miércoles, octubre 26, 2005

Redefiniendo el debate autonómico

Tras las repetidas diatribas antiautonómicas y centralistas de mucho dirigente del PP estos días, uno acaba por pensar que la verdad, hay mucho comentarista suelto que no sabe en qué país vivimos. Como comentaba Isidoro, parece que vivimos en un país con 44 millones de constitucionalistas, aunque aquí nadie se ha leido la constitución. Me parece que ante tanta tontería autonómica suelta, es necesario parar un segundo, y explicar en qué consiste el sistema autonómico. El actual, el realmente existente, y que tanto parece amar el PP.

Triste tener que ir a estos niveles, pero España ahora mismo es mucho más parecida a lo que el PP dice temer de lo que todo el mundo dice. Veamos.

Primero, lo más importante: mentar a la bicha. España es ahora mismo un estado federal, o algo muy, muy parecido a ello. Los estatutos de autonomía tienen rango de casi- constitución, con sus procesos de reforma propios, están por encima de las leyes normales, de ellos se derivan instituciones, y crean gobiernos con plena autonomía política en el desempeño de sus atribuciones. En los territorios con derecho civil propio, el Tribunal Supremo no tiene nada que decir sobre la jurisprudencia en esa materia. Las leyes autonómicas tienen primacia sobre las estatales en caso de referirse a competencias exclusivas. Las autonomías pueden endeudarse (derecho recogido en la constitución), gestionar y recaudar tributos, y gastan cantidades ingentes de dinero.

Las únicas cosas que separan España de ser un estado federal con todas las letras es el anémico Senado (que no representa a los territorios lo suficiente) y el caótico sistema de financiación autonómica, del que ya he hablado a menudo. Si miramos lo realmente importante, que es quién gestiona el dinero y lo gasta, el dibujo es aún más claro. El 30,7% del gasto público en España lo gestiona la Seguridad Social, el 20,7% el gobierno central, y el 48,6% lo gestionan comunidades autónomas y municipios. Como la legislación sobre administración local es competencia autonómica (sí, también lo es), casi la mitad del gasto público en España no se controla desde las Cortes y la Moncloa.

Horror. Pavor. España se rompe. Bueno, las dos competencias de gasto más importantes (sanidad y educación) son transferidas a las autonomías de régimen general por gentileza del gobierno Aznar, que debía tener el día disgregador.

Tenemos pues un sistema muy descentralizado, muy abierto, y muy lejano a lo que el PP insinúa cada vez que habla. El gobierno de Madrid no es el que manda sobre gran parte de lo que hace la administración pública en España, ni decide sobre cómo se gasta el la mitad del dinero. Aun así, retiene la capacidad de decidir en gran parte como se recauda y dónde se gasta, creando el caótico sistema de financiación actual. Ahora mismo, una autonomía sabe lo que quiere gastar, pero no sabe cuánto dinero tendrá ni cuánto pagaran sus ciudadanos. Cuando algún gobierno autonómico, como Cataluña o Madrid, quiere gastar más de lo que recibe (porque eso es lo que piden sus ciudadanos), tenemos los inevitables lloros. Cuando algún gobernante autonómico puede gastar todo lo que se le ocurre sin tener que pedir dinero a sus ciudadanos (sr. Rodríguez Ibarra) entonces tenemos un ferreo defensor del sistema actual.

Un último detalle, y probablemente el más importante es que la relación entre el gobierno central y las autonomías no es jerárquica. No estamos hablando de un sistema en que desde Madrid se deja a los pobres tontos de provincias jugar a que conducen mientras dan vueltas a un tiovivo político. En el sistema autonómico actual, Madrid decide unas cosas y Barcelona, Valencia, Valladolid, Toledo o Sevilla otras (y no necesariamente las mismas; el sistema es federal asimétrico), quedándose Madrid al margen. La imagen mental de un gobierno central que mira desde lo alto como sus peones autonómicos ejecutan los designios del líder debe ser desterrada.

