Pues eso, avisar que la bitácora va estar algo parada, con un servidor escribiendo menos, al menos hasta la segunda semana de abril. El motivo, para variar, es que mañana cojo un avioncito y me voy a Barcelona, a pasar unos días con la familia, hacer turismo, y salvar España de la amenaza separatista y del Frente de Liberación de los Gnomos del Jardín.
Bueno, quizás no exactamente eso, pero vaya, que estaré afortunadamente alejado de un teclado por unos días. La blogosféra hispánica suspira aliviada. Os quedais sin post estatutario (leer el texto vosotros mismos, leñe), dicho en otras palabras. Si alguien me quiere invitar a unas birras por Barcelona, que avise.
jueves, marzo 30, 2006
De la financiación de los partidos (III): corrupciones variadas
Continuación de los dos artículos anteriores sobre el mismo tema (I, II).
De un modo u otro, todos los partidos políticos relevantes han tenido algún escándalo de financiación ilegal. Sea mediante comisiones inmobiliarias, sea mediante contabilidad creativa de inversiones públicas, sea mediante compra de helicópteros, quien más y quien menos ha sido cazado con más o menos fortuna tratando de añadir dinero a las arcas del partido.
Hay un par de cosas que resultan chocantes en estas situaciones. Primero, son casi generalizadas. Que yo recuerde, no hay casi ningún país ni sistema de financiación (público o privado) que no haya tenido problemas en este aspecto. Ha habido partidos más torpes que otros en librarse de ir a la carcel (llamando a Zaplana, llamando a Zaplana), pero todos han caído en la tentación, en mayor o menor medida. El segundo aspecto sorprendente es la curiosa tendencia de estos escándalos a ser "olvidados" por la oposición relativamente rápido en muchísimos casos. A no ser que la trama monetaria sea horriblemente generalizada y se lleve todos los partidos por delante (Italia), el daño político acostumbra a ser limitado.
Evidentemente, ambos aspectos están relacionados. Los partidos políticos que operan dentro de un determinado entorno jurídico tienen todos incentivos parecidos. El primero es ganar las elecciones, y para ello necesitan recursos; a ser posible más que los que tiene el rival. Para ello, pueden tratar de usar cauces legales, sea atrayendo más donativos o obteniendo más subvenciones, o pueden pasarse al lado oscuro y tratar de obtenerlos de forma "creativa".
¿Qué cálculo hace un partido para decidir si se pasa a la ilegalidad? El mismo que todo el mundo cuando invierte, un análisis de beneficio y riesgo. El beneficio es el incremento de la probabilidad de ganar las elecciones que el dinero adicional puede proporcionar; el riesgo es la posibilidad que los cojan. Como mayor sea el desfalco, más probable es que a uno le cacen, claro; pero ese no es el único elemento que afecta esta variable.
El primer factor es la capacidad de mantenerse en el poder. Como más fácil resulte para el partido que está pidiendo comisiones ser reelegido, menos arriesgado resulta pedirlas. La explicación detrás de este aspecto es sencilla. El principal (casi único) medio para descubrir una comisión ilegal es que alguno de los afectados la denuncie; es decir, que un contratista lo vea como un abuso, o que alguien que pierda el contrato se cabree. En caso que el gobierno esté muy bien asentado en el poder y tenga una mayoría sólida, todos los contratistas tienen el dilema de si es preferible pagar un poco y estar a buenas con el que manda, o no tragar y quedarse sin contratos durante un largo tiempo. La capacidad individual de hacer daño a un partido gobernante es limitada, en especial si es un escándalo aislado, así que lo racional casi siempre consiste en tragar y pasar por caja.
Este es uno de los factores que explican la corrupción en Italia en tiempos de la Democracia Cristiana. El problema principal es que el partido estaba en el poder, sin salirse del gobierno, durante 40 años, así que si alguno quería trabajar para el gobierno, se debía aceptar lo que sus ministros dijeran. Si era necesario destinar un 20% de la obra en "gastos variados" o "seguridad" (nada raro en el Sur, entre la mafia y los políticos...), se hacía y punto.
El segundo factor es la "colaboración" de otras fuerzas políticas. En ocasiones, los partidos llegan a acuerdos tácitos de respeto al saqueo comisionario ajeno a cambio de que ignoren el propio. La base de estos acuerdos acostumbra a estar relacionada con una limitación de la competición en la urnas, ya sea por la existencia de "grandes coaliciones" (Italia de nuevo) o por un turno pacífico de saqueo, al estilo de la España de la restauración.
El tercer factor, quizás el más deprimente, es el cinismo colectivo de la clase política a la hora de "solucionar" el problema cuando son cazados. Los campeones en este aspecto son los franceses, que tras varios escándalos de financiación ilegal patéticamente encubierta (con el PSF creando una sociedad, Urba, que casi se anunciaba alegremente), reaccionaron dándose subvenciones a espuertas y declarando una amnistía "parcial" a los culpables. No son los únicos, de todos modos. Los italianos pasaron su primera ley de financiación de los partidos en los setenta, tras ser cazados en el acto de forma colectiva. La ley fue tan buena y tan brillante que según todas las estimaciones el nivel de corrupción aumentó, no disminuyó, ya que los requisitos de transparencia contable fueron tan espectacularmente vagos que no hubo manera de fiscalizar a nadie. Los partidos quieren sobrevivir, por encima de todo, y aceptan gustosamente perdonar al oponente a cambio de salir con vida de un escándalo grave.
El cuarto elemento que decide el riesgo de usar métodos ilegales es el propio sistema jurídico. Pongamos el ejemplo de las adjudicaciones de obras. Durante muchos años, en Italia el contrato se lo llevaba aquella constructora que hiciera una oferta lo más cercana posible al cálculo que habían realizado en secreto los técnicos del ministerio, sin más. Basta una llamada de teléfono para cargarse el sistema, sin más; no es ni necesario justificar por qué alguien se ha llevado un contrato.
El problema, claro está, es quién redacta las leyes, y quién puede cambiarlas. En todos los casos, es quien se beneficia de ellas. Si un político se está haciendo de oro y pagándose el partido a base de arreglar un sistema de concurso tan patéticamente vulnerable, no estará demasiado dispuesto a cambiarlo, es evidente.
¿Cuál es el freno principal a la corrupción política? De lo dicho arriba se desprende que no es la vigilancia o leyes más duras, si no la competición electoral. El principal incentivo que un político tiene para mantener su honestidad es la posibilidad de perder las elecciones. Como mejor sea el mecanismo que traslade el cabreo del electorado a ser echado a patadas del gobierno, más incentivos para la honestidad tendrá la clase política, y más difícil que nadie acepte pagar comisiones. El control a los políticos es el elemento principal de una democracia también en este aspecto.
De aquí unos días, si todo va bien, escribiré varias propuestas sobre la financiación de los partidos. Ya explique mi idea preferida hará unos meses, para quien quiera echarle un vistazo. A todo ello, uno de los pocos países sin escándalos de financiación ilegal es Suecia. ¿El motivo? No tienen ley sobre la materia, asi que no hay nada que vulnerar.
De un modo u otro, todos los partidos políticos relevantes han tenido algún escándalo de financiación ilegal. Sea mediante comisiones inmobiliarias, sea mediante contabilidad creativa de inversiones públicas, sea mediante compra de helicópteros, quien más y quien menos ha sido cazado con más o menos fortuna tratando de añadir dinero a las arcas del partido.
Hay un par de cosas que resultan chocantes en estas situaciones. Primero, son casi generalizadas. Que yo recuerde, no hay casi ningún país ni sistema de financiación (público o privado) que no haya tenido problemas en este aspecto. Ha habido partidos más torpes que otros en librarse de ir a la carcel (llamando a Zaplana, llamando a Zaplana), pero todos han caído en la tentación, en mayor o menor medida. El segundo aspecto sorprendente es la curiosa tendencia de estos escándalos a ser "olvidados" por la oposición relativamente rápido en muchísimos casos. A no ser que la trama monetaria sea horriblemente generalizada y se lleve todos los partidos por delante (Italia), el daño político acostumbra a ser limitado.
Evidentemente, ambos aspectos están relacionados. Los partidos políticos que operan dentro de un determinado entorno jurídico tienen todos incentivos parecidos. El primero es ganar las elecciones, y para ello necesitan recursos; a ser posible más que los que tiene el rival. Para ello, pueden tratar de usar cauces legales, sea atrayendo más donativos o obteniendo más subvenciones, o pueden pasarse al lado oscuro y tratar de obtenerlos de forma "creativa".
¿Qué cálculo hace un partido para decidir si se pasa a la ilegalidad? El mismo que todo el mundo cuando invierte, un análisis de beneficio y riesgo. El beneficio es el incremento de la probabilidad de ganar las elecciones que el dinero adicional puede proporcionar; el riesgo es la posibilidad que los cojan. Como mayor sea el desfalco, más probable es que a uno le cacen, claro; pero ese no es el único elemento que afecta esta variable.
El primer factor es la capacidad de mantenerse en el poder. Como más fácil resulte para el partido que está pidiendo comisiones ser reelegido, menos arriesgado resulta pedirlas. La explicación detrás de este aspecto es sencilla. El principal (casi único) medio para descubrir una comisión ilegal es que alguno de los afectados la denuncie; es decir, que un contratista lo vea como un abuso, o que alguien que pierda el contrato se cabree. En caso que el gobierno esté muy bien asentado en el poder y tenga una mayoría sólida, todos los contratistas tienen el dilema de si es preferible pagar un poco y estar a buenas con el que manda, o no tragar y quedarse sin contratos durante un largo tiempo. La capacidad individual de hacer daño a un partido gobernante es limitada, en especial si es un escándalo aislado, así que lo racional casi siempre consiste en tragar y pasar por caja.
Este es uno de los factores que explican la corrupción en Italia en tiempos de la Democracia Cristiana. El problema principal es que el partido estaba en el poder, sin salirse del gobierno, durante 40 años, así que si alguno quería trabajar para el gobierno, se debía aceptar lo que sus ministros dijeran. Si era necesario destinar un 20% de la obra en "gastos variados" o "seguridad" (nada raro en el Sur, entre la mafia y los políticos...), se hacía y punto.
El segundo factor es la "colaboración" de otras fuerzas políticas. En ocasiones, los partidos llegan a acuerdos tácitos de respeto al saqueo comisionario ajeno a cambio de que ignoren el propio. La base de estos acuerdos acostumbra a estar relacionada con una limitación de la competición en la urnas, ya sea por la existencia de "grandes coaliciones" (Italia de nuevo) o por un turno pacífico de saqueo, al estilo de la España de la restauración.
El tercer factor, quizás el más deprimente, es el cinismo colectivo de la clase política a la hora de "solucionar" el problema cuando son cazados. Los campeones en este aspecto son los franceses, que tras varios escándalos de financiación ilegal patéticamente encubierta (con el PSF creando una sociedad, Urba, que casi se anunciaba alegremente), reaccionaron dándose subvenciones a espuertas y declarando una amnistía "parcial" a los culpables. No son los únicos, de todos modos. Los italianos pasaron su primera ley de financiación de los partidos en los setenta, tras ser cazados en el acto de forma colectiva. La ley fue tan buena y tan brillante que según todas las estimaciones el nivel de corrupción aumentó, no disminuyó, ya que los requisitos de transparencia contable fueron tan espectacularmente vagos que no hubo manera de fiscalizar a nadie. Los partidos quieren sobrevivir, por encima de todo, y aceptan gustosamente perdonar al oponente a cambio de salir con vida de un escándalo grave.
El cuarto elemento que decide el riesgo de usar métodos ilegales es el propio sistema jurídico. Pongamos el ejemplo de las adjudicaciones de obras. Durante muchos años, en Italia el contrato se lo llevaba aquella constructora que hiciera una oferta lo más cercana posible al cálculo que habían realizado en secreto los técnicos del ministerio, sin más. Basta una llamada de teléfono para cargarse el sistema, sin más; no es ni necesario justificar por qué alguien se ha llevado un contrato.
El problema, claro está, es quién redacta las leyes, y quién puede cambiarlas. En todos los casos, es quien se beneficia de ellas. Si un político se está haciendo de oro y pagándose el partido a base de arreglar un sistema de concurso tan patéticamente vulnerable, no estará demasiado dispuesto a cambiarlo, es evidente.
¿Cuál es el freno principal a la corrupción política? De lo dicho arriba se desprende que no es la vigilancia o leyes más duras, si no la competición electoral. El principal incentivo que un político tiene para mantener su honestidad es la posibilidad de perder las elecciones. Como mejor sea el mecanismo que traslade el cabreo del electorado a ser echado a patadas del gobierno, más incentivos para la honestidad tendrá la clase política, y más difícil que nadie acepte pagar comisiones. El control a los políticos es el elemento principal de una democracia también en este aspecto.
De aquí unos días, si todo va bien, escribiré varias propuestas sobre la financiación de los partidos. Ya explique mi idea preferida hará unos meses, para quien quiera echarle un vistazo. A todo ello, uno de los pocos países sin escándalos de financiación ilegal es Suecia. ¿El motivo? No tienen ley sobre la materia, asi que no hay nada que vulnerar.
Países formados por varias naciones
Ya que Rajoy reta al público a nombrar uno, ahí va una lista de candidatos: Rusia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Chipre, Macedonia, Serbia y Montenegro, sólo en Europa, lo son de forma explícita. En el resto del mundo, raro es el país que no tenga minorías culturales importantes.
"Nación" es un concepto cultural, no político. No implica soberanía. No es un término jurídico, no equivale a nada. Sencillamente se refiere un grupo de gente con una determinada identidad común. La identidad es un derecho individual, así que estaría bien que algunos paladines del liberalismo pararan de graznar en contra de ella.
Por cierto, el texto del preámbulo del estatuto es "El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido, de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad". Atención a la gigantesca, enorme mención a la Constitución Española justo detrás de "nación".
Constitución, que como dice el artículo primero, "Cataluña como nacionalidad ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma de identidad básica". No se puede hablar de más sometimiento a ella.
Oh, y ya que estoy en ello, voy a hacer un silogismo estupendo. Si ERC pacta con ETA, y vota en contra del estatuto, y el PP vota contra el estatuto también, ¿Qué hace Rajoy con los de Perpiñán? ¿Por qué le hacen el juego al nacionalismo radical?. La lógica Losantiana es divertida.
"Nación" es un concepto cultural, no político. No implica soberanía. No es un término jurídico, no equivale a nada. Sencillamente se refiere un grupo de gente con una determinada identidad común. La identidad es un derecho individual, así que estaría bien que algunos paladines del liberalismo pararan de graznar en contra de ella.
