La verdad, mucho hablar de vivienda pero les has costado una eternidad. El gobierno, finalmente, se pone serio, y además de la agencia de alquiler (esa idea estupenda de la que he hablado varias veces) se propone impulsar un pacto de estado sobre política de suelo. Algo que el PP dice que estaba dispuesto a hacer (durante ocho años) y que piensan apoyar, siempre que no aumente el intervencionismo en la materia.
La verdad, me gustaría que así fuera. De todos modos, el principal problema no es tanto el intervencionismo, sino los incentivos que tienen las administraciones para manipular los precios. Las administraciones locales son las mayores culpables, pero lo hacen por una buena razón. No es por las comisiones, ni historias conspirativas raras, por mucho que se diga, es por que van mortalmente cortas de financiación. Los ayuntamientos, sencillamente, reciben muy poco dinero para lo que se espera de ellos, y dependen enormemente de los ingresos extraordinarios que les produce manipular el precio del suelo y atraer la construcción de viviendas.
Estamos, para variar, en lo mismo... la financiación. Es importante señalar que gran parte de la regulación de qué hacen y qué dinero reciben los ayuntamientos es competencia autonómica. Las autonomías, como hemos dicho a menudo, no van sobradas, y aún menos con los traspasos (mal financiados) de sanidad recientes. ¿Van a dedicarse a dar dinero a sus primos locales por amor al arte, o tratarán de usar el que tienen? Es bastante evidente que pasarán poco. Los alcaldes, si no ven un duro, lo buscan (que lloriquear no da votos), y así estamos con el ladrillo.
Estamos siempre en lo mismo. El sistema de financiación autonómico (y local) español es, en esencia, una chapuza. El gobierno central recauda la mayoría de los impuestos, y después reparte. Reparte como le place, en esencia; se decide en Madrid la cantidad total, y envía lo que cree, sin que nadie sepa realmente de dónde viene el dinero ni quién hace el gasto. Evidentemente, el gobierno central tenderá a acaparar recursos, les guste a los de abajo o no... y lo mismo harán los gobiernos autonómicos.
El sistema lógico, razonable y nada peligroso para la unidad de Españñññaaa (leáse, el federal clásico americano) es que cada administración tenga capacidad de recaudar impuestos, y se limite claramente quién gasta qué, y de dónde viene el dinero. Ahora mismo, tenemos tres niveles metiéndose el dedo en el ojo fiscalmente, sin que nadie sepa realmente cómo se recauda, y con administraciones haciendo extorsión creativa, incluso, con el precio del suelo. O se aclara la ensalada fiscal, o los ayuntamientos seguirán a lo suyo, subastas o no.
Otro días hablo de lo de las calificaciones y restricciones de usos del suelo, que también tiene miga. Vistos los resultados aquí en Estados Unidos (donde cada uno hace lo que le place en su terrenito), me parece que mejor no tocarlo demasiado. New Haven es una pesadilla urbanística, en serio.
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