El sistema judicial americano es curioso cuanto menos. El tribunal supremo debía decidir si el gobierno federal podía perseguir a los pacientes que usan marihuana con fines terapéuticos en los estados en que este uso ha sido legalizado. Hasta aquí, nada anormal; un caso llega al supremo, y se decide.
Bien, lo curioso es en qué se ha basado el tribunal para dar la razón al gobierno federal. En una decisión que no acabo de entender (la lógica es obtrusa incluso para los juristas de aquí) los jueces han decidido que la autorización de usar marihuana con fines medicinales afecta las competencias de comercio entre estados, y por tanto el gobierno federal es quien debe regularlo, no los estados. El hecho que un estado autorice el uso de la malvada plantita en cuestión afecta a sus vecinos, aunque esté prohibida en ellos; aparece comercio, aunque sea de mercado negro, y por tanto los federales pueden regularlo.
Si no entedeis la lógica, no os extrañe; es complicada un rato. Aún así, por muy surrealista que parezca, sigue la jurisprudencia anterior del tribunal, que dice que no importa la legalidad o no del producto, si afecta al comercio entre estados el gobierno federal puede meter las narices. La verdad, es una aplicación de la ley, no un ataque de conservadurismo rancio. Y como dice la sentencia, si se quiere legalizar, es el gobierno federal el que debe hacerlo. No sucederá, claro; pero es lo que tiene trabajar con una constitución tan antigua y una jurisprudencia tan compleja.
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