Por cierto, el texto del preámbulo del estatuto es "El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido, de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad". Atención a la gigantesca, enorme mención a la Constitución Española justo detrás de "nación".
Constitución, que como dice el artículo primero, "Cataluña como nacionalidad ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma de identidad básica". No se puede hablar de más sometimiento a ella.
Oh, y ya que estoy en ello, voy a hacer un silogismo estupendo. Si ERC pacta con ETA, y vota en contra del estatuto, y el PP vota contra el estatuto también, ¿Qué hace Rajoy con los de Perpiñán? ¿Por qué le hacen el juego al nacionalismo radical?. La lógica Losantiana es divertida.
miércoles, marzo 29, 2006
De la financiación de los partidos (II): subvenciones
Continuación del artículo de ayer sobre financiación de los partidos políticos.
La vía de financiación de los partidos políticos más generalizada en las democracias parlamentarias son las subvenciones directas por parte del estado. En practicamente toda Europa continental, los partidos dependen básicamente del presupuesto público para pagar sus gastos; el porcentaje en la mayoría de los casos probablemente (no hay datos firmes; más sobre esto luego) está sobre un 70% de su presupuesto.
La idea detrás de este sistema es que los partidos, por su papel central en la representación política, necesitan ser independientes, y esa independecia sólo es posible garantizarla si no dependen de otros actores interesados para financiarse. Para evitar en la medida de lo posible los abusos creados por la dependencia en contribuciones privadas, el estado garantiza que las organizaciones que representan a los ciudadanos tengan recursos propios, limitando las donaciones a los partidos.
Si bien la teoría es muy bonita, la cruda realidad es bastante distinta. Para empezar, el mecanismo de asignación de subvenciones acostumbra a ser un desastre. Dado que son los políticos que están en el poder los que deciden quién recibe el dinero, la mayoría de leyes de financiación tienden a favorecer de manera desproporcionada a los políticos que están en el parlamento. Esto produce que cualquier disfuncionalidad en la representación política se vea reforzada aún más mediante la asignación de recursos.
Los resultados son a menudo surrealistas. Para empezar, no producen necesariamente una restricción a la entrada de partidos nuevos; si los partidos son débiles, propensos a escisiones y con pocos militantes, los políticos tienden a crear leyes que les permitan largarse y montar un nuevo chiringuito con una facilidad pasmosa. El caso más evidente es Francia, donde basta presentar 75 candidatos a diputado (en una cámara con más de 500) para recibir dinero. Un alcalde / ministro (cargos alegremente acumulados en el país) algo popular, con bastantes amigos y sin demasiadas manías puede hacerle la competencia a su ex-jefe casi sin problema. Si alguien se preguntaba porque hay tantos partidos trostkystas en Francia (y una sobrepoblación de candidatos), aquí teneis una pista.
Si los partidos en cambio son cerrados y disciplinados, la ley de financiación si primarán a los existentes sobre cualquier partido nuevo. Este es el caso de España, Alemania o Austria, donde las barreras a la entrada para recien llegados son altas y sólidas.
El segundo problema de la dependencia en subvenciones es la enorme capacidad de gasto de los partidos, y su propensión a subirse el límite de la tarjeta cuando empiezan a ir cortos de dinero. Cualquier intento de limitar el gasto electoral ha acabado con los partidos acercándose al techo y subiéndolo, o ignorándolo de forma colectiva alegremente. El contribuyente es el que acaba pagando los devaneos propagandísticos multimedia de las campañas, no ellos, así que para que limitarse.
Cosa que lleva a otro grave efecto de la financiación pública, que es el alejamiento de los partidos respecto el electorado. Un político que no depende de sus militantes para hacer campaña tiende a ignorarlos alegremente, debilitando la democracia interna y representitividad de la organización. Aunque la democracia interna a veces no da buenos resultados, la falta de control sobre los políticos sí es un problema. Si este punto lo llevamos al extremo francés, donde un político no necesita ni a su partido, ni a los votantes para hacer campaña, sólo un buen trampolín ministerial, la cosa se hace más grave.
Finalmente, la existencia de financiación pública no excluye la existencia de financiación privada. Los partidos políticos son organizaciones privadas, no órganos del estado (aunque en muchos lugares, como en España, tienen reconocimiento constitucional), y limitar su capacidad de recoger donaciones es jurídicamente cuestionable... y físicamente imposible. Una organización que puede tener el control de un 20 a un 50% del total de la economía del país siempre atraerá personas con ganas de influir en ella, no importa la legislación. Todo lo que no sea cerrarlos en una jaula y aislarlos del mundo no evitará que los donativos privados aparezcan.
Se puede tratar de limitar el volumen, la cantidad que un individuo puede donar o el acceso de empresas y sindicatos, pero el dinero fluye igualmente. Los problemas derivados de la financiación privada nunca se extinguen del todo, por muy duros que sean los controles. De hecho, es posible que incluso algo tan fatuo como la legislación vigente no baste para detener el dinero.
Mañana, si tengo tiempo, la última fuente de financiación de los partidos, la corrupción y sus variedades. Propuestas de reforma y sistemas razonablemente buenos (con más elogios a Inglaterra) otro día.
La vía de financiación de los partidos políticos más generalizada en las democracias parlamentarias son las subvenciones directas por parte del estado. En practicamente toda Europa continental, los partidos dependen básicamente del presupuesto público para pagar sus gastos; el porcentaje en la mayoría de los casos probablemente (no hay datos firmes; más sobre esto luego) está sobre un 70% de su presupuesto.
La idea detrás de este sistema es que los partidos, por su papel central en la representación política, necesitan ser independientes, y esa independecia sólo es posible garantizarla si no dependen de otros actores interesados para financiarse. Para evitar en la medida de lo posible los abusos creados por la dependencia en contribuciones privadas, el estado garantiza que las organizaciones que representan a los ciudadanos tengan recursos propios, limitando las donaciones a los partidos.
Si bien la teoría es muy bonita, la cruda realidad es bastante distinta. Para empezar, el mecanismo de asignación de subvenciones acostumbra a ser un desastre. Dado que son los políticos que están en el poder los que deciden quién recibe el dinero, la mayoría de leyes de financiación tienden a favorecer de manera desproporcionada a los políticos que están en el parlamento. Esto produce que cualquier disfuncionalidad en la representación política se vea reforzada aún más mediante la asignación de recursos.
Los resultados son a menudo surrealistas. Para empezar, no producen necesariamente una restricción a la entrada de partidos nuevos; si los partidos son débiles, propensos a escisiones y con pocos militantes, los políticos tienden a crear leyes que les permitan largarse y montar un nuevo chiringuito con una facilidad pasmosa. El caso más evidente es Francia, donde basta presentar 75 candidatos a diputado (en una cámara con más de 500) para recibir dinero. Un alcalde / ministro (cargos alegremente acumulados en el país) algo popular, con bastantes amigos y sin demasiadas manías puede hacerle la competencia a su ex-jefe casi sin problema. Si alguien se preguntaba porque hay tantos partidos trostkystas en Francia (y una sobrepoblación de candidatos), aquí teneis una pista.
Si los partidos en cambio son cerrados y disciplinados, la ley de financiación si primarán a los existentes sobre cualquier partido nuevo. Este es el caso de España, Alemania o Austria, donde las barreras a la entrada para recien llegados son altas y sólidas.
El segundo problema de la dependencia en subvenciones es la enorme capacidad de gasto de los partidos, y su propensión a subirse el límite de la tarjeta cuando empiezan a ir cortos de dinero. Cualquier intento de limitar el gasto electoral ha acabado con los partidos acercándose al techo y subiéndolo, o ignorándolo de forma colectiva alegremente. El contribuyente es el que acaba pagando los devaneos propagandísticos multimedia de las campañas, no ellos, así que para que limitarse.
Cosa que lleva a otro grave efecto de la financiación pública, que es el alejamiento de los partidos respecto el electorado. Un político que no depende de sus militantes para hacer campaña tiende a ignorarlos alegremente, debilitando la democracia interna y representitividad de la organización. Aunque la democracia interna a veces no da buenos resultados, la falta de control sobre los políticos sí es un problema. Si este punto lo llevamos al extremo francés, donde un político no necesita ni a su partido, ni a los votantes para hacer campaña, sólo un buen trampolín ministerial, la cosa se hace más grave.
Finalmente, la existencia de financiación pública no excluye la existencia de financiación privada. Los partidos políticos son organizaciones privadas, no órganos del estado (aunque en muchos lugares, como en España, tienen reconocimiento constitucional), y limitar su capacidad de recoger donaciones es jurídicamente cuestionable... y físicamente imposible. Una organización que puede tener el control de un 20 a un 50% del total de la economía del país siempre atraerá personas con ganas de influir en ella, no importa la legislación. Todo lo que no sea cerrarlos en una jaula y aislarlos del mundo no evitará que los donativos privados aparezcan.
Se puede tratar de limitar el volumen, la cantidad que un individuo puede donar o el acceso de empresas y sindicatos, pero el dinero fluye igualmente. Los problemas derivados de la financiación privada nunca se extinguen del todo, por muy duros que sean los controles. De hecho, es posible que incluso algo tan fatuo como la legislación vigente no baste para detener el dinero.
Mañana, si tengo tiempo, la última fuente de financiación de los partidos, la corrupción y sus variedades. Propuestas de reforma y sistemas razonablemente buenos (con más elogios a Inglaterra) otro día.
Estupideces migratorias
En el tema de inmigración hay básicamente dos modelos. Uno, el francés, que pretende hacer la vida imposible a los inmigrantes ilegales, y parte del supuesto que muchos recién llegados vienen por unos años y después se largan. El otro, el americano, ignora alegremente los ilegales, no les pone excesivas trabas para que se ganen la vida, y entiende que la gente viene a Estados Unidos para quedarse.
El primero ha generado división, radicalización, guettos y conflictividad social, al hacer la vida imposible a muchos inmigrantes. El segundo ha creado una máquina de asimilar inmigrantes que ha funcionado de forma excelente durante 200 años.
Por una combinación que se me escapa de populismo y cerrazón mental, algunos republicanos en el Senado están intentado hacer en Estados Unidos lo que se hace en Francia. Realmente, hay gente para todo. Supongo que el sentido común acabará por imponerse (los americanos están orgullosos de ser una tierra de acogida), pero hay que ver las tonterías que sueltan algunos, empezando por Fox News.
El primero ha generado división, radicalización, guettos y conflictividad social, al hacer la vida imposible a muchos inmigrantes. El segundo ha creado una máquina de asimilar inmigrantes que ha funcionado de forma excelente durante 200 años.
Por una combinación que se me escapa de populismo y cerrazón mental, algunos republicanos en el Senado están intentado hacer en Estados Unidos lo que se hace en Francia. Realmente, hay gente para todo. Supongo que el sentido común acabará por imponerse (los americanos están orgullosos de ser una tierra de acogida), pero hay que ver las tonterías que sueltan algunos, empezando por Fox News.
martes, marzo 28, 2006
De la financiación de los partidos (I)
Con la que está cayendo por las "donaciones" a ERC y discusiones similares estos días, me parece que es hora de hablar con un poco de detalle sobre cómo se financian los partidos políticos aquí y en otros sitios.
Debo advertir que todo lo que voy a escribir en los siguientes párrafos es una historia triste, muy triste. La financiación de los partidos políticos es uno de esos problemas que ninguna democracia ha logrado solucionar. No hay ninguna ley de financiación que no tenga inconvenientes; de hecho no creo que haya nada que funcione remotamente bien. Empecemos pues hablando sobre qué podemos encontrar ahí fuera.
Los partidos políticos obtienen sus recursos básicamente de cuatro fuentes distintas: donaciones privadas, cuotas de los militantes, subvenciones públicas y corrupción pura y dura. Cada uno de estos factores tiene una importancia variable según el sistema legal de cada país, con niveles de importancia muy dispares.
De esta lista, las cuotas de la militancia es de lejos el más irrelevante en la actualidad; la mayoría de los partidos no llegan a cubrir ni siquiera una cuarta parte de sus presupuestos gracias a ellas, y la tendencia sigue siendo a la baja. Variaciones sobre este sistema, como las contribuciones sindicales en los laboristas británicos, también se han ido extinguiendo poco a poco. El declive de esta fuente de financiación se debe en parte a una perdida de militantes (general en todas las democracias), pero sobretodo a un incremento de los costes de las campañas, y el acceso a otras fuentes de ingresos. Su perdida, sin embargo, no debe exagerarse demasiado; ni en la época gloriosa del partido de masas (entreguerras) se dependió demasiado de ellas.
El factor que tiene un mayor grado de variabilidad en las legislaciones de financiación de partidos políticos es la existencia o no de subvenciones públicas. Por un lado tenemos un grupo de países en los que estas subvenciones son o nulas o extremadamente limitadas (Estados Unidos, Reino Unido), por otro tenemos otro bloque en los que los partidos obtienen la mayor parte de sus recursos del estado (casi todo Europa continental).
Confiar en la financiación privada tiene sus ventajas e inconvenientes. Por un lado, aquellos que quieren "poner el dinero donde están sus ideas" pueden hacerlo sin problemas; si se quiere apoyar una determinada agente es posible hacerlo públicamente y de forma transparente. El electorado sabe, en teoría, quién ha ayudado a cada candidato, y puede vigilar que su apoyo no sea compensado luego.
En la práctica, sin embargo, la cosa no resulta tan sencilla. Para empezar, el acceso al sistema político, al "mercado" de ideas no es igualitario; aquellos personas (físicas o jurídicas) con más recursos tienen más capacidad de hacerse oir. Si gente de clase media o trabajadora quieren tener la misma voz, el coste de organización para financiar un candidato es mucho mayor y menos flexible. El segundo problema es que la capacidad de control del electorado es relativamente limitada en muchos casos.
En un sistema como el americano, con múltiples candidatos recaudando dinero para múltiples campañas, cada uno con cientos de donantes, la vigilancia de los políticos no es una tarea sencilla. Si bien los datos son fácilmente accesibles, hacerse una idea clara sobre qué sucede no es tan sencillo para el votante medio. Hay demasiados políticos, demasiados cargos y demasiados donantes para que informarse sea sencillo, y la legislación pasa por demasiadas manos para saber si esa subvención a una petrolera es culpa de mi congresista, que ha pedido a un colega "limpio" de donaciones que la proponga, o no lo es. Castigar a un político que no hace lo que debe se hace complicado debido a la opacidad del sistema; el problema añadido es que el mismo sistema limita la capacidad de control.