En un sistema realmente descentralizado como el Español, el gobierno de Madrid no ordena, aporta. Su trabajo no consiste en pegar alaridos y colocar a 17 peones a trabajar para él como si fuera un capataz. Su trabajo debe ser el de crear un entorno conveniente para que 17 emprendedores hagan todo el dinero que puedan. No es un sistema planificado, donde un monolítico inquilino monclovita decide qué le conviene a cada uno de los territorios, si no un sistema que da libertad (hasta cierto punto) a los gobernantes de cada autonomía para decidir qué es mejor para sus ciudadanos.

Visto de este modo, el estado central debe asegurar sencillamente que estos gobernantes no perjudiquen al vecino al tratar de hacer lo mejor por los suyos, y proveer los bienes públicos que regiones individuales no pagarían, como infraestructuras o transportes. Y sí, eso requiere un cierto nivel de redistribución; a las regiones ricas les conviene estar bien comunicadas con las pobres, o asegurar que el estado del bienestar cubre unos niveles de asistencia comunes en todo el país para facilitar hacer negocios en todo el territorio. Aunque parezca mentira, esta es la lógica del sistema actual, a pesar que todo el mundo la ignora.

¿Qué relación tiene esto con el debate actual? Primero, que muchas de las acusaciones vertidas contra el proyecto de reforma del estatuto son erróneas. El país ya es, en muchos casos, como dice el texto propuesto. Segundo, que las críticas al proyecto de reforma deberían ir dirigidas no tanto hacia su presunta inconstitucionalidad (que en vista de cómo es España realmente, no es tan aparente) si no en qué medida mejora el funcionamiento del sistema. Soy de la opinión que muchas de las ideas en el proyecto de reforma mejoran, y mucho, el diseño actual, ya que mejoran la coordinación entre autonomías y un estado que a veces incordia más que ayuda. No es un estatuto perfecto (la financiación es francamente chapucera; es necesario un sistema general y mucho más claro), pero no es, ni de lejos, el horror gótico que muchos pintan. En gran medida, porque no está cambiando gran cosa.

Lo de siempre: antes de hablar, es necesario enterarse sobre cómo funciona el sistema actual.

10 comentarios:

Iván Moreno dijo...

Egócrata: Creo que confundes, tanto la postura del PP como la situación.

El problema no es la descentralización de España, que es indiscutible, y que el mismo PP ayudó a aumentar. El debate no es un simple debate de financiación, pues obviamente habrá que buscar la mejor manera para evitar las innumerables deficiencias de la financiación actual, y que por otro lado, siempre habrá.

El problema es todo lo que implica este Estatuto. El Estatuto catalán no sólo exige las competencias que le otorga la Constitución, y pide
una nueva financiación. Exige competencias que la CE declara exclusivas del Estado español...

Y el PP, no critica que se quiera modificar la forma de la CE. Obviamente, ellos prefieren mantener la unidad de la nación española como fuente de la soberanía. Lo que critican es que esto se plantee fuera de una reforma constitucional.

Al plantearse como la tramitación de un estatuto, lo que se consigue es difuminar el concepto de nación y crear una nebulosa alrededor de sobre quién recae la responabilidad de modificar ciertos términos de la estructura española. Esto es un planteamiento inasumible en una nación sana, que debe tener claro siempre quien es el dueño, o mejor aún, sobre quién recae la soberanía. Y esta, según la CE, recae sobre el pueblo español... sobre la nación española. En su conjunto. Y si lo queremos cambiar, pues la CE prevé las formas para hacerlo. ¡¡Apliquémoslas!! Pero no juguemos con los conceptos, pues a lo único que lleva es a un "todo vale" donde los límites quedarán difusos y los riesgos, ante una estructura tan indefinida se elevarían de una forma realmente preocupante. Pues... ¿quién pone los límites en una situación donde los conceptos quedan subsumidos en la neblina?¿ERC?¿Batasuna?¿Quién?¿Qué límites son los válidos y cuales los inasumibles, si ni siquiera la Constitución se toma como base?

Así, la defensa de la CE del PP, ¡¡En absoluto parte de una posición inmovilista!! ¿Acaso alguien cree que el PP está de acuerdo con cada punto de la CE? ¡Por supuesto que no!! Pero obviamente acepta la CE como la fundamental regla de juego, por lo que cualquier cambio debe hacerse conforme a ella.

