguntándose por qué hay de doce a veinte millones de ilegales. Pues mira, aquí tienen una de las razones.

Más allá de burocracias espantosamente ineficaces, el problema con las leyes de inmigración es que incluso con una maquinaria estatal bien engrasada (y que en esta comparación eso implique estar refiriéndome a la española ya lo dice todo) la cosa sigue sin dar un resultado aceptable.

Hablemos de dos escenarios extremos hipotéticos, el de una política de fronteras cerradas y cero inmigrantes, y el de una política de puertas abiertas. Si el primer escenario fuera posible de implementar, una situación de este estilo genera problemas graves. El primero, y más claro, los enormes costes de poner esta política en funcionamiento. Hacer las fronteras totalmente impermeables es complicado. Lo más grave, sin embargo, es la enorme barrera burocrática que se añade a la economía en muchísimos sectores, caso del turismo (¡visite Korea del Norte!), inversión exterior o incluso el más humilde congreso de cardiología que uno puede tener en mente.

Por añadido, una política excesivamente restrictiva crearía un problema grave a la economía, especialmente en los sectores donde la mano de obra es escasa. La agricultura, turismo y construcción se estrellarían espectacularmente, víctimas de unos costes incontrolables. No estaríamos hablando, sin embargo, sólo de puestos no cualificados; la investigación en las universidades americanas sería mucho menos potente, al igual que muchos sectores de alta tecnología donde el país ha estado importando ingenieros a mansalva.

Un país con fronteras totalmente abiertas tendría probablemente los problemas opuestos. Los costes burocráticos de un arreglo así serían cero, pero el enorme incremento en la oferta de mano de obra provocaría una caída en picado de los salarios. Mal que nos pese, la inmigración tiende a frenar el aumento de ingresos de los trabajadores, especialmente en los sectores donde los inmigrantes se concentran. Desde el punto de vista redistributivo la inmigración sigue siendo positiva, pero lo es básicamente para los recién llegados, que ven como sus ingresos aumentan muchísimo en comparación a sus países de origen.

Si situamos la política migratoria en un nivel intermedio como intentan hacer la mayoría de países, nos enfrentamos a otros problemas. Por un lado, estamos dañando los salarios de los locales a cambio de asegurar que la economía no se ahogue por falta de recursos. Por otro lado, debemos asegurar que los inmigrantes estén en el país legalmente, primero para que paguen impuestos, y segundo para poder tener cierto control sobre cuántos queremos. Además, queremos asegurar que los nuevos se asimilan a la cultura local relativamente rápido, evitando la formación de guetos y conflictos sociales graves.

Estaremos por tanto buscando siempre un equilibrio. Si nos pasamos en nivel de control en la entrada, es muy probable que el libre mercado nos dé una lección y nos aumente el número de ilegales. Si somos demasiado duros con los ilegales (o incluso con los legales), poniéndoles las cosas difíciles para conseguir empleo o regularizarse, podemos provocar la formación de comunidades marginales o bolsas de pobreza viviendo únicamente de la economía submergida o el crimen. Si somos demasiado laxos, perjudicamos a nuestros votantes de mala manera, y así sucesivamente. No importa lo que hagamos, cualquier política tendrá costes para alguien, afectará la cohesión social de algún modo, y dejará a buen seguro un montón de gente cabreada.

¿Cómo es la reforma de inmigración que está tratando de sobrevivir a la desesperada en el Congreso? La verdad, es uno de estos feos consensos diseñados en comité que no acaban de gustar a nadie. Esta vez, sin embargo, el hecho que la ley sea un mamotreto que disgusta tanto a derecha como izquierda no deja de ser una noticia razonablemente buena. El diseño básico sigue en líneas generales las ideas de Bush (es una de las pocas cosas en las que el presidente no dice estupideces, dicho sea de paso), centrándose en hacer la entrada de foraneos razonablemente difícil, pero dando a quien está ilegal dentro del país una oportunidad decente de regularizar su situación. ,

La idea básica es bastante simple: entrar debe ser complicado, para evitar una entrada excesiva de inmigrantes, pero trabajar una vez dentro debe ser relativamente sencillo, para asegurar que los que entran son asimilados y no se quedan encallados en un rincón oscuro de la sociedad. Es el modelo que Estados Unidos ha aplicado desde siempre con un éxito notable. Cada veinte años se retoca la ley, adaptándola a los nuevos tiempos, y cada veinte años se escuchan los mismos gritos de desacuerdo desde los mismo sitios. La reforma pasará, a trancas y barrancas, tarde o temprano, con algunos ligeros cambios, para reemerger dentro de un par de décadas cuando el número de ilegales vuelva a salirse de madre.

Un par de comentarios para terminar. Cuando digo que la ley es un mamotreto, lo digo en serio; la criatura ocupa 628 páginas, tiene más de 700 secciones y es de un aburrido espantoso, aparte de añadir una cantidad de papeleo adicional y tasas variadas delirante. La extensión se deriva en parte del hecho que los americanos no usan la distinción entre ley y reglamentos que se usa en España, pero aún así lo chungo para legalizarse va a ser entender lo que dice el engendro, no otra cosa.

Hablando de España, la política de inmigración seguida por los gobiernos del PP y del PSOE ha sido muy parecida a la americana; más por pura potra que no por otra cosa. No es que sea maravillosa, pero es bastante razonable. Lo digo a menudo, pero los políticos españoles tienden a hacer las cosas bien.