Utilizaré un ejemplo. Para empezar, si el presidente del comité de defensa del congreso (Duncan Hunter, Republicano) ha recibido más de $200.000 de la industria armamentística, y estoy cabreado con él, tengo el pequeño problema que si no vivo en California no puedo echarlo directamente. El tipo puede estar haciendo la pelota a empresas de su distrito, consiguiéndoles contratos a precio de oro ("apruébame esta compra de misiles, anda"), y mi voto no puede hacer nada para echarle.
El problema se hace más grave, sin embargo, cuando se echa una ojeada a cómo fue la campaña de reelección de Hunter. En el 2004 el tipo se gastó más de un millón de dólares para ganar con un 69% del voto. Su oponente, Brian Keliher, se gastó $15.000. Dicho en pocas palabras, el dinero va sólamente a los ganadores, no a los perdedores; la financiación llueve sobre los que tienen poder. El apoyar al caballo ganador sucede con ambos partidos; la publicidad cae casi siempre del lado del que tiene un cargo. En el (remoto e inusual) caso que una elección sea competitiva, el problema coge un cariz distinto, pero igualmente deprimente. Los ingresos relativos de ambos candidatos se igualan ligeramente (pasan a ser dos a uno, habitualmente), pero la lista de donantes de ambos candidatos empieza a converger misteriosamente. Si estoy tratando de evitar al candidato a sueldo de algún nefando interés, es bastante seguro que ese nefando interés acabe financiando a ambos.
El sistema funciona bastante mejor, todo hay que decirlo, cuando el número de actores implicados en pasar una política se reduce, o dicho en otras palabras, en el Reino Unido. Aún con sus escándalos ocasionales, los partidos británicos son perfectamente conscientes que si hacen el tonto, son un blanco grande, luminoso y perfectamente distinguible para el electorado. Si hay políticas cuestionables que siguen una donación enorme, es ridículamente fácil saber quién tiene la culpa de todo ello. Hay un partido en el gobierno, tiene mayoría en el parlamento y está mandando en solitario, así que la bronca le cae inevitablemente a él. Como las donaciones son a partidos (que son los que hacen las listas) y no a candidatos individuales (no demasiado relevantes) castigar al corrupto es tan sencillo como votar a la oposición y listos.
Como resultado, los partidos británicos se cuidan muy mucho de no hacer el tarugo en demasía, ya que la prensa puede cazarles con relativa facilidad si son visiblemente corruptos. El problema, claro está, es que las donaciones se siguen dando a la americana (a ambos partidos por igual) demasiado a menudo, y que los favores, en ocasiones, son fácilmente ocultables bajo un aire de política respetable, hecha con cierto consenso entre partidos. Los costes de información para el electorado, aunque más bajos, siguen existiendo.
Mañana, con más calma, las miserias de la financiación pública (mucho más peligrosa de lo que parece), y cuando los partidos recurren a métodos de legalidad cuestionable. Manténganse en antena.
Debo advertir que todo lo que voy a escribir en los siguientes párrafos es una historia triste, muy triste. La financiación de los partidos políticos es uno de esos problemas que ninguna democracia ha logrado solucionar. No hay ninguna ley de financiación que no tenga inconvenientes; de hecho no creo que haya nada que funcione remotamente bien. Empecemos pues hablando sobre qué podemos encontrar ahí fuera.
Los partidos políticos obtienen sus recursos básicamente de cuatro fuentes distintas: donaciones privadas, cuotas de los militantes, subvenciones públicas y corrupción pura y dura. Cada uno de estos factores tiene una importancia variable según el sistema legal de cada país, con niveles de importancia muy dispares.
De esta lista, las cuotas de la militancia es de lejos el más irrelevante en la actualidad; la mayoría de los partidos no llegan a cubrir ni siquiera una cuarta parte de sus presupuestos gracias a ellas, y la tendencia sigue siendo a la baja. Variaciones sobre este sistema, como las contribuciones sindicales en los laboristas británicos, también se han ido extinguiendo poco a poco. El declive de esta fuente de financiación se debe en parte a una perdida de militantes (general en todas las democracias), pero sobretodo a un incremento de los costes de las campañas, y el acceso a otras fuentes de ingresos. Su perdida, sin embargo, no debe exagerarse demasiado; ni en la época gloriosa del partido de masas (entreguerras) se dependió demasiado de ellas.
El factor que tiene un mayor grado de variabilidad en las legislaciones de financiación de partidos políticos es la existencia o no de subvenciones públicas. Por un lado tenemos un grupo de países en los que estas subvenciones son o nulas o extremadamente limitadas (Estados Unidos, Reino Unido), por otro tenemos otro bloque en los que los partidos obtienen la mayor parte de sus recursos del estado (casi todo Europa continental).
Confiar en la financiación privada tiene sus ventajas e inconvenientes. Por un lado, aquellos que quieren "poner el dinero donde están sus ideas" pueden hacerlo sin problemas; si se quiere apoyar una determinada agente es posible hacerlo públicamente y de forma transparente. El electorado sabe, en teoría, quién ha ayudado a cada candidato, y puede vigilar que su apoyo no sea compensado luego.
En la práctica, sin embargo, la cosa no resulta tan sencilla. Para empezar, el acceso al sistema político, al "mercado" de ideas no es igualitario; aquellos personas (físicas o jurídicas) con más recursos tienen más capacidad de hacerse oir. Si gente de clase media o trabajadora quieren tener la misma voz, el coste de organización para financiar un candidato es mucho mayor y menos flexible. El segundo problema es que la capacidad de control del electorado es relativamente limitada en muchos casos.
En un sistema como el americano, con múltiples candidatos recaudando dinero para múltiples campañas, cada uno con cientos de donantes, la vigilancia de los políticos no es una tarea sencilla. Si bien los datos son fácilmente accesibles, hacerse una idea clara sobre qué sucede no es tan sencillo para el votante medio. Hay demasiados políticos, demasiados cargos y demasiados donantes para que informarse sea sencillo, y la legislación pasa por demasiadas manos para saber si esa subvención a una petrolera es culpa de mi congresista, que ha pedido a un colega "limpio" de donaciones que la proponga, o no lo es. Castigar a un político que no hace lo que debe se hace complicado debido a la opacidad del sistema; el problema añadido es que el mismo sistema limita la capacidad de control.
Utilizaré un ejemplo. Para empezar, si el presidente del comité de defensa del congreso (Duncan Hunter, Republicano) ha recibido más de $200.000 de la industria armamentística, y estoy cabreado con él, tengo el pequeño problema que si no vivo en California no puedo echarlo directamente. El tipo puede estar haciendo la pelota a empresas de su distrito, consiguiéndoles contratos a precio de oro ("apruébame esta compra de misiles, anda"), y mi voto no puede hacer nada para echarle.
El problema se hace más grave, sin embargo, cuando se echa una ojeada a cómo fue la campaña de reelección de Hunter. En el 2004 el tipo se gastó más de un millón de dólares para ganar con un 69% del voto. Su oponente, Brian Keliher, se gastó $15.000. Dicho en pocas palabras, el dinero va sólamente a los ganadores, no a los perdedores; la financiación llueve sobre los que tienen poder. El apoyar al caballo ganador sucede con ambos partidos; la publicidad cae casi siempre del lado del que tiene un cargo. En el (remoto e inusual) caso que una elección sea competitiva, el problema coge un cariz distinto, pero igualmente deprimente. Los ingresos relativos de ambos candidatos se igualan ligeramente (pasan a ser dos a uno, habitualmente), pero la lista de donantes de ambos candidatos empieza a converger misteriosamente. Si estoy tratando de evitar al candidato a sueldo de algún nefando interés, es bastante seguro que ese nefando interés acabe financiando a ambos.
El sistema funciona bastante mejor, todo hay que decirlo, cuando el número de actores implicados en pasar una política se reduce, o dicho en otras palabras, en el Reino Unido. Aún con sus escándalos ocasionales, los partidos británicos son perfectamente conscientes que si hacen el tonto, son un blanco grande, luminoso y perfectamente distinguible para el electorado. Si hay políticas cuestionables que siguen una donación enorme, es ridículamente fácil saber quién tiene la culpa de todo ello. Hay un partido en el gobierno, tiene mayoría en el parlamento y está mandando en solitario, así que la bronca le cae inevitablemente a él. Como las donaciones son a partidos (que son los que hacen las listas) y no a candidatos individuales (no demasiado relevantes) castigar al corrupto es tan sencillo como votar a la oposición y listos.
Como resultado, los partidos británicos se cuidan muy mucho de no hacer el tarugo en demasía, ya que la prensa puede cazarles con relativa facilidad si son visiblemente corruptos. El problema, claro está, es que las donaciones se siguen dando a la americana (a ambos partidos por igual) demasiado a menudo, y que los favores, en ocasiones, son fácilmente ocultables bajo un aire de política respetable, hecha con cierto consenso entre partidos. Los costes de información para el electorado, aunque más bajos, siguen existiendo.
Mañana, con más calma, las miserias de la financiación pública (mucho más peligrosa de lo que parece), y cuando los partidos recurren a métodos de legalidad cuestionable. Manténganse en antena.
De mentiras y salud política
El primer síntoma que alguien goza de mala salud política es cuando se empieza a hablar de ella. Cuando Zaplana debe salir por los pasillos diciendo que él y Acebes estan fuertes como robles y que son más moderados que nadie es señal que el enfermo realmente no está en su mejor momento.
Sí, el PP se está centrando. El alto el fuego de ETA parece que será, de forma indirecta, el salvavidas de Rajoy frente a las divisiones de su partido por un tiempo. La apelación a la responsabilidad de estado que ha venido de todas partes, incluso del mismísimo Manuel Fraga, y el silencio de Aznar han permitido a Rajoy recuperar la iniciativa en el partido y el sentido de estado fuera. Parece que tanto él como Zapatero entienden lo importante que es su colaboración.
Sí, el PP se está centrando. El alto el fuego de ETA parece que será, de forma indirecta, el salvavidas de Rajoy frente a las divisiones de su partido por un tiempo. La apelación a la responsabilidad de estado que ha venido de todas partes, incluso del mismísimo Manuel Fraga, y el silencio de Aznar han permitido a Rajoy recuperar la iniciativa en el partido y el sentido de estado fuera. Parece que tanto él como Zapatero entienden lo importante que es su colaboración.
lunes, marzo 27, 2006
Pasando el cepillo: ERC y la financiación
El escándalo contra el malvado partido diábolico preferido de la derecha de la semana va de financiación. Por una vez, esta no se refiere a la Generalitat y balanzas fiscales, sino al propio partido, que parece haberle cogido un cariño al poder bastante serio. Hablo, claro está, de las acusaciones lanzadas contra ERC de estar exigiendo una parte del sueldo a todo o parte del personal no-funcionario de sus departamentos en la Generalitat.
La distinción entre que sea a todos o una parte es relevante. Si como dicen los republicanos sólo piden un porcentaje del sueldo a los trabajadores que están en la Generalitat designados por el partido, es decir, políticos ejerciendo como tal en la administración (asesores, directores generales, etcétera) el escándalo de hecho no existe. Como bien señala Daniel Sirera, que como cargo político del PP debe pasar por caja en su partido, es una práctica habitual, reconocida y ciertamente aceptable. Los políticos son militantes que viven de su trabajo para el partido; es legal y comprensible que estos esperen una contribución.
El problema es cuando empezamos a hablar de no militantes. No todos los cargos de libre designación (209 en seis consejerías; un número en ningún caso inusual) tiene el carnet del partido. Si son cargos de confianza se entiende, sin embargo, que sí son simpatizantes; que el partido les recuerde que forman parte de su proyecto no está fuera de la normalidad. Hay ministros sin carnet de partido en casi todos los gobiernos, y es habitual que paguen parte de su sueldo de igual modo. Un jefe de prensa o de gabinete no tiene porque ser diferente.
Lo que si no es de recibo es que empleados en régimen laboral o interinos que están en la Generalitat sin haber sido nombrados por políticos reciban peticiones de dinero. El problema, claro esta, es que esto parece no haber sucedido; aunque el tono histérico de algunos parece que tratar de ocultar este detalle. En el caso que gente que no hubiera sido nombrada por ERC hubiera recibido petición de dinero so pena de perder el empleo, el escándalo si estaría más que justificado. De momento, las alegaciones lanzadas contra los republicanos no deja de ser algo que todos los partidos hacen, aunque quizás de forma menos concienzuda.
Eso no quita que haya algunas actuaciones discutibles, incluso no sugiriendo cobros. Ponerse a reclutar "amigos" del partido entre el personal no funcionario de sus departamentos, por ejemplo, es algo cuestionable. Si a uno su jefe le sugiere por carta que se apunte a su club de petanca, cualquiera que sea un tanto pelota y quiera estar a buenas con el que manda al menos se lo pensará. No es demasiado razonable (aunque que yo sepa, tampoco es inusual) que un partido haga lo mismo cuando llega a un gobierno. Afiliarse es voluntario, sí, pero quien te lo pide no es un actor neutral. Si los funcionarios tienen empleo de por vida es para evitar estas "sugerencias", un partido no debe aprovecharse de las rendijas del sistema.
Un último apunte, por cierto. La retórica izquierdosa de Vendrell sobre una financiación para no depender de "los poderosos" sobra. Como señala hoy El País, el 77% de los ingresos de ERC provienen de las subvenciones públicas (por cierto, datos del 2002; ya vale con los retrasos en estas estadísticas). En mayor o menor medida, todos los partídos políticos dependen de sí mismos y de la legislación que aprueben para obtener recursos. Sí, las campañas las pagamos nosotros, nos guste o no, con dinero que se conceden ellos. Me parece que la alternativa no la veremos nunca.
La distinción entre que sea a todos o una parte es relevante. Si como dicen los republicanos sólo piden un porcentaje del sueldo a los trabajadores que están en la Generalitat designados por el partido, es decir, políticos ejerciendo como tal en la administración (asesores, directores generales, etcétera) el escándalo de hecho no existe. Como bien señala Daniel Sirera, que como cargo político del PP debe pasar por caja en su partido, es una práctica habitual, reconocida y ciertamente aceptable. Los políticos son militantes que viven de su trabajo para el partido; es legal y comprensible que estos esperen una contribución.
El problema es cuando empezamos a hablar de no militantes. No todos los cargos de libre designación (209 en seis consejerías; un número en ningún caso inusual) tiene el carnet del partido. Si son cargos de confianza se entiende, sin embargo, que sí son simpatizantes; que el partido les recuerde que forman parte de su proyecto no está fuera de la normalidad. Hay ministros sin carnet de partido en casi todos los gobiernos, y es habitual que paguen parte de su sueldo de igual modo. Un jefe de prensa o de gabinete no tiene porque ser diferente.
Lo que si no es de recibo es que empleados en régimen laboral o interinos que están en la Generalitat sin haber sido nombrados por políticos reciban peticiones de dinero. El problema, claro esta, es que esto parece no haber sucedido; aunque el tono histérico de algunos parece que tratar de ocultar este detalle. En el caso que gente que no hubiera sido nombrada por ERC hubiera recibido petición de dinero so pena de perder el empleo, el escándalo si estaría más que justificado. De momento, las alegaciones lanzadas contra los republicanos no deja de ser algo que todos los partidos hacen, aunque quizás de forma menos concienzuda.
Eso no quita que haya algunas actuaciones discutibles, incluso no sugiriendo cobros. Ponerse a reclutar "amigos" del partido entre el personal no funcionario de sus departamentos, por ejemplo, es algo cuestionable. Si a uno su jefe le sugiere por carta que se apunte a su club de petanca, cualquiera que sea un tanto pelota y quiera estar a buenas con el que manda al menos se lo pensará. No es demasiado razonable (aunque que yo sepa, tampoco es inusual) que un partido haga lo mismo cuando llega a un gobierno. Afiliarse es voluntario, sí, pero quien te lo pide no es un actor neutral. Si los funcionarios tienen empleo de por vida es para evitar estas "sugerencias", un partido no debe aprovecharse de las rendijas del sistema.
Un último apunte, por cierto. La retórica izquierdosa de Vendrell sobre una financiación para no depender de "los poderosos" sobra. Como señala hoy El País, el 77% de los ingresos de ERC provienen de las subvenciones públicas (por cierto, datos del 2002; ya vale con los retrasos en estas estadísticas). En mayor o menor medida, todos los partídos políticos dependen de sí mismos y de la legislación que aprueben para obtener recursos. Sí, las campañas las pagamos nosotros, nos guste o no, con dinero que se conceden ellos. Me parece que la alternativa no la veremos nunca.
viernes, marzo 24, 2006
De políticos y controles
Cada vez que comento algo sobre una posible reforma institucional (desde el Senado a estatutos de autonomía varios) siempre acabo discutiendo amigablemente sobre posibles reformas electorales, y la inevitable referencia a listas abiertas y el fin de la partitocracia en España. Como estoy un poco harto de hablar de terrorismo y discutir sobre la primera guerra mundial (hay gente que tiene que estar en contra del detalle más estúpido), me voy a centrar un poco en los problemas que los sistemas de listas abiertas y parientes próximos tienen.
La relación entre políticos y votantes tiene algunas particularidades curiosas. El electorado es de algún modo el "jefe" de los políticos; tienen una serie de preferencias (crecimiento económico, paz, honestidad, lo que sea) y escogen un tipo como presidente para que las cumpla. Los políticos son gestores de una empresa que es propiedad del electorado, y trabajan para cumplir los objetivos que este electorado les marca. Si se portan mal, los votantes le preguntarán por qué no ha cumplido, y decidirán si sus excusas son buenas ("es que el petroleo está caro") o si deciden que el tipo no vale y escogen a otro.
En Ciencias Sociales, esta relación entre un actor que da órdenes y otro que debe llevarlas a cabo se les llama relaciones de principal agente, y en el mundo real las encontramos a patadas. Multitud de situaciones siguen este patrón, desde la interacción entre accionistas y ejecutivos a la de políticos y funcionarios, pasando por la caída de Florentino Pérez al frente del Real Madrid. El modelo tiene infinitas variaciones, dando lugar a variados problemas y estrategias para solucionarlas. Desde problemas de información asimétrica, en la que los agentes saben mucho más que el principal sobre el problema a tratar, a problemas de preferencias distintas (el agente tiene objetivos opuestos a su jefe), varios principales (con órdenes contradictorias), varios agentes, y así hasta el infinito.
Para hablar del electorado y su relación con los políticos, vamos a imaginar una hipotética empresa que está construyendo una línea de tren. Supongamos que somos el propietario, y debemos asegurar que la obra se hace rápido y bien, y que cada uno de los 5000 obreros cumplen con su trabajo. Para ello, nos montamos en un todo terreno y vamos dando vueltas de arriba a abajo en la obra para asegurar que nadie haga el vago, todo el mundo curre y nadie se esté llevando traviesas o hilo de cobre a casa.
El problema evidente es que por mucho todo terreno y muchos paseos que demos, un sólo par de ojos no dan para vigilar toda la obra. Cuando estamos en Salvacañete echando la bronca y despidiendo a dos vagos, tenemos gente en Cuenca llevándose railes para venderlos al chatarrero. A la que volvemos corriendo a Cuenca, ya tenemos media plantilla en Alicante durmiendo a pierna suelta. Al poco nos daremos cuenta que vigilar a 5000 tipos sin ganas de trabajar y con posibles tendéncias cleptómanas no es la tarea más fácil del mundo. La solución pasa por dividir el trabajo, evidentemente. Toca contratar capataces.
Un capataz es un tipo que tiene asignada una área más o menos controlable, y que tiene que conseguir que la obra en esa zona funcione, se haga según calendario y no se pase de presupuesto. Nosotros vigilamos los resultados que nuestro guardián obtiene, y el se asegura de mantener a los obreros trabajando. Si los obreros no trabajan, el capataz los despide; si el capataz no logra que la obra se complete, nosotros despedimos al capataz. Al ser mucho más fácil vigilar a cuatro guardianes que a 5000 curritos, nuestro trabajo es mucho más fácil, y la obra es más eficiente.
Translademos esto a un sistema político. El electorado básicamente tiene el mismo trabajo que el empresario en nuestra hipotética empresa; vigila a los políticos para que hagan su trabajo, no pierdan el tiempo y pierdan el cargo si se llevan el dinero a casa. El problema que tienen los votantes, como en el ejemplo anterior, es que su capacidad de recabar información es limitada. Debido a falta de tiempo, ganas o capacidad de lectura de diarios de sesiones del Congreso, muchos ciudadanos tienen problemas bastante serios para atribuir responsabilidades a los políticos.
Una democracia representativa vive en el equilibrio de dos factores. Por un lado, la capacidad de los electores para premiar a los buenos políticos y castigar a los malos; por el otro, la posibilidad de votar a un determinado número de cargos políticos y candidatos. Como mayor es el el segundo elemento (más instituciones se votan, más políticos individuales), más difícil resulta para el votante hacer lo primero.
En un sistema como el americano, por ejemplo (una constitución que me encanta), a uno le tiene que gustar mucho la política y estar muy interesado sobre una determinada materia para saber exactamente qué depende de quien. El sistema de comités, subcomités, agencias y ejecutivos a nivel federal, estatal y local hace bastante difícil entender de quién depende cada cosa. El otro día intentaba averiguar por qué un puente de la I-95 en Bridgeport lleva más de diez años en obras, y tras media hora de Google furibundo fui incapaz de echarle la culpa a nadie, más que nada porque no sé quién narices está pagando por ello. Aún si lo descubriese, mi segundo problema sería cómo echar el incompetente al cargo. ¿Debo tratar de alterar el comité de transporte del congreso? ¿al comité que nomina al responsable de transporte del estado? ¿al presidente?. Problemas oscuros.
Un sistema político necesita ser representativo, pero también requiere ser mínimamente claro. En un sistema bipartidista con un gobierno centralizado, el legislador ha apostado por la claridad por encima de cualquier otra cosa: uno tiene partido A y partido B, y si no es mérito de uno es culpa del otro. Un sistema de listas abiertas añade representación, haciendo más factible votar a alguien que nos gusta, pero también hace más costosos saber si esa ley absurda que tanto nos irrita es culpa o mérito de alguien que podemos castigar o premiar. Si un político no teme perder el cargo, sus incentivos para tratar de cumplir con las preferencias de los votantes disminuyen, y el sistema se hace menos efectivo en este aspecto.
En resumen, las listas abiertas no son un sistema sin costes. En política, como en todas partes, nada sale gratis, y escoger un sistema que exige más de ciudadanos que tienden al mínimo esfuerzo tiene sus contrapartidas. Como siempre, encontrar un equilibrio entre lo deseable y lo razonable es necesario.
Antes de acabar, una nota al margen. El barroco sistema de gobierno americano (mucho más complejo que cualquier sistema europeo) tiene su razón de ser, y sus misteriosas maneras de ser eficiente. Parte del truco es que confía más en políticos vigilando a otros políticos que en los votantes para asegurar que las cosas funcionen. Es confuso a matar, pero me parece fascinante en su bizantinismo imperial. Vamos, que es muy divertido.
La relación entre políticos y votantes tiene algunas particularidades curiosas. El electorado es de algún modo el "jefe" de los políticos; tienen una serie de preferencias (crecimiento económico, paz, honestidad, lo que sea) y escogen un tipo como presidente para que las cumpla. Los políticos son gestores de una empresa que es propiedad del electorado, y trabajan para cumplir los objetivos que este electorado les marca. Si se portan mal, los votantes le preguntarán por qué no ha cumplido, y decidirán si sus excusas son buenas ("es que el petroleo está caro") o si deciden que el tipo no vale y escogen a otro.
En Ciencias Sociales, esta relación entre un actor que da órdenes y otro que debe llevarlas a cabo se les llama relaciones de principal agente, y en el mundo real las encontramos a patadas. Multitud de situaciones siguen este patrón, desde la interacción entre accionistas y ejecutivos a la de políticos y funcionarios, pasando por la caída de Florentino Pérez al frente del Real Madrid. El modelo tiene infinitas variaciones, dando lugar a variados problemas y estrategias para solucionarlas. Desde problemas de información asimétrica, en la que los agentes saben mucho más que el principal sobre el problema a tratar, a problemas de preferencias distintas (el agente tiene objetivos opuestos a su jefe), varios principales (con órdenes contradictorias), varios agentes, y así hasta el infinito.
Para hablar del electorado y su relación con los políticos, vamos a imaginar una hipotética empresa que está construyendo una línea de tren. Supongamos que somos el propietario, y debemos asegurar que la obra se hace rápido y bien, y que cada uno de los 5000 obreros cumplen con su trabajo. Para ello, nos montamos en un todo terreno y vamos dando vueltas de arriba a abajo en la obra para asegurar que nadie haga el vago, todo el mundo curre y nadie se esté llevando traviesas o hilo de cobre a casa.
El problema evidente es que por mucho todo terreno y muchos paseos que demos, un sólo par de ojos no dan para vigilar toda la obra. Cuando estamos en Salvacañete echando la bronca y despidiendo a dos vagos, tenemos gente en Cuenca llevándose railes para venderlos al chatarrero. A la que volvemos corriendo a Cuenca, ya tenemos media plantilla en Alicante durmiendo a pierna suelta. Al poco nos daremos cuenta que vigilar a 5000 tipos sin ganas de trabajar y con posibles tendéncias cleptómanas no es la tarea más fácil del mundo. La solución pasa por dividir el trabajo, evidentemente. Toca contratar capataces.
Un capataz es un tipo que tiene asignada una área más o menos controlable, y que tiene que conseguir que la obra en esa zona funcione, se haga según calendario y no se pase de presupuesto. Nosotros vigilamos los resultados que nuestro guardián obtiene, y el se asegura de mantener a los obreros trabajando. Si los obreros no trabajan, el capataz los despide; si el capataz no logra que la obra se complete, nosotros despedimos al capataz. Al ser mucho más fácil vigilar a cuatro guardianes que a 5000 curritos, nuestro trabajo es mucho más fácil, y la obra es más eficiente.
Translademos esto a un sistema político. El electorado básicamente tiene el mismo trabajo que el empresario en nuestra hipotética empresa; vigila a los políticos para que hagan su trabajo, no pierdan el tiempo y pierdan el cargo si se llevan el dinero a casa. El problema que tienen los votantes, como en el ejemplo anterior, es que su capacidad de recabar información es limitada. Debido a falta de tiempo, ganas o capacidad de lectura de diarios de sesiones del Congreso, muchos ciudadanos tienen problemas bastante serios para atribuir responsabilidades a los políticos.
Una democracia representativa vive en el equilibrio de dos factores. Por un lado, la capacidad de los electores para premiar a los buenos políticos y castigar a los malos; por el otro, la posibilidad de votar a un determinado número de cargos políticos y candidatos. Como mayor es el el segundo elemento (más instituciones se votan, más políticos individuales), más difícil resulta para el votante hacer lo primero.
En un sistema como el americano, por ejemplo (una constitución que me encanta), a uno le tiene que gustar mucho la política y estar muy interesado sobre una determinada materia para saber exactamente qué depende de quien. El sistema de comités, subcomités, agencias y ejecutivos a nivel federal, estatal y local hace bastante difícil entender de quién depende cada cosa. El otro día intentaba averiguar por qué un puente de la I-95 en Bridgeport lleva más de diez años en obras, y tras media hora de Google furibundo fui incapaz de echarle la culpa a nadie, más que nada porque no sé quién narices está pagando por ello. Aún si lo descubriese, mi segundo problema sería cómo echar el incompetente al cargo. ¿Debo tratar de alterar el comité de transporte del congreso? ¿al comité que nomina al responsable de transporte del estado? ¿al presidente?. Problemas oscuros.
Un sistema político necesita ser representativo, pero también requiere ser mínimamente claro. En un sistema bipartidista con un gobierno centralizado, el legislador ha apostado por la claridad por encima de cualquier otra cosa: uno tiene partido A y partido B, y si no es mérito de uno es culpa del otro. Un sistema de listas abiertas añade representación, haciendo más factible votar a alguien que nos gusta, pero también hace más costosos saber si esa ley absurda que tanto nos irrita es culpa o mérito de alguien que podemos castigar o premiar. Si un político no teme perder el cargo, sus incentivos para tratar de cumplir con las preferencias de los votantes disminuyen, y el sistema se hace menos efectivo en este aspecto.
En resumen, las listas abiertas no son un sistema sin costes. En política, como en todas partes, nada sale gratis, y escoger un sistema que exige más de ciudadanos que tienden al mínimo esfuerzo tiene sus contrapartidas. Como siempre, encontrar un equilibrio entre lo deseable y lo razonable es necesario.
Antes de acabar, una nota al margen. El barroco sistema de gobierno americano (mucho más complejo que cualquier sistema europeo) tiene su razón de ser, y sus misteriosas maneras de ser eficiente. Parte del truco es que confía más en políticos vigilando a otros políticos que en los votantes para asegurar que las cosas funcionen. Es confuso a matar, pero me parece fascinante en su bizantinismo imperial. Vamos, que es muy divertido.
Cosas que no ayudan
Jaime Mayor Oreja es idiota. No hay otra palabra. Hoy ha dicho, tan ricamente, que quizás un hombre de estado deberá "enviar las fuerzas armadas" para "solucionar" el problema vasco tras la euforia negociadora de Zapatero.