Un saludo

Egocrata dijo...

No es por nada, pero muchas de las competencias de la lista de "exclusivas" son en realidad concurrentes. O están delegadas, o las autonomías las gestionan ya ahora (administración de justicia, por ejemplo), o se han transferido vía el 152.

Por cierto, artículo 156 mediante, un estatuto puede definir un sistema de financiación, y recaudar en nombre del estado. No es algo que no esté en el texto, ni una reforma constitucional.

Por cierto, la reforma del estatuto la aprueba también la nación española. Si está en Cortes, es por algo.

Y dejad los argumentos de soberanía. Aquí hay 17 gobiernos autonómicos con la misma legitimidad democrática; en un estado compuesto la soberania, aparte de oler a siglo XIX, ya está fragmentada.

jclavijo dijo...

Hola Egócrata, dices: "El gobierno de Madrid no es el que manda sobre gran parte de lo que hace la administración pública en España, ni decide sobre cómo se gasta el la mitad del dinero. Aun así, retiene la capacidad de decidir en gran parte como se recauda y dónde se gasta, creando el caótico sistema de financiación actual".

Entonces, el federalismo de facto que expresas en tu post no se aproxima al federalismo que podría plantearse con una reforma constitucional y competencial, puesto que la clave está no sólo en la gestión, sino en en el grado de decisión y en el grado de recaudación propia de cada uno de los estados federalismo en condiciones, por el que yo apuesto. Y todos los palos al estatut catalán en materia de financiación le caen por su "ambición". En un federalismo de verdad, que no es el que existe de facto, no tendría sentido la lógica de la solidaridad.

Egocrata dijo...

Todos los estados federales con cara y ojos tienen un sistema de transferencia de riqueza entre regiones.

Iván Moreno dijo...

Tu respuesta, Egócrata, demuestra a las claras lo que antes comentaba.

Tu última frase define perfectamente el problema:

"Aquí hay 17 gobiernos autonómicos con la misma legitimidad democrática; en un estado compuesto la soberania, aparte de oler a siglo XIX, ya está fragmentada."

Incluso sin entrar a valorar tu afirmación, y dándola por válida, ¿qué pretendes decir con eso?¿Qué cualquier cosa cabe ya en nuestra estructura de Estado?¿Que cualquier cosa vale?

Pero más inquietante es: ¿por qué no hay que hablar de soberanía? O más bien, ¿de qué soberanía? Tú comentas que la soberanía huele a s. XIX (lo cual no tiene por qué ser negativo en sí y ni siquiera cierto) y sin embargo aceptas indirectamente que recaiga sobre las autonomías. ¿En qué quedamos?¿Las autonomías sí y el Estado no? ¿No existe la soberanía?¿Te estás volviendo anarcocapitalista?

Un saludo

Egocrata dijo...

La soberanía es un concepto inaplicable en estados compuestos. Hay más legitimidades democráticas que la del país entero, vaya. ¿Qué hace más legítimo al inquilino de la Moncloa que al presidente de La Rioja en su territorio?

No digo que cualquier cosa vale, digo que analizar esas cosas en términos de soberanía es como tratar de analizar la constitución española utilizando conceptos de escolástica medieval. Debemos hablar de qué es práctico y favorece al país y qué no lo es, no sobre identidades. ¿Es eficiente que las autonomías gestionen los aeropuertos? ¿Sí o no? ¿Sanidad? ¿Cárceles?.

Llevar el debate a conceptos obtrusos con definiciones poco claras (qué coño es una nación, al fin y al cabo, y quién decide qué es) no lleva a ningún sitio. Estas cosas se deben discutir en términos prácticos.

Iván Moreno dijo...

Egócrata: Tu postura práctica es entendible, aunque incompleta.

Observarás, si te detienes un poco, que elimina completamente la necesidad de una Constitución.

¿Por qué una Constitución? Mejor únicamente la práctica pura y dura en una regulación específica. El marco constitucional se diluye al plantear el tema de ese modo.

