No son cesiones lo que las autonomías necesitan...

El gobierno ofrecía ayer el 80% de la recaudación del IRPF a las autonomías para el nuevo modelo de financiación autonómica. Aunque suena muy jugoso en teoría, a la práctica no es lo que conviene al sistema. Tampoco es una buena idea la idea de CiU que Cataluña recaude el 100% de los impuestos y pase a Madrid un tanto, por cierto. Lo que necesita el sistema es de hecho más capacidad normativa para todo el mundo.

Me explico. Es casi irrelevante que la Generalitat o la Comunidad Autónoma de Madrid recauden todos los tributos con una agencia tributaria propia, si resulta que siguen sin decidir qué nivel de impuestos recaudan. El 80% del IRPF puede ir a las autonomías, pero si estas no deciden sobre la estructura de la declaración de la renta, no arreglamos nada. El problema de la financiación autonómica no es tanto la falta de recursos de las comunidades como su falta de capacidad para decidir cuanto pueden gastar.

Ahora mismo, Cataluña paga menos impuestos de los que le gustaría pagar; es probable que Madrid esté pagando más de lo que su gobierno regional quiere. La Generalitat quiere dar más servicios sociales a sus ciudadanos, pero no puede subir los impuestos para hacerlo. Si quiere gastar más dinero, su única opción (o casi la única) es ir al congreso a pedir un nuevo sistema de financiación. Madrid, en cambio, tiene como presidenta a una liberal que preferiría destinar más dinero a escuelas concertadas y menos a públicas, ahorrando dinero y pudiendo bajar un poco los impuestos. Sin embargo, no puede hacerlo más que en algunos tributos menores que no notan más que unos pocos, como el impuesto de sucesiones.

¿Cómo deberían funcionar las cosas? Dicho en pocas palabras, sálvese quien pueda. Es decir, cada administración recauda lo que quiera para pagarse lo suyo. Las comunidades tendrían sólo listas de competencias que pueden ejercer, y legislación estatal básica sobre los servicios mínimos comunes que están obligadas a prestar. El estado central tiene su lista de competencias exclusivas, y un fondo de compensación interterritorial para asegurar que todas la comunidades pueden pagar los servicios que las cortes obligan a dar con sus leyes básicas. A partir de aquí, cada uno recauda como quiere. Si la comunidad autónoma de Poldavia cree que el mejor modo de pagar los servicios sanitarios adicionales que presta es mediante un impuesto sobre los bolígrafos y plumillas, allá ellos y sus ideas fiscales. Si prefieren añadir un bonito recargo poldavo al IRPF, pues también pueden hacerlo. Como si quieren subir el IVA, oiga.

Esto no vulnera el artículo 157 de la constitución (que no limita apenas el sistema de financiación), y haría el sistema mucho más claro, aparte de obligar a todos los políticos a dejar muy claro qué pagan ellos, y de dónde sacan el dinero para pagarlo. También aseguraría la solidaridad, ya que sería el estado el que estaría pagando por lo que la mayoría de todos los votantes apoyan en las cortes. Más allá de eso, permitiría a las comunidades tener una estructura fiscal y un gasto público más acorde con sus necesidades. Andalucia o Galicia ganarían mucho si pudieran reducir el impuesto de sociedades, por ejemplo, algo que no necesitan en Madrid o Cataluña especialmente, ya que en esas comunidades lo que se necesita es más inversión en infraestructuras que otra cosa, para evitar que cuellos de botella estrangulen el crecimiento.

¿Qué pinta tendría una declaración de la renta con un sistema así? Pues sería algo más larga, sin ser mucho más compleja. Por una lado el estado estaría cobrando lo que cree conveniente para hacer su trabajo y garantizar la igualdad de servicios mínimos; un par de hojas con lo que el estado recauda y lo que pide para equilibrar regiones. Tras eso, su amable gobierno autonómico pondría otro par de páginas cobrando lo que el estado no cubre porque usted, votante, nos pidió que ofreciéramos, más unas gotitas de recaudación para hacer otra línea de metro. No es tan difícil.