Se ha estado diciendo por ahí fuera que la nueva propuesta de financiación que presentó el tripartito ayer es una propuesta de máximos. Me parece una apreciación erronea. Si hay algo que objetar al diseño presentado, es que es, en todo caso, una aproximación muy pragmática y realista al problema, casi demasiado razonable. No están apuntando alto para que después la rebajen; están señalando quizás con demasiada honestidad con qué se conformarían.
Retóricas de solidaridad y inconstitucionalidad de los críticos al margen, típicos comentarios fáciles que no aportan al debate, uno tiene que centrarse en qué se propone, y qué es lo que se ha excluido de la propuesta catalana. Primero, de soberanismo hay muy poco. No se pide ni una agencia tributaria propia, ni un concierto económico estilo Euskadi, ni una caja separada del resto de España. Lo único que se demanda es que la comunidad autónoma esté representada o en consorcio con la agencia tributaria, y que el dinero no se envíe tontamente a Madrid para que después vuelva. Esto de radical tiene muy poco.
La otra demanda al respecto, que el Parlament pueda subir o bajar los impuestos, es de sentido común. Las autonomías son las mayores prestadoras de servicios en España, ya que gestionan cosas como sanidad, vivienda y educación. Es natural que si los habitantes de un territorio quieren pagar más impuestos para tener más servicios, o menos y reducir el gasto, puedan hacerlo. No tiene sentido que mis hospitales sean dirigidos desde Valladolid, pero que andaluces, valencianos y catalanes voten en Madrid cuánto dinero dedico a ellos. No sólo eso, es necesario que alguien que viva en Soria sepa que si los hospitales han mejorado, es porque el gobierno autonómico me ha subido los impuestos para hacerlo. Ahora, si la cosa mejora, es porque desde Madrid están pasando más transferencias, sacando el dinero de vaya a saber usted donde.
Esto, en el capítulo normativo. En cuanto a cifras de solidaridad, la gente no ha dicho gran cosa aparte de apelar a la sagrada constitución, sin comentar los números en absoluto. Se critica de insolidaria a una comunidad que recibe el 6% del gasto del estado en infraestructuras, siendo el 16% de la población y el 19% del PIB español. 6% para un 19% de la riqueza, y después se cachondean cuando se dice que las infraestructuras en Cataluña son un cuello de botella para el crecimiento. Por lo que a transferencias se refiere, no se establece una cuota, dejándolo para la negociación, cosa que es razonable. Acusar de egoismo a la Generalitat, no obstante, cuando el 7% del PIB se pasa al resto del estado (un 18% de todo el dinero que se recauda) es sencillamente mentir.
Como última nota, el hecho que se ponga como cifra para la Generalitat un 50% del total recaudado no es en absoluto aleatorio. Ese el el porcentaje de gasto público a nivel estatal que controlan autonomías y ayuntamientos (que, por cierto, son competencia de Generalitat con el actual estatuto). Sencillamente se está señalando cláramente qué cantidad de dinero gasta cada uno.
En fin, es una buena propuesta, totalmente razonable, y que no beneficia a Cataluña demasiado. Clarifica quién paga y quién recauda, divide los recursos claramente, deja abierta a la negociación la cláusula de solidaridad, y trata de resolver alguno de los problemas que el muy arbitrario sistema actual provoca. Lo más surrelista, para variar, ha sido Esperanza Aguirre. Madrid y Cataluña tienen casi el mismo PIB y pagan casi lo mismo (Madrid más) a la caja central, son las grandes perdedoras del sistema. Aguirre de hecho ha protestado en repetidas ocasiones que no tiene suficientes recursos. Si la propuesta se aplica a rajatabla (y sin una cuota de solidaridad draconiana), Madrid saldría muy beneficiada... pero nada, ella la pone a parir, como siempre.
En fin, criticar algo que te favorece. Hay gente imposible.
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