De la financiación de los partidos (II): subvenciones

Continuación del artículo de ayer sobre financiación de los partidos políticos.

La vía de financiación de los partidos políticos más generalizada en las democracias parlamentarias son las subvenciones directas por parte del estado. En practicamente toda Europa continental, los partidos dependen básicamente del presupuesto público para pagar sus gastos; el porcentaje en la mayoría de los casos probablemente (no hay datos firmes; más sobre esto luego) está sobre un 70% de su presupuesto.

La idea detrás de este sistema es que los partidos, por su papel central en la representación política, necesitan ser independientes, y esa independecia sólo es posible garantizarla si no dependen de otros actores interesados para financiarse. Para evitar en la medida de lo posible los abusos creados por la dependencia en contribuciones privadas, el estado garantiza que las organizaciones que representan a los ciudadanos tengan recursos propios, limitando las donaciones a los partidos.

Si bien la teoría es muy bonita, la cruda realidad es bastante distinta. Para empezar, el mecanismo de asignación de subvenciones acostumbra a ser un desastre. Dado que son los políticos que están en el poder los que deciden quién recibe el dinero, la mayoría de leyes de financiación tienden a favorecer de manera desproporcionada a los políticos que están en el parlamento. Esto produce que cualquier disfuncionalidad en la representación política se vea reforzada aún más mediante la asignación de recursos.

Los resultados son a menudo surrealistas. Para empezar, no producen necesariamente una restricción a la entrada de partidos nuevos; si los partidos son débiles, propensos a escisiones y con pocos militantes, los políticos tienden a crear leyes que les permitan largarse y montar un nuevo chiringuito con una facilidad pasmosa. El caso más evidente es Francia, donde basta presentar 75 candidatos a diputado (en una cámara con más de 500) para recibir dinero. Un alcalde / ministro (cargos alegremente acumulados en el país) algo popular, con bastantes amigos y sin demasiadas manías puede hacerle la competencia a su ex-jefe casi sin problema. Si alguien se preguntaba porque hay tantos partidos trostkystas en Francia (y una sobrepoblación de candidatos), aquí teneis una pista.

Si los partidos en cambio son cerrados y disciplinados, la ley de financiación si primarán a los existentes sobre cualquier partido nuevo. Este es el caso de España, Alemania o Austria, donde las barreras a la entrada para recien llegados son altas y sólidas.

El segundo problema de la dependencia en subvenciones es la enorme capacidad de gasto de los partidos, y su propensión a subirse el límite de la tarjeta cuando empiezan a ir cortos de dinero. Cualquier intento de limitar el gasto electoral ha acabado con los partidos acercándose al techo y subiéndolo, o ignorándolo de forma colectiva alegremente. El contribuyente es el que acaba pagando los devaneos propagandísticos multimedia de las campañas, no ellos, así que para que limitarse.

Cosa que lleva a otro grave efecto de la financiación pública, que es el alejamiento de los partidos respecto el electorado. Un político que no depende de sus militantes para hacer campaña tiende a ignorarlos alegremente, debilitando la democracia interna y representitividad de la organización. Aunque la democracia interna a veces no da buenos resultados, la falta de control sobre los políticos sí es un problema. Si este punto lo llevamos al extremo francés, donde un político no necesita ni a su partido, ni a los votantes para hacer campaña, sólo un buen trampolín ministerial, la cosa se hace más grave.

Finalmente, la existencia de financiación pública no excluye la existencia de financiación privada. Los partidos políticos son organizaciones privadas, no órganos del estado (aunque en muchos lugares, como en España, tienen reconocimiento constitucional), y limitar su capacidad de recoger donaciones es jurídicamente cuestionable... y físicamente imposible. Una organización que puede tener el control de un 20 a un 50% del total de la economía del país siempre atraerá personas con ganas de influir en ella, no importa la legislación. Todo lo que no sea cerrarlos en una jaula y aislarlos del mundo no evitará que los donativos privados aparezcan.

Se puede tratar de limitar el volumen, la cantidad que un individuo puede donar o el acceso de empresas y sindicatos, pero el dinero fluye igualmente. Los problemas derivados de la financiación privada nunca se extinguen del todo, por muy duros que sean los controles. De hecho, es posible que incluso algo tan fatuo como la legislación vigente no baste para detener el dinero.

Mañana, si tengo tiempo, la última fuente de financiación de los partidos, la corrupción y sus variedades. Propuestas de reforma y sistemas razonablemente buenos (con más elogios a Inglaterra) otro día.