Nada, colaborando en crear un clima de diálogo y entendimiento mediante la amenaza de opresión indiscrimida. Un patriota.
Lo que hace las declaraciones aún más estúpidas es que parece que todo el mundo menos los cuatro histéricos de siempre creen que es hora de negociar. Y sí, no es una encuesta demasiado grande (1000 entrevistas) y no deja de venir de la Ser, pero un 80% a favor del diálogo y un 86% diciendo que el PP debe apoyar al gobierno deberían ser pista suficiente para dejar la conspiranoia a un lado y dejarse de tonterías, al menos por ahora.
Rajoy y compañía, tanto alarido atronador contra supuestas cesiones al malvado nacionalista, están en una situación como mínimo complicada. Si van contra el gobierno, pueden quedar como aquellos que sabotearon la paz, poco menos que un suicidio político. Es hora de ser responsables e ir todos a una.
Una última cosa, para los que dicen que con el alto el fuego ETA tiene la iniciativa y el control omnímodo de la política española. ¿Cuál era la mejor opción? Quizás su idea es que Zapatero y Chirac debían declarar un alto el fuego incondicional y pedir negociaciones a la banda. ¿Daría eso el gobierno la iniciativa? ¿Sería eso la "victoria" que ellos dicen buscar? La irracionalidad de algunos es realmente delirante.
Nada, colaborando en crear un clima de diálogo y entendimiento mediante la amenaza de opresión indiscrimida. Un patriota.
Lo que hace las declaraciones aún más estúpidas es que parece que todo el mundo menos los cuatro histéricos de siempre creen que es hora de negociar. Y sí, no es una encuesta demasiado grande (1000 entrevistas) y no deja de venir de la Ser, pero un 80% a favor del diálogo y un 86% diciendo que el PP debe apoyar al gobierno deberían ser pista suficiente para dejar la conspiranoia a un lado y dejarse de tonterías, al menos por ahora.
Rajoy y compañía, tanto alarido atronador contra supuestas cesiones al malvado nacionalista, están en una situación como mínimo complicada. Si van contra el gobierno, pueden quedar como aquellos que sabotearon la paz, poco menos que un suicidio político. Es hora de ser responsables e ir todos a una.
Una última cosa, para los que dicen que con el alto el fuego ETA tiene la iniciativa y el control omnímodo de la política española. ¿Cuál era la mejor opción? Quizás su idea es que Zapatero y Chirac debían declarar un alto el fuego incondicional y pedir negociaciones a la banda. ¿Daría eso el gobierno la iniciativa? ¿Sería eso la "victoria" que ellos dicen buscar? La irracionalidad de algunos es realmente delirante.
jueves, marzo 23, 2006
De treguas y derrotas
Principios de noviembre de 1918. Alemania ve que la guerra está perdida. El frente occidental en ruinas, los marineros en Kiel se rebelan, el ejercito es incapaz de contener el asalto francés y británico. Desesperado, el nuevo canciller Max Von Baden pide el armisticio a los aliados, que piden que el Kaiser abdique. Las armas callan el dia once de ese mismo mes.
Principios de agosto de 1945. Japón sabe que la guerra está perdida. Sólo su voluntad de salvar su honor, y un desesperado fatalismo, le llevan a seguir luchando. Los dos ataques con bombas nucleares por parte de los americanos, sin embargo, le abren los ojos de la inutilidad de mantenerse en la guerra. El 15 de agosto, Japón deja las armas y se rinde.
Según la interpretación de algunos, los titulares al día siguiente serían: "Francia, Inglaterra y Estados Unidos se declaran en tregua ante el terror alemán" y "Estados Unidos, humillados ante un Japón más fuerte que nunca".
Aquí parece que en las guerras el que declara el alto el fuego es el que las ha ganado, no el que las ha perdido. El estado le ha dado una paliza a ETA. Los terroristas pretendían inflingir tanta muerte y dolor que para España resultara insostenible seguir manteniendo su presencia en Euskadi, y han acabado siendo incapaces incluso de ser respetados en casa.
Este alto el fuego no es el estado implorando clemencia, con una organización terrrista poniendo 100 muertos al año en la mesa. Este alto el fuego es una ETA harta de ser incapaz de matar una mosca, de ser relevante, de pasarse la vida en cárcel mientras sus objetivos se alejan. Es un alto el fuego de quien ha perdido una guerra, y pide un armisticio y rendición honorable.
Creer que ETA pide esta tregua desde una posición de fuerza es sencillamente estúpido. Están pidiendo una capitulación honrosa, que les permita seguir con su vida sin rencor. A los que piden rendiciones humillantes, me temo que confunden magnanimidad con derrota.
A todo esto, me gustaría saber cuales son esas milagrosas concesiones que toda la derecha dice que Zapatero ha dado, pero que nadie lista en ninguna parte. Como los agujeros del 11-M, la misma idea de las "cesiones" y la conspiración Carod-Euskaldún mundial suenan a conspiración y gritos pidiendo que el gobierno demuestre su inocencia.
Esto no es una tregua de unos meses como la de Argel, o una propagandística como las treguas parciales anteriores. No es ni siquiera un intento de hacer frente común con el PNV y sobrevivir a un tremendo acoso policial como la de 1998. Esta tregua huele a derrota.
Principios de agosto de 1945. Japón sabe que la guerra está perdida. Sólo su voluntad de salvar su honor, y un desesperado fatalismo, le llevan a seguir luchando. Los dos ataques con bombas nucleares por parte de los americanos, sin embargo, le abren los ojos de la inutilidad de mantenerse en la guerra. El 15 de agosto, Japón deja las armas y se rinde.
Según la interpretación de algunos, los titulares al día siguiente serían: "Francia, Inglaterra y Estados Unidos se declaran en tregua ante el terror alemán" y "Estados Unidos, humillados ante un Japón más fuerte que nunca".
Aquí parece que en las guerras el que declara el alto el fuego es el que las ha ganado, no el que las ha perdido. El estado le ha dado una paliza a ETA. Los terroristas pretendían inflingir tanta muerte y dolor que para España resultara insostenible seguir manteniendo su presencia en Euskadi, y han acabado siendo incapaces incluso de ser respetados en casa.
Este alto el fuego no es el estado implorando clemencia, con una organización terrrista poniendo 100 muertos al año en la mesa. Este alto el fuego es una ETA harta de ser incapaz de matar una mosca, de ser relevante, de pasarse la vida en cárcel mientras sus objetivos se alejan. Es un alto el fuego de quien ha perdido una guerra, y pide un armisticio y rendición honorable.
Creer que ETA pide esta tregua desde una posición de fuerza es sencillamente estúpido. Están pidiendo una capitulación honrosa, que les permita seguir con su vida sin rencor. A los que piden rendiciones humillantes, me temo que confunden magnanimidad con derrota.
A todo esto, me gustaría saber cuales son esas milagrosas concesiones que toda la derecha dice que Zapatero ha dado, pero que nadie lista en ninguna parte. Como los agujeros del 11-M, la misma idea de las "cesiones" y la conspiración Carod-Euskaldún mundial suenan a conspiración y gritos pidiendo que el gobierno demuestre su inocencia.
Esto no es una tregua de unos meses como la de Argel, o una propagandística como las treguas parciales anteriores. No es ni siquiera un intento de hacer frente común con el PNV y sobrevivir a un tremendo acoso policial como la de 1998. Esta tregua huele a derrota.
miércoles, marzo 22, 2006
Izquierdistas equivocados
Con todo el jaleo de la tregua, me voy a quedar sin poder hablar de las dos últimas cruzadas por causas perdidas de ciertos sectores de la izquierda estos días, Bolivia y Francia.
El caso Francés lo he discutido indirectamente otras veces. Me temo que los estudiantes se deberían quejar no porque se liberaliza el empleo, si no porque sólo se liberaliza una parte. La receta de Villepin es un parche que "arreglará" las cosas a base de crear más empleo temporal, no más en agregado. Se debe aumentar la flexibilidad al resto del mercado laboral.
Sobre Bolivia hay más que contar; me extenderé más otro día. Sólo decir que la nacionalización es una estupidez que no arregla nada, y crea más problemas. El desarrollo no se consigue teniendo dinero, se consigue creándolo. Nacionalizar recursos no hará el país más rico.
El caso Francés lo he discutido indirectamente otras veces. Me temo que los estudiantes se deberían quejar no porque se liberaliza el empleo, si no porque sólo se liberaliza una parte. La receta de Villepin es un parche que "arreglará" las cosas a base de crear más empleo temporal, no más en agregado. Se debe aumentar la flexibilidad al resto del mercado laboral.
Sobre Bolivia hay más que contar; me extenderé más otro día. Sólo decir que la nacionalización es una estupidez que no arregla nada, y crea más problemas. El desarrollo no se consigue teniendo dinero, se consigue creándolo. Nacionalizar recursos no hará el país más rico.
Alto el fuego: ¿y ahora qué?
ETA declara un alto el fuego permanente. Como era previsible, a algunos parece que no les ha gustado la noticia, procediendo a hablar de gobiernos indignos y otros fantasmas variados; el resto del país supongo que se habrá alegrado, aunque sea un poco. Hay un poco más de esperanza.
La pregunta obvia, sin embargo, es ahora qué se debe hacer. Hay un alto el fuego permanente, las armas han callado. La banda terrorista quiere dejar de usar la violencia para lograr sus objetivos, que es obtener el derecho de secesión (autodeterminación es colonial; no me gusta) para Euskadi.
Guste el objetivo perseguido o no, esto es una democracia. ERC defiende objetivos parecidos, y el partido es legal, tolerado y participa como cualquier otro en la vida política del país desde hace décadas. Gana votos, pierde votos, defiende sus ideas y se pasa la vida lloriqueando, pero existe como un partido normal que aspira a conseguir lo que quiere en las urnas.
Sí, se debe legalizar Batasuna. Sí, se debe permitir que participe en el proceso político del mismo modo que ERC, sin más limitaciones que las leyes existentes. Eso implica dejar la puerta abierta a reconocer el derecho de autodeterminación si ganan las elecciones y pasan una reforma legal con una mayoría suficiente, negociando con el Estado ciertas condiciones. Si los vascos quieren largarse, y dan una mayoría a partidos que defienden esa opción, se les debe dar la oportunidad de votarlo. Es algo de sentido común, aunque no sucederá nunca; no tienen los números para sacar esa mayoría.
Lo que es obvio es que se debe ser muy cauteloso. No es la primera tregua, ciertamente, pero que yo recuerde es el primer "alto el fuego permanente". ETA no ha desaparecido; sólo ha dicho que dejará de usar la violencia. Es hora que el PP se deje de estupideces conspiratorias, empiece a pensar con la cabeza y apoye al gobierno con todas las letras, sin matices. Deben parar de poner condiciones, cerrarse con Zapatero en una habitación, y discutir todo en privado, sin tratar de apuntarse tantos políticos. Y el PSOE debe dejar muy claro, a cambio de la lealtad del PP, que el mérito al acabar con la violencia es de todos.
Ahora, más que nunca, PP y PSOE deben actuar en esta materia como un único partido; prácticamente como si compartieran el ministerio del interior. El terrorismo debe estar fuera de toda confrontación política, y su solución debe ser vista por el electorado como algo conseguido con la participación de todos. El gobierno debe olvidarse de la mágica montaña de votos que esto le podría reportar, y el PP debe dejar de pensar en cómo contrarrestarlo. La posición de ambos partidos, de aquí a las siguientes elecciones, debe ser imposible de distinguir. Si se quieren pegar de tortas, que sea en otras materias.
ETA no tiene demasiadas salidas. Es hora que la democracia les dé una que valga la pena.
La pregunta obvia, sin embargo, es ahora qué se debe hacer. Hay un alto el fuego permanente, las armas han callado. La banda terrorista quiere dejar de usar la violencia para lograr sus objetivos, que es obtener el derecho de secesión (autodeterminación es colonial; no me gusta) para Euskadi.
Guste el objetivo perseguido o no, esto es una democracia. ERC defiende objetivos parecidos, y el partido es legal, tolerado y participa como cualquier otro en la vida política del país desde hace décadas. Gana votos, pierde votos, defiende sus ideas y se pasa la vida lloriqueando, pero existe como un partido normal que aspira a conseguir lo que quiere en las urnas.
Sí, se debe legalizar Batasuna. Sí, se debe permitir que participe en el proceso político del mismo modo que ERC, sin más limitaciones que las leyes existentes. Eso implica dejar la puerta abierta a reconocer el derecho de autodeterminación si ganan las elecciones y pasan una reforma legal con una mayoría suficiente, negociando con el Estado ciertas condiciones. Si los vascos quieren largarse, y dan una mayoría a partidos que defienden esa opción, se les debe dar la oportunidad de votarlo. Es algo de sentido común, aunque no sucederá nunca; no tienen los números para sacar esa mayoría.
Lo que es obvio es que se debe ser muy cauteloso. No es la primera tregua, ciertamente, pero que yo recuerde es el primer "alto el fuego permanente". ETA no ha desaparecido; sólo ha dicho que dejará de usar la violencia. Es hora que el PP se deje de estupideces conspiratorias, empiece a pensar con la cabeza y apoye al gobierno con todas las letras, sin matices. Deben parar de poner condiciones, cerrarse con Zapatero en una habitación, y discutir todo en privado, sin tratar de apuntarse tantos políticos. Y el PSOE debe dejar muy claro, a cambio de la lealtad del PP, que el mérito al acabar con la violencia es de todos.
Ahora, más que nunca, PP y PSOE deben actuar en esta materia como un único partido; prácticamente como si compartieran el ministerio del interior. El terrorismo debe estar fuera de toda confrontación política, y su solución debe ser vista por el electorado como algo conseguido con la participación de todos. El gobierno debe olvidarse de la mágica montaña de votos que esto le podría reportar, y el PP debe dejar de pensar en cómo contrarrestarlo. La posición de ambos partidos, de aquí a las siguientes elecciones, debe ser imposible de distinguir. Si se quieren pegar de tortas, que sea en otras materias.
ETA no tiene demasiadas salidas. Es hora que la democracia les dé una que valga la pena.
martes, marzo 21, 2006
Planeta América
Llevo viviendo en Connecticut desde hace un año y medio, y la verdad, me parece que nunca hablo lo suficiente de las rarezas y peculiaridades que tiene la vida en Estados Unidos. De vez en cuando he tratado de colar detalles hablando de urbanismo o del clima, pero me temo que siempre dejo los detalles más extravagantes fuera. Ahí va una lista desordenada de las extrañas costumbres del planeta América, versión Nueva Inglaterra. Que conste que esta es la parte más "normal" (europea) del país...
Lo siento, hoy no había nada interesante en las noticias, así que os toca aguantar batallitas de viajero feroz. Os aguantais.
- Posavasos. Los americanos exigen, necesitan, piden posavasos. Todos los coches tienen legiones de ellos; en el salpicadero, puertas, entre los asientos, siempre hay lugar para dejar el café.
- Más posavasos. El carro de la compra en el supermercado (que por cierto, es del tamaño de un Seat Panda) tiene casi siempre un posavasos. Por algo hay un Starbucks incluso dentro del supermercado, claro.
- Bancos y coches. ¿Alguna vez os ha dado pereza bajar del coche para sacar dinero de un cajero? A los americanos sí. Para evitar el tedio que supone aparcar y andar diez metros, casi todas las oficinas bancarias en zonas comerciales tienen drive-thru banking. En otras palabras, un cajero automático para sacar dinero desde el coche, estilo McAuto.
- Centros comerciales a la americana. La idea que los americanos tienen de un centro comercial es un strip mall. Básicamente el invento consiste en una calle de tres carriles por sentido de un par de millas de largo, a parir de lejos del centro y sin transporte público que valga, rodeada de mega tiendas rodeadas de aparcamientos al aire libre de dos o tres hectáreas. Algo así como un Carrefour rodeado de miles de coches aparcados, trescientos metros más allá lo mismo con un Ikea, y así sucesivamente. Algo parecido a Montigalà o Alcorcón, pero a escala megalítica ginorme por todo el país, y sin niguna esperanza de ver un peatón. New Haven tiene en los alrededores al menos dos de estos engendros, y es una ciudad de 150.000 habitantes...
- Noticias irrelevantes. Si alguno acabó hasta el gorro de las niñas de Alcasser o una de las paranoias mediáticas pasajeras que aparecen en España de vez en cuando, que no venga a Estados Unidos. En las cadenas de noticias de aquí uno tiene garantizada cobertura constante de al menos cuatro o cinco casos por el estilo a la vez, siempre relacionados con alguna niña rubia blanca de clase media que ha desaparecido o ha sido asesinada. Y no se cansan, oye. Llevan hablando de la desaparición de Natalie Halloway de manera constante, cada día, desde hace diez meses.
- Consumismo en serio. Este país es el paraíso del consumidor compulsivo amante de la variedad. El otro día conté en el supermercado unas sesenta variedades distintas de cereal de desayuno, veinte de zumo de naranja natural (el doble sin contamos el de extracto) y unas ocho variedades de papel de váter, sin contar variaciones en el número de rollo ofrecidos por paquete. Todo sigue más o menos el mismo patrón.
- El pepino. Por alguna razón que se me escapa, en Nueva Inglaterra es una especie de obsesión el servir las cosas con un pepino de acompañamiento. No tengo ni idea del motivo.
- Obras públicas. No he visto país más lento e incompetente en hacer una reparación a una autopista. Aparte que el estado general de las carreteras deja bastante que desear (sí, es peor que en España), para añadir un tercer carril a diez kilómetros de autopista se pueden tirar tranquilamente cuatro años. En ocasiones, uno se pregunta si se han olvidado qué debían hacer y sólo están paseándose en excavadoras.
Lo siento, hoy no había nada interesante en las noticias, así que os toca aguantar batallitas de viajero feroz. Os aguantais.
lunes, marzo 20, 2006
Reformando el Senado
Ya era hora. De todas las instituciones nacidas de la Constitución del 78, el Senado es probablemente la peor diseñada. Creada como cámara de representación territorial antes que las autonomías fueran una realidad, la cámara alta es ahora mismo una especie de homenaje al sistema provincial en un país donde estas ya no pintan demasiado. Casi nadie se esperaba, cuando se redactaba su organización, que toda España acabaría abrazando el sistema federalista autonómico. Como consecuencia, su papel de contrapeso territorial acabo con el arcaico dibujo actual.
Es por eso que las voces y debates en pos de una reforma del Senado deben ser bienvenidas. España vive la paradoja de tener unas instituciones democráticas que manejan directa o indirectamente (con los ayuntamientos) casi la mitad del gasto público, pero que apenas disponen de canales para hablar entre ellas o con el gobierno central de forma pública. El resultado es el carrusel actual de negociaciones bilaterales cada vez que hay que redactar una ley básica, un sistema de financiación o un cambio fiscal que reduce o aumenta los ingresos autonómicos (caso del IRPF).
El Senado está allí, en teoría, para debatir estas cosas, pero ahora mismo sus poderes son casi irrelevantes. Primero, su capacidad de veto es casi nula; el Congreso puede levantarlo con un voto por mayoría absoluta. Segundo, el hecho que parte de los senadores se escojan en las elecciones generales y otra parte (limitada) sean designados por los parlamentos autonómicos hacen su composición un tanto difusa. Las autonomías no tienen voz suficiente, y los partidos se concentran en el Congreso, que es dónde las mayorías cuentan.
¿Qué aspecto debe tener un Senado reformado? Primero, no creo que deba llegar a tener el mismo poder que el Congreso. Lo que si debe tener es una cierta preferencia de paso en el debate de las leyes que afecten a las autonomías. El Congreso debería conservar la capacidad de levantar vetos con relativa facilidad a toda votación que no obtenga una supermayoría en el Senado, pero cediendo el redactado de los textos con efectos claros en las autonomías (sobre un 25%, más o menos) a la cámara alta.
Segundo, la elección de los senadores debería ser en las elecciones autonómicas, no en las generales, y debería dar un número de escaños razonablemente simétrico por autonomía, no por provincia. De este modo nos podríamos librar de los senadores por designación autonómica, un tanto pasados de moda, y hacer que las elecciones autonómicas tengan el peso nacional que el nivel de gasto de las regiones merece.
Tercero, sea cual sea la reforma, el consenso es imprescindible. Los cambios de las reglas de representación no son neutrales; siempre tienen ganadores y perdedores. El sistema actual es razonablemente equilibrado para todos (menos IU) y ha dado mayorías y coaliciones manejables. Lo razonable en una reforma del Senado es crear un lugar dónde las autonomías pueden tener voz en las materias que les afectan, no una distribución de poder distinta.
No sé si el PP se apuntará a la reforma o no; quizás seguirán enrocados en proteger la nación española tratando de añadir un artículo (el de competencias exclusivas del estado) que ya existe. De todos modos, un cambio en el Senado sería una mejora considerable en el sistema constitucional español, ya que nos libraría de tanto debate a puerta cerrada o en los periódicos al hablar de temas territoriales.
Es por eso que las voces y debates en pos de una reforma del Senado deben ser bienvenidas. España vive la paradoja de tener unas instituciones democráticas que manejan directa o indirectamente (con los ayuntamientos) casi la mitad del gasto público, pero que apenas disponen de canales para hablar entre ellas o con el gobierno central de forma pública. El resultado es el carrusel actual de negociaciones bilaterales cada vez que hay que redactar una ley básica, un sistema de financiación o un cambio fiscal que reduce o aumenta los ingresos autonómicos (caso del IRPF).
El Senado está allí, en teoría, para debatir estas cosas, pero ahora mismo sus poderes son casi irrelevantes. Primero, su capacidad de veto es casi nula; el Congreso puede levantarlo con un voto por mayoría absoluta. Segundo, el hecho que parte de los senadores se escojan en las elecciones generales y otra parte (limitada) sean designados por los parlamentos autonómicos hacen su composición un tanto difusa. Las autonomías no tienen voz suficiente, y los partidos se concentran en el Congreso, que es dónde las mayorías cuentan.
¿Qué aspecto debe tener un Senado reformado? Primero, no creo que deba llegar a tener el mismo poder que el Congreso. Lo que si debe tener es una cierta preferencia de paso en el debate de las leyes que afecten a las autonomías. El Congreso debería conservar la capacidad de levantar vetos con relativa facilidad a toda votación que no obtenga una supermayoría en el Senado, pero cediendo el redactado de los textos con efectos claros en las autonomías (sobre un 25%, más o menos) a la cámara alta.
Segundo, la elección de los senadores debería ser en las elecciones autonómicas, no en las generales, y debería dar un número de escaños razonablemente simétrico por autonomía, no por provincia. De este modo nos podríamos librar de los senadores por designación autonómica, un tanto pasados de moda, y hacer que las elecciones autonómicas tengan el peso nacional que el nivel de gasto de las regiones merece.
Tercero, sea cual sea la reforma, el consenso es imprescindible. Los cambios de las reglas de representación no son neutrales; siempre tienen ganadores y perdedores. El sistema actual es razonablemente equilibrado para todos (menos IU) y ha dado mayorías y coaliciones manejables. Lo razonable en una reforma del Senado es crear un lugar dónde las autonomías pueden tener voz en las materias que les afectan, no una distribución de poder distinta.
No sé si el PP se apuntará a la reforma o no; quizás seguirán enrocados en proteger la nación española tratando de añadir un artículo (el de competencias exclusivas del estado) que ya existe. De todos modos, un cambio en el Senado sería una mejora considerable en el sistema constitucional español, ya que nos libraría de tanto debate a puerta cerrada o en los periódicos al hablar de temas territoriales.
viernes, marzo 17, 2006
La derecha, a guantazos
En otra muestra de unidad y disciplina de esa que el PP dice tener a espuertas, Alberto Ruiz Gallardón ha puesto a parir sin demasiado disimulo la estrategia de su jefe y acolitos varios hoy en una entrevista en el ABC. El motivo, como de costumbre, es la "brillante" obesión de la cúpula del partido, bordeando el resentimiento, con el 11-M y todo el circo conspiratorio - festivo que le sigue. Una obesión que les lleva a aplaudir libros que insinuan que la policía estuvo implicada, que el juez miente y que todo fue un golpe de estado, cuando no a escribirlos directamente.
Gallardón parece que se ha dado cuenta que tanta fábula y tanto llamar a los votantes idiotas por "dar la razón a los terroristas" no deja de ser una mala idea, y ha decido hablar en contra de ello. La reacción de los defensores de la ortodoxia nacionaliberal, Jiménez Losantos a la cabeza, ha sido fulminante: a la hoguera con él.
Primero, a LD le ha dado por llamar al ABC, monárquico, conservador y editado en Madrid desde tiempo inmemorial, como a un "diario vasco", cosa que no deja de ser surrealista. Tras eso, el mismo Federico imperial se ha lanzado a acusar al ABC, Gallardón, Prisa y el Frente de Liberación de los Gnomos del Jardín de montar un golpe de estado antiliberal, antiespañol y malvado contra Rajoy, ese paladín del bien acomplejado con barbas. El artículo, que es extremista incluso para lo habitual en el locutor de la Cope, habla de revoluciones ocultas, Polanco queriendo romper España (¿por qué, con lo bien que le va?) y carga contra ese sector de la derecha que empieza a negarse a seguir el liderazgo de Rajoy, o más concretamente, su liderazgo.
Detrás de la diatriba de Federico hay básicamente dos cosas. Por un lado, la voz de un sector del PP (Acebes, Aguirre, Zaplana, Del Burgo...) lanzado en mantener el partido en el griterio extremista permanente, y convencido que vale absolutamente todo, incluido reventarlo todo a base de confidentes y conspiraciones, para recuperar el poder. De hecho, lo reconocen implicitamente apoyando libros, o por escrito, como Federico hace en este artículo despreciando las urnas. Por otro lado, detrás del cabreo hay el enorme, gigantesco ego herido de Losantos, autoerigido en salvapatrias de la derecha, y su resentimiento ante un ABC que parece no seguir sus consignas. Su solución, la de costumbre: si no están conmigo, son vascos y pertenecen también a la antiespaña.
Diga lo que diga Losantos, Rajoy y el PP tienen un problema. El partido está dividido, y los síntomas de su enfermedad son cada vez más evidentes. No es sólo Piqué y la presunta debilidad mental del partido en Cataluña, es un grupo de conservadores cada vez más preocupados de ver como el partido se suicida electoralmente. No sólo no despega en las encuestas, si no que cuando el estatuto pase sin desastre alguno y el juicio por el 11-M se resuelva el partido quedará sin discurso, ideas ni aliados naturales, ya que nadie querrá acercarse a él ni harto de vino para formar coalición.
Todo político tiene dos intereses básicos, defender sus ideas y poder aplicarlas ganando elecciones. Un candidato pragmático sabe que para ganar elecciones debe estar cerca del centro político, en un lugar muy lejano a donde ahora se situa el PP. Repetir que eres de centro no te hace centrista, y eso a varios líderes del partido les parece muy claro. Gallardón, como Piqué, Matas o Camps, saben que a este ritmo, su futuro electoral incluirá luchar contra la losa que Acebes, Zaplana y compañía ejerecen sobre sus votantes, y están preocupados.
El ABC puede ser conservador, pero no es tonto. Sabe perfectamente que a este paso, el PP no ganará unas elecciones ni harto de vino, y ha empezado a señalar al grupo mediático que jalea la deriva montañesa de la formación. Sospecho, además, que lo hacen con el beneplácito de un Rajoy harto que cada vez que hace un discurso sensato (como el del cierre de la convención), la Cope y medio partido le corra a guantazos, y tener a Zaplana y Acebes matizando cada una de sus afirmaciones.
El problema para Rajoy, me temo, es que no se atreve a pegar un puñetazo en la mesa para cuadrar el partido. Nadie puede decir qué apoyo tiene en el partido, empezando por él mismo; sólo sabe que le debe el cargo a Aznar, y que vive con una ejecutiva impuesta tras la derrota electoral, llena de lastres de un pasado supuestamente glorioso. Su capacidad de maniobra está limitada por unos lugartenientes que no le deben lealtad a él, si no a la transición aznariana, que repiten la linea dura haga lo que haga su jefe. El PP no es el partido de Rajoy, es su camisa de fuerza.
El problema se hace mayor por el hecho que nadie sabe su peso real en el partido. Gallardón o Camps no saben qué apoyo tendrían sus ideas, sólo saben que ganan elecciones y eso los hace intocables. Pueden enviar a parir a Rajoy ya que nadie les puede señalar que sus posturas son minoritarias en el partido; de hecho pueden incluso pretender que ellos son el sentir de sus bases y quedarse tan anchos. El resultado es que las voces discordantes son constantes, ya que no tienen razón para estar calladas.
El PP necesita un congreso, así de claro. Rajoy debe bajar a la arena, poner sus ideas y su programa negro sobre blanco, y hacer del PP su partido, y no un aglomerado de herencias pasadas y críticos difusos. O se gana el cargo directamente y se monta un partido según lo que él quiere, o su liderazgo va a acabar en un nudo imposible, siguiendo la estela de Joaquín Almunia. Sus ideas serán unas u otras, pero debe definirse de una puñetera vez, y dejar claro que quien manda en el partido es él sin imposiciones.
Gallardón parece que se ha dado cuenta que tanta fábula y tanto llamar a los votantes idiotas por "dar la razón a los terroristas" no deja de ser una mala idea, y ha decido hablar en contra de ello. La reacción de los defensores de la ortodoxia nacionaliberal, Jiménez Losantos a la cabeza, ha sido fulminante: a la hoguera con él.
Primero, a LD le ha dado por llamar al ABC, monárquico, conservador y editado en Madrid desde tiempo inmemorial, como a un "diario vasco", cosa que no deja de ser surrealista. Tras eso, el mismo Federico imperial se ha lanzado a acusar al ABC, Gallardón, Prisa y el Frente de Liberación de los Gnomos del Jardín de montar un golpe de estado antiliberal, antiespañol y malvado contra Rajoy, ese paladín del bien acomplejado con barbas. El artículo, que es extremista incluso para lo habitual en el locutor de la Cope, habla de revoluciones ocultas, Polanco queriendo romper España (¿por qué, con lo bien que le va?) y carga contra ese sector de la derecha que empieza a negarse a seguir el liderazgo de Rajoy, o más concretamente, su liderazgo.
Detrás de la diatriba de Federico hay básicamente dos cosas. Por un lado, la voz de un sector del PP (Acebes, Aguirre, Zaplana, Del Burgo...) lanzado en mantener el partido en el griterio extremista permanente, y convencido que vale absolutamente todo, incluido reventarlo todo a base de confidentes y conspiraciones, para recuperar el poder. De hecho, lo reconocen implicitamente apoyando libros, o por escrito, como Federico hace en este artículo despreciando las urnas. Por otro lado, detrás del cabreo hay el enorme, gigantesco ego herido de Losantos, autoerigido en salvapatrias de la derecha, y su resentimiento ante un ABC que parece no seguir sus consignas. Su solución, la de costumbre: si no están conmigo, son vascos y pertenecen también a la antiespaña.
Diga lo que diga Losantos, Rajoy y el PP tienen un problema. El partido está dividido, y los síntomas de su enfermedad son cada vez más evidentes. No es sólo Piqué y la presunta debilidad mental del partido en Cataluña, es un grupo de conservadores cada vez más preocupados de ver como el partido se suicida electoralmente. No sólo no despega en las encuestas, si no que cuando el estatuto pase sin desastre alguno y el juicio por el 11-M se resuelva el partido quedará sin discurso, ideas ni aliados naturales, ya que nadie querrá acercarse a él ni harto de vino para formar coalición.
Todo político tiene dos intereses básicos, defender sus ideas y poder aplicarlas ganando elecciones. Un candidato pragmático sabe que para ganar elecciones debe estar cerca del centro político, en un lugar muy lejano a donde ahora se situa el PP. Repetir que eres de centro no te hace centrista, y eso a varios líderes del partido les parece muy claro. Gallardón, como Piqué, Matas o Camps, saben que a este ritmo, su futuro electoral incluirá luchar contra la losa que Acebes, Zaplana y compañía ejerecen sobre sus votantes, y están preocupados.
El ABC puede ser conservador, pero no es tonto. Sabe perfectamente que a este paso, el PP no ganará unas elecciones ni harto de vino, y ha empezado a señalar al grupo mediático que jalea la deriva montañesa de la formación. Sospecho, además, que lo hacen con el beneplácito de un Rajoy harto que cada vez que hace un discurso sensato (como el del cierre de la convención), la Cope y medio partido le corra a guantazos, y tener a Zaplana y Acebes matizando cada una de sus afirmaciones.
El problema para Rajoy, me temo, es que no se atreve a pegar un puñetazo en la mesa para cuadrar el partido. Nadie puede decir qué apoyo tiene en el partido, empezando por él mismo; sólo sabe que le debe el cargo a Aznar, y que vive con una ejecutiva impuesta tras la derrota electoral, llena de lastres de un pasado supuestamente glorioso. Su capacidad de maniobra está limitada por unos lugartenientes que no le deben lealtad a él, si no a la transición aznariana, que repiten la linea dura haga lo que haga su jefe. El PP no es el partido de Rajoy, es su camisa de fuerza.
El problema se hace mayor por el hecho que nadie sabe su peso real en el partido. Gallardón o Camps no saben qué apoyo tendrían sus ideas, sólo saben que ganan elecciones y eso los hace intocables. Pueden enviar a parir a Rajoy ya que nadie les puede señalar que sus posturas son minoritarias en el partido; de hecho pueden incluso pretender que ellos son el sentir de sus bases y quedarse tan anchos. El resultado es que las voces discordantes son constantes, ya que no tienen razón para estar calladas.
El PP necesita un congreso, así de claro. Rajoy debe bajar a la arena, poner sus ideas y su programa negro sobre blanco, y hacer del PP su partido, y no un aglomerado de herencias pasadas y críticos difusos. O se gana el cargo directamente y se monta un partido según lo que él quiere, o su liderazgo va a acabar en un nudo imposible, siguiendo la estela de Joaquín Almunia. Sus ideas serán unas u otras, pero debe definirse de una puñetera vez, y dejar claro que quien manda en el partido es él sin imposiciones.
jueves, marzo 16, 2006
Irak: escoja una desgracia
Entre noticias que Estados Unidos lanza de nuevo la refinitiva ofensiva contra los malvados terroristas, parece que en Irak la situación del gobierno y su capacidad de mantener el orden va aclarándose un poco.
Ahora mismo el gobierno iraquí tiene dos armas para mantener el orden. Por un lado el ministerio del interior tiene bajo su mando una policia leal, disciplinada y que acostumbra a cumplir órdenes. El "pequeño" problema, claro está, es que si siguen órdenes es porque están encantados que quien las da sea un ministro integrista chií, que se dedica a inflingir violencia sectaria contra suníes y kurdos con alegría. Básicamente una milicia islámica opresora de minorías del nuevo orden.
La otra arma del gobierno está bajo el control del ministerio de defensa, y por fortuna es menos sectaria. El nuevo ejercito iraquí recluta gente de todas las etnias, no se comporta como una milicia opresiva, y es generalmente poco sectario. El pequeño problema es que que está infiltrado de terroristas e insurgentes hasta las cejas, colaborando con ellos alegremente, desertando a menudo, no siguiendo órdenes y ayudando al enemigo tanto como al propio gobierno.
Bonito panorama. El nuevo gobierno podrá escoger entre maníacos sectarios homicidas, o gente que no sabe quién es el enemigo. Estupendo. Así cualquiera gana una guerra civil... el problema es saber quién son los buenos.
Ahora mismo el gobierno iraquí tiene dos armas para mantener el orden. Por un lado el ministerio del interior tiene bajo su mando una policia leal, disciplinada y que acostumbra a cumplir órdenes. El "pequeño" problema, claro está, es que si siguen órdenes es porque están encantados que quien las da sea un ministro integrista chií, que se dedica a inflingir violencia sectaria contra suníes y kurdos con alegría. Básicamente una milicia islámica opresora de minorías del nuevo orden.
La otra arma del gobierno está bajo el control del ministerio de defensa, y por fortuna es menos sectaria. El nuevo ejercito iraquí recluta gente de todas las etnias, no se comporta como una milicia opresiva, y es generalmente poco sectario. El pequeño problema es que que está infiltrado de terroristas e insurgentes hasta las cejas, colaborando con ellos alegremente, desertando a menudo, no siguiendo órdenes y ayudando al enemigo tanto como al propio gobierno.
Bonito panorama. El nuevo gobierno podrá escoger entre maníacos sectarios homicidas, o gente que no sabe quién es el enemigo. Estupendo. Así cualquiera gana una guerra civil... el problema es saber quién son los buenos.
Zaplana y sus anuncios
Cuando un Tribunal de Cuentas que prácticamente ha nombrado tu partido te echa una bronca como la que le ha caído a Zaplana hoy, mala señal. Parece que eso de gastarse 60 millones de euros en campañas del más abyecto autobombo partidista en sus añitos en el ministerio no deja de ser poco ético. En fin, supongo que por eso el PP fue tan reacio en apoyar la ley que restringía la publicidad de las administraciones públicas.
Por cierto, ¿hace falta que recuerde eso que "estaba en política para forrarse"? ¿O que ya fue expulsado del partido a principios de los noventa (por Gallardón, tras el caso Naseiro, nada menos)? Pues eso.
Por cierto, ¿hace falta que recuerde eso que "estaba en política para forrarse"? ¿O que ya fue expulsado del partido a principios de los noventa (por Gallardón, tras el caso Naseiro, nada menos)? Pues eso.
miércoles, marzo 15, 2006
De la propiedad de los aeropuertos
Con todo el jaleo estatutario, parece mentira que el PSOE y CiU se hayan quedado encallados en el debate sobre el aeropuerto del Prat. La razón principal es que de hecho la gestión de estas infraestructuras en España tiene bastante de anómala, siendo de hecho Aena una organización bastante inusual. Dicho en otras palabras, muchos países de nuestro entorno tienen los aeropuertos o totalmente privatizados o descentralizados, sin que esto resulte un inconveniente para nadie.
¿Qué racionalidad existe en mantener Aena y la gestión de los aeropuertos centralizada? La razón habitualmente aducida es que de este modo los aeropuertos que generan la mayoría del tráfico y beneficios para la compañía estatal (Madrid, Barcelona, Málaga, Mallorca) pueden pasar parte de sus recursos al resto redistribuyendo las inversiones. En la práctica, sin embargo, esto no sucede, y esto se debe en gran medida a la misma lógica del tráfico aéreo.
La cuestión es siempre la misma, volumen de tráfico. Un avión sólo genera beneficios si va prácticamente lleno, y para poder conseguir llenarlo uno va a un aeropuerto que tenga suficientes pasajeros. Por mucho que uno invierta en infraestructuras en el aeropuerto de Albacete, si no hay gente dispuesta a coger un avión el tráfico no aparecerá. La economía de una ciudad pequeña no turística no necesita de gente cogiendo aviones para ir a otros lugares, y el viajero ocasional que va a visitar la familia no justifica vuelos regulares. El resultado es que la inmensa mayoría de aeropuertos pequeños no necesitan infraestructuras nuevas, ya que están muy lejos de saturar su capacidad, ni tampoco subvención en mantenimiento, ya que las tasas cubren los gastos.
Aena, con buen criterio, en vez de ampliar capacidad donde no hace falta acaba por tratar de solucionar los problemas de colapso de los aeropuertos más saturados, así que de hecho este proceso de subvención cruzada apenas de produce. El dinero va sobretodo a Madrid, arreglando el desastre que era el viejo Barajas, y a Barcelona, que lleva saturado la misma cantidad de tiempo pero que fue considerado menos urgente (con cierta razón).
Si los aeropuertos españoles pasaran a gestionarse como los americanos, bajo el control de las ciudades o los estados / autonomías (con algunos en manos privadas), el patrón de inversiones no se alteraría en demasía. Al contrario, algunos de los aeropuertos marginados hasta ahora (Barcelona) probablemente invertirían con más entusiasmo en vez de tener que hacer cola esperando a que Aena acabe el trabajo en un sitio y cuadre sus cuentas. Los aeropuertos pueden competir entre ellos sin que se rompa España, del mismo modo que Madrid compite con Amsterdam o Heathrow por atraer tráfico.
Tanto PP como PSOE siguen con esa idea paleolítica de los "campeones nacionales", tratando de hacer que todo el país apoye a la compañía favorita de turno a ver si ganamos algo. Sea en el sector eléctrico o en los aeropuertos, es una estupidez. Todos los sectores que se han liberalizado sin pensar en esta clase de chorradas (líneas aéreas, telecomunicaciones) han acabado funcionando mucho mejor que el monolito empresarial de turno. Ya es hora que se dejen de tratar las infraestructuras como vacas sagradas, y se les permita competir entre ellas.
¿Qué racionalidad existe en mantener Aena y la gestión de los aeropuertos centralizada? La razón habitualmente aducida es que de este modo los aeropuertos que generan la mayoría del tráfico y beneficios para la compañía estatal (Madrid, Barcelona, Málaga, Mallorca) pueden pasar parte de sus recursos al resto redistribuyendo las inversiones. En la práctica, sin embargo, esto no sucede, y esto se debe en gran medida a la misma lógica del tráfico aéreo.
La cuestión es siempre la misma, volumen de tráfico. Un avión sólo genera beneficios si va prácticamente lleno, y para poder conseguir llenarlo uno va a un aeropuerto que tenga suficientes pasajeros. Por mucho que uno invierta en infraestructuras en el aeropuerto de Albacete, si no hay gente dispuesta a coger un avión el tráfico no aparecerá. La economía de una ciudad pequeña no turística no necesita de gente cogiendo aviones para ir a otros lugares, y el viajero ocasional que va a visitar la familia no justifica vuelos regulares. El resultado es que la inmensa mayoría de aeropuertos pequeños no necesitan infraestructuras nuevas, ya que están muy lejos de saturar su capacidad, ni tampoco subvención en mantenimiento, ya que las tasas cubren los gastos.
Aena, con buen criterio, en vez de ampliar capacidad donde no hace falta acaba por tratar de solucionar los problemas de colapso de los aeropuertos más saturados, así que de hecho este proceso de subvención cruzada apenas de produce. El dinero va sobretodo a Madrid, arreglando el desastre que era el viejo Barajas, y a Barcelona, que lleva saturado la misma cantidad de tiempo pero que fue considerado menos urgente (con cierta razón).
Si los aeropuertos españoles pasaran a gestionarse como los americanos, bajo el control de las ciudades o los estados / autonomías (con algunos en manos privadas), el patrón de inversiones no se alteraría en demasía. Al contrario, algunos de los aeropuertos marginados hasta ahora (Barcelona) probablemente invertirían con más entusiasmo en vez de tener que hacer cola esperando a que Aena acabe el trabajo en un sitio y cuadre sus cuentas. Los aeropuertos pueden competir entre ellos sin que se rompa España, del mismo modo que Madrid compite con Amsterdam o Heathrow por atraer tráfico.
Tanto PP como PSOE siguen con esa idea paleolítica de los "campeones nacionales", tratando de hacer que todo el país apoye a la compañía favorita de turno a ver si ganamos algo. Sea en el sector eléctrico o en los aeropuertos, es una estupidez. Todos los sectores que se han liberalizado sin pensar en esta clase de chorradas (líneas aéreas, telecomunicaciones) han acabado funcionando mucho mejor que el monolito empresarial de turno. Ya es hora que se dejen de tratar las infraestructuras como vacas sagradas, y se les permita competir entre ellas.
martes, marzo 14, 2006
Quedándose con la mitad de la idea
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, ha decidido otra vez no acudir al Congreso a dar explicaciones. La razón de su incomparecencia es, según él, la santa constitución y el principio de separación de poderes. El poder legislativo, las cortes, no pueden dar órdenes a los jueces, sólo pueden redactar leyes. Por ese motivo, ser llamado a declarar en el congreso rompería esa pared que separa ambas instituciones, vulnerando ese principio.
Suena muy bien, ciertamente. El problema es que se olvida de la otra mitad del concepto.
Paralelo al principio de separación hay otro que vive en el texto constitucional, el equilibrio de poderes. La idea detrás de este es muy sencilla: los poderes del estado viven separados, pero se vigilan unos a los otros. No hay ningún poder que está por encima de los otros; lo que hay son varias instituciones que se controlan unas a otras para asegurar que nadie abuse de su autoridad. El gobierno vigila a las cortes mediante su capacidad de disolverlas, y al judicial mediante el nombramiento del fiscal general del estado. El poder judicial vigila al gobierno gracias a su capacidad para perseguir casos de manera autónoma, y a las cortes interpretando la ley o en última instancia, confirmando su constitucionalidad. El legislativo controla el gobierno a base de preguntas y mociones de censura ocasionales, y al judicial nombrando el CGPJ.
El señor Hernando, por lo tanto, no debería estar huyendo de dar explicaciones al congreso, ya que de ningún modo su autoridad está por encima de este. El hecho que no deba recibir órdenes de los diputados no significa que no deba dar explicaciones sobre su conducta a estos. De hecho, es su obligación constitucional (Art.76.2), ya que un requerimiento de comparecencia es obligatorio.
Más allá de eso, es curioso que hable tanto de separación de poderes cuando desde el CGPJ se dedica a emitir informes alegremente sobre proyectos de ley variados sin que nadie se lo pida (algo que por cierto, el consejo no puede hacer), y se pase la vida hablando de lo que hace la cámara sin manías. Si el puede opinar del trabajo de las Cortes, las Cortes pueden opinar de cómo hace el suyo, y pueden llamarle para preguntarle sus posiciones sin problema. ¿No quería hablar del estatuto? Ahora puede. El control parlamentario forma parte de su trabajo, ciertamente; y no sólo cuando va a leer memorias anuales.
Suena muy bien, ciertamente. El problema es que se olvida de la otra mitad del concepto.
Paralelo al principio de separación hay otro que vive en el texto constitucional, el equilibrio de poderes. La idea detrás de este es muy sencilla: los poderes del estado viven separados, pero se vigilan unos a los otros. No hay ningún poder que está por encima de los otros; lo que hay son varias instituciones que se controlan unas a otras para asegurar que nadie abuse de su autoridad. El gobierno vigila a las cortes mediante su capacidad de disolverlas, y al judicial mediante el nombramiento del fiscal general del estado. El poder judicial vigila al gobierno gracias a su capacidad para perseguir casos de manera autónoma, y a las cortes interpretando la ley o en última instancia, confirmando su constitucionalidad. El legislativo controla el gobierno a base de preguntas y mociones de censura ocasionales, y al judicial nombrando el CGPJ.
El señor Hernando, por lo tanto, no debería estar huyendo de dar explicaciones al congreso, ya que de ningún modo su autoridad está por encima de este. El hecho que no deba recibir órdenes de los diputados no significa que no deba dar explicaciones sobre su conducta a estos. De hecho, es su obligación constitucional (Art.76.2), ya que un requerimiento de comparecencia es obligatorio.
Más allá de eso, es curioso que hable tanto de separación de poderes cuando desde el CGPJ se dedica a emitir informes alegremente sobre proyectos de ley variados sin que nadie se lo pida (algo que por cierto, el consejo no puede hacer), y se pase la vida hablando de lo que hace la cámara sin manías. Si el puede opinar del trabajo de las Cortes, las Cortes pueden opinar de cómo hace el suyo, y pueden llamarle para preguntarle sus posiciones sin problema. ¿No quería hablar del estatuto? Ahora puede. El control parlamentario forma parte de su trabajo, ciertamente; y no sólo cuando va a leer memorias anuales.
lunes, marzo 13, 2006
La realidad alternativa del PP
Parece mentira que El Mundo pretenda ser un periódico serio. A estas alturas, su nivel de empanamiento mental en relación al 11-M le hace sonar como al mismísimo Egin o Gara al hablar de la policía española.
Hoy se agarran como un clavo ardiendo al testimonio de un inspector que dice que la mochila bomba desactivada en Vallecas no es la misma que la que él movió en la estación del Pozo. Aplicando la lógica durante aproximadamente tres segundos, uno se da cuenta que este hecho puede ser perfectamente irrelevante, ya que es muy posible que el policía en cuestión no cargara todas las mochilas que había en la estación él sólo. En la realidad conspiratoria entusiasta de Pedro Jota, sin embargo, este detalle podría bastar. El problema es que en el sumario, que el juez ha abierto parcialmente hoy supongo que para hacer callar al periódico de una puñetera vez, el mismo inspector dice el transporte de los objetos no se vio manipulado en ningún momento. Vaya.
Lo más patético del asunto ha sido Mariano Rajoy, insinuando que quizás debería anularse el sumario si se confirma alguna de las locas teorías de El Mundo. O en otras palabras, el líder de la oposición está directamente dando a entender que prefiere dar crédito a idas de la olla variadas de Pedro Jota que a los 80.000 folios que ocupa el sumario. Porque toda la policía, audiencia nacional, guardia civil, CNI y funcionarios variados que han trabajado en el caso es probable que sean socialistas infiltrados trabajando en contra del PP, evidentemente.
No sólo eso. Según las teorías que manejan los populares, los servicios secretos de Marruecos, Francia, sectores de la policía y el CNI, los GAL, Rafael Vera, media Asturias en confidentes, ETA, Batasuna, y un grupo de marroquíes variados suicidas a sueldo trabajaron para hacer el 11-M un atentado, hacer creer a Acebes que era ETA, y después hacer creer al día siguiente a toda España que era una célula de integristas islámicos, para después pactar con el gobierno para que ocultara la Verdad. Un plan sencillo, fácil de ejecutar, y a prueba de filtraciones vamos. Y todo bajo las narices del gobierno del PP, que fue tan incompetente como para no darse cuenta que medio planeta conspiraba contra el legado de Aznar.
Una cosa es no haber asimilado que se han perdido las elecciones, la otra es ser directamente imbécil. El PP y sus medios afines están directamente hablando de una realidad que no existe, como si toda la investigación que llevó la policía al piso de Leganés no la hubieran realizado ellos. Ese piso en que el mismo Acebes dijo que habían muerto la mayoría de los culpables del 11-M.
Será que el muy idiota estaba mintiendo. Vaya uno.
Hoy se agarran como un clavo ardiendo al testimonio de un inspector que dice que la mochila bomba desactivada en Vallecas no es la misma que la que él movió en la estación del Pozo. Aplicando la lógica durante aproximadamente tres segundos, uno se da cuenta que este hecho puede ser perfectamente irrelevante, ya que es muy posible que el policía en cuestión no cargara todas las mochilas que había en la estación él sólo. En la realidad conspiratoria entusiasta de Pedro Jota, sin embargo, este detalle podría bastar. El problema es que en el sumario, que el juez ha abierto parcialmente hoy supongo que para hacer callar al periódico de una puñetera vez, el mismo inspector dice el transporte de los objetos no se vio manipulado en ningún momento. Vaya.
Lo más patético del asunto ha sido Mariano Rajoy, insinuando que quizás debería anularse el sumario si se confirma alguna de las locas teorías de El Mundo. O en otras palabras, el líder de la oposición está directamente dando a entender que prefiere dar crédito a idas de la olla variadas de Pedro Jota que a los 80.000 folios que ocupa el sumario. Porque toda la policía, audiencia nacional, guardia civil, CNI y funcionarios variados que han trabajado en el caso es probable que sean socialistas infiltrados trabajando en contra del PP, evidentemente.
No sólo eso. Según las teorías que manejan los populares, los servicios secretos de Marruecos, Francia, sectores de la policía y el CNI, los GAL, Rafael Vera, media Asturias en confidentes, ETA, Batasuna, y un grupo de marroquíes variados suicidas a sueldo trabajaron para hacer el 11-M un atentado, hacer creer a Acebes que era ETA, y después hacer creer al día siguiente a toda España que era una célula de integristas islámicos, para después pactar con el gobierno para que ocultara la Verdad. Un plan sencillo, fácil de ejecutar, y a prueba de filtraciones vamos. Y todo bajo las narices del gobierno del PP, que fue tan incompetente como para no darse cuenta que medio planeta conspiraba contra el legado de Aznar.
Una cosa es no haber asimilado que se han perdido las elecciones, la otra es ser directamente imbécil. El PP y sus medios afines están directamente hablando de una realidad que no existe, como si toda la investigación que llevó la policía al piso de Leganés no la hubieran realizado ellos. Ese piso en que el mismo Acebes dijo que habían muerto la mayoría de los culpables del 11-M.
Será que el muy idiota estaba mintiendo. Vaya uno.
viernes, marzo 10, 2006
Echando a perder la guerra (y la economía) en plan bananero
Nada, una vez que le doy la razón a Bush en algo, va y se la pega con todo el equipo.
Resulta que una compañía de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, había comprado la empresa que gestionaba seis puertos de la coste Este de Estados Unidos. La compra fue así en plan silencioso, sin que nadie se diera cuenta, hasta que algún periodista asoció árabe con marvado terrorista en su cabecita y lo sacó a la luz. El resultado fue inmediato; una horda de políticos, con un montón de republicanos al frente, salieron en tromba contra la operación, viendo al enemigo musulmán en todas partes.
La Casa Blanca reaccionó con una torpeza espectacular. Tras tratar de argumentar que Emiratos es la clase de país que Estados Unidos necesita en Oriente Medio (economía abierta, amigo del imperio, emprendedor, razonablemente democrático) unos 30 segundos, su retórica fue arrollada por sus correligionarios en el Congreso, tratando de pasar legislación como fuera para prohibir la operación. Tras amenazas de veto presidencial, un par de rotundas votaciones a favor de echar la compañía árabe a patadas han acabado forzando a la Casa Blanca a pedir más o menos disimuladamente que se retiren, algo que acabaron haciendo ayer.
Decía Bush hoy que este veto rodeado de histerismo antiterrista y recelo contra lo árabe envía la señal errónea hacia la gente de Oriente Medio, y tiene razón. El partido republicano, en su afan de distanciarse de un presidente impopular, han herido de muerte una de las pocas cosas racionales de la política exterior americana. El mensaje previsto era que una sociedad abierta y aliada equivaldría a amistad y prosperidad compartida; el mensaje ha enviado es que todo lo que huela a hombre con toalla en la cabeza merece nuestro desprecio.
Entre esa señal a toda una religión y la patética reacción histérica al inversor exterior, la imagen de Estados Unidos para cualquiera que quiera hacer negocios con ellos ha caido en picado. Y eso en un momento en que el país necesita 3.000 millones de dólares al día para equilibrar su muy debilitada balanza exterior, es una idea especialmente horrible. Una decisión errónea con todas las letras.
La culpa del desastre está más que repartida. Por un lado un congreso republicano en estado de shock ante el fracaso del presidente en todos los frentes, y muerto de miedo a perder las elecciones. Por el otro, unos demócratas que se han apuntado al carro de dejarlo un ojo morado a Bush con aún más entusiasmo si cabe que los republicanos. Y que duda cabe, la Casa Blanca, que ha manejado la crisis exepcionalmente mal, y que tras tanta retórica maniquea ha acabado recogiendo lo que había sembrado.
Resulta que una compañía de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, había comprado la empresa que gestionaba seis puertos de la coste Este de Estados Unidos. La compra fue así en plan silencioso, sin que nadie se diera cuenta, hasta que algún periodista asoció árabe con marvado terrorista en su cabecita y lo sacó a la luz. El resultado fue inmediato; una horda de políticos, con un montón de republicanos al frente, salieron en tromba contra la operación, viendo al enemigo musulmán en todas partes.
La Casa Blanca reaccionó con una torpeza espectacular. Tras tratar de argumentar que Emiratos es la clase de país que Estados Unidos necesita en Oriente Medio (economía abierta, amigo del imperio, emprendedor, razonablemente democrático) unos 30 segundos, su retórica fue arrollada por sus correligionarios en el Congreso, tratando de pasar legislación como fuera para prohibir la operación. Tras amenazas de veto presidencial, un par de rotundas votaciones a favor de echar la compañía árabe a patadas han acabado forzando a la Casa Blanca a pedir más o menos disimuladamente que se retiren, algo que acabaron haciendo ayer.
Decía Bush hoy que este veto rodeado de histerismo antiterrista y recelo contra lo árabe envía la señal errónea hacia la gente de Oriente Medio, y tiene razón. El partido republicano, en su afan de distanciarse de un presidente impopular, han herido de muerte una de las pocas cosas racionales de la política exterior americana. El mensaje previsto era que una sociedad abierta y aliada equivaldría a amistad y prosperidad compartida; el mensaje ha enviado es que todo lo que huela a hombre con toalla en la cabeza merece nuestro desprecio.
Entre esa señal a toda una religión y la patética reacción histérica al inversor exterior, la imagen de Estados Unidos para cualquiera que quiera hacer negocios con ellos ha caido en picado. Y eso en un momento en que el país necesita 3.000 millones de dólares al día para equilibrar su muy debilitada balanza exterior, es una idea especialmente horrible. Una decisión errónea con todas las letras.
La culpa del desastre está más que repartida. Por un lado un congreso republicano en estado de shock ante el fracaso del presidente en todos los frentes, y muerto de miedo a perder las elecciones. Por el otro, unos demócratas que se han apuntado al carro de dejarlo un ojo morado a Bush con aún más entusiasmo si cabe que los republicanos. Y que duda cabe, la Casa Blanca, que ha manejado la crisis exepcionalmente mal, y que tras tanta retórica maniquea ha acabado recogiendo lo que había sembrado.
La Cope se queda sola
El resto de radios, los editores y los anunciantes, así como toda la junta directiva de la AIMC, han criticado con saña a la Cope tras la enorme, gigantesta torpeza de sabotear la última encuesta del EGM. Parece que la táctica del bombero pirómano no ha gustado ni a los obispos, oiga. Vaya con lo de la "investigación".
¿Exige este jaleo una refundación de la AIMC y una mejora del EGM? En mi opinión, no. Al menos mientras los anunciantes crean