Lo de la reforma del Estatuto de Cataluña y el debate consiguiente está llegando a unos niveles de estupidez colectiva delirantes. Se esté de acuerdo o no con la reforma, las argumentaciones, miedos, infundios, mentiras y ataques de paranoia catastrofista que he leido estos días son totalmente exageradas, e incluso diría que peligrosas.
Si bien ha habido algunos que aún estando en contra se lo han tomado con un sano sentido del humor o han hecho críticas más que razonables, el histerismo se ha extendido entre la mayoría de opinadores hispánicos. Lo peor es que en este alboroto no sólo están metidos el sector más oligofrénico de la derecha, sino se está añadiendo gente más presuntamente racional y moderada que debería saber de qué está hablando. Caso número uno, y el más grave, Pedro J. Ramírez.
Su artículo del domingo en El Mundo es sencillamente patético. Habla, una y otra vez, de la "aterradora criatura legislativa" que va a "dinamitar" la constitución de 1978, acusa a Zapatero de poner al país en un lugar sin salida que llevará a su final, y se lamenta que todo esto venga de promesas absurdas del presidente. El problema es, su argumento no se sostiene por ningún sitio. El proyecto de reforma del estatuto de Cataluña es algo bastante inocuo, que da al principado una autonomía menor que la que disfruta el País Vasco o Navarra, no es un cambio radical en la estructura del estado. No es algo inaudito en Europa ni propio de Irak, como dice estúpidamente este señor, es un simple reforma descentralizadora como las que se ven constantemente en el continente (Bélgica, Italia, Francia y Reino Unido en los últimos 20 años), hecho siguiendo a rajatabla las reglas del juego. No es un golpe de mano, no es un golpe de Estado.
Estamos hablando de algo que dará a Cataluña el nivel competencial que pide Valencia en su nuevo estatuto, con un sistema de financiación mucho más restrictivo que el concierto del idolatrado estatuto de Guernika. No es un monstruo o crisis constitucional, ya que ni está aprobado, ni incluye ninguna reforma unilateral de la carta magna. Una ley inconstitucional (como las que aprueba de vez en cuando el congreso, para morir en los tribunales) no es un desastre apocalíptico ni el fin del régimen; es una ley que no vale, y punto. Si esta lo es, el Tribunal Constitucional se la cargará y listos.
Iraquizar, dice Pedro J. Ramírez. Parece que para algunos, Cataluña no puede ni pedir que se cambie su Estatuto de Autonomía siguiendo las reglas. Se pueden criticar los cambios, se puede señalar qué tiene de malo el texto. Hablar que el mundo se acaba porque se quiere reformar una ley, no.
9 comentarios:
pero no vamos a prestar más atención a esos ejercicios de funambulismo retórico mientras no ahuyente al elefante –lo de la trompa no va con segundas- que ha metido en nuestra sección de cristalería
Inaudito, no lo había leído. Respecto a Piyei Ramírez, los editoriales y sus delirios de grandeza son lo peor de un periódico que empieza a ir cuesta abajo. Para mí que lo que le pierde a este hombre es que cree que va a tener un papel esencial en toda la Historia de España.
Al César lo que es del César, y tuvo un papel importantísimo en la época en la que "El País" escribía sus editoriales mofándose de "los rumores sobre el GAL". Pero los editoriales se van a acabar pareciendo a "Canela Fina".
O mienten totalmente los periodicos o no has leido mucho la prensa estos ultimos dias.
Dices:
"no es un cambio RADICAL en la estructura del estado..." (mayúsculas mías).
...o sea, ¿que admites que sí se trata de un cambio en la estructura del estado?
...o sea, ¿que aquí un parlamento autonómico puede cambiar la estructura del estado?
Cualquier ley orgánica (y el estatuto lo es) cambia la estructura del estado.
Un parlamento autonómico puede proponer leyes orgánicas, y reformar su estatuto.
Sí, un parlamento autonómico puede cambiar la estructura del estado, y el sistema de atribución de competencias.
Y no hay nada de malo, la constitución que tanto adoras así lo establece.
Ya veo: cualquier ley orgánica cambia la estructura del estado. ¿La ley orgánica de protección de datos, por ejemplo, cambia la estructura del estado?
Entonces, si lo he entendido bien, cualquiera de los 17 parlamentos autonómicos puede cambiar la estructura del estado, ¿no?. ¿Conoces algún antecedente, o lo sabes de buena tinta?
Sospecho que lo sabes de buena tinta.
Oye y otra cosa... ¿qué artículo de la constitución dice eso?
Cualquier reforma de un estatuto de autonomía, cualquiera (nota: TODAS las autonomías excepto Valencia, Cataluña, País Vasco y Navarra se han reformado) cambia el sistema de distribución de competencias.
Es un ejemplo.
La ley de protección de datos cambia la protección de uno de los derechos constitucionales fundamentales (privacidad). Es más significativo para el día a día que un cambio en el estatuto.
Vale. La ley orgánica de protección de datos regula la protección del derecho a la intimidad. Hasta ahí llego.
Pero mi pregunta era si cambia la estructura del estado.
Los estatutos pueden modificar la distribución de competencias, pero no el sistema de distribución. El sistema de distribución está muy clarito en el título VIII de la Constitución, a saber: las autonomías eligen qué competencias de entre las enumeradas en el artículo 148 quieren asumir. Se aprueba el estatuto, y ya está.
Luego, ¿en qué cambian la estructura del estado los ejemplos que das?
Leete la constitución bien, porque el sistema de atribución de competencias no lo entiendes demasiado. Las autonomías pueden incluir en su estatuto lo que les plazca, siempre que no esté en la lista de competencias exclusivas del estado.
OK aceptamos barco. Lo cual no quita que la reforma de un estatuto nunca puede cambiar ese sistema de distribución de competencias, al contrario de lo que decías.
Lo de la ley de protección de datos mejor lo dejamos pues es evidente que no cambia estructura del estado.
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