Podíamos pensar entonces que la Constitución es un elemento inútil, máxime cuando como tú dices, sus definiciones son difusas. Pero ese es tu gran erro: las definiciones dadas en la Constitución, en absoluto son poco claras. Están perfectamente estudiadas, pensadas, definidas (claramente definidas) y aprobadas. Otra cosa es que haya gente que le interese desprestigiar la constitución y difunminar sus definiciones, para conseguir cambiar la sobertanía, o si no quieres el uso de esa palabra, de dónde emergen los poderes del Estado. ¿De quién surge el poder Ejecutivo?¿Y el legislativo?¿Y el judicial?¿Quién posee el poder de utilizar la violencia?¿Puedo yo poner mi propia cárcel?¿Por qué me tengo que someter a unas leyes y no a las que yo diga?¿Por qué el Estado me puede expropiar una finca y yo no a otra persona?

Y todos esos poderes ¿de dónde emanan?¿Te parece irrelevante de dónde surjan?

Y obviamente, todo se puede cambiar. Pero siempre que el sujeto de donde emanan los poderes (el pueblo español, hasta que no se cambie) lo decida.

Por cierto, no es más legítimo el presidente del Gobierno español que el riojano. ¿Qué forma de utilizar el término legítimo es esa? Ambos han sido elegidos democráticamente. Pero lo que es más importante: El poder de AMBOS emana en última instancia del pueblo español. Del pueblo español en su conjunto, no sólo del riojano en el segundo caso. Es más, el pueblo español podría haciendo uso de su poder suspender la autonomía riojana, si así lo considerase oportuno ;)

Un saludo

Un saludo

Egocrata dijo...

El poder del ejecutivo, judicial y legislativo viene de quien vota, de no un ente abstracto llamado nación. Después hablais de la obsesión de los nacionalistas con los derechos colectivos.

La cuestión es la democracia, no la soberanía.

Iván Moreno dijo...

Egócrata: Te estás liando poco a poco... ¿Quién da el poder a quien vota?¿Por qué se respeta los votos de la gente?¿Por qué cuenta el voto de uno de Murcia, y no el de uno de Burdeos? ¿Por qué si en mi casa votamos todos lo mismo no tenemos al partido que votamos? Y lo que es más claro aún: ¿quién crees que es el que vota y el que da valor al voto, sino la propia nación española (según queda definida por la Constitución)?

Al eliminar el término soberanía, únicamente vacías de contenido el concepto de democracia ;) Si el pueblo español no acepta soberanamente la democracia como forma de poder... ¿qué te hace pensar que las minorías iban a aceptar los designios de la mayoría? ¿Dónde queda la democracia?

Y no es obsesión con nada... ¡Y menos con el concepto de nación! ¡¡Ójala no existiera Gobierno, ni Estado!!¡¡Ójala la libertad permitiera la libre circulación de personas, la libre elección de cultura, educación, lengua y modelo de vida a seguir!! Pero aquí tenemos un país socialista, con una Constitución y un Estado, formado como está formado. Si queremos cambiarlo... ¡¡¡PODEMOS!!! (y debemos) Pero respetando las reglas (dentro de la Constitución, todo... fuera de ello, sólo guerra. Seguro). Y si no... vuelvo a preguntarte, ya que no respondiste: ¿para qué queremos una Constitución?¿Debemos eliminarla?

Así, me surgen algunas preguntas: ¿Podría mi familia independizarse ya que el 100% de mi casa opina que así debería ser (más bien opinamos que pagamos demasiados impuestos)?¿Quién me ha preguntado si quiero pertenecer a España?¿De dónde surge el poder del resto de los españoles sobre mi dinero?¿Tiene algo que ver el artículo 2 de la Constitución? Y repitiéndome, esperando que me contestes: ¿Debe por lo tanto existir la Constitución?

Egocrata dijo...

O sea, las leyes las legitima un colectivo abstracto, no los individuos.

Nadie te obliga a ser español. Si no te gusta, coges los trastos y te largas. Quedándote, aceptas que lo que vota la mayoría en este territorio es lo que tú considerarás ley. El "pueblo" no acepta nada, lo aceptan los individuos. La constitución la votaron individuos, no un pueblo. Individuos que aceptaron las reglas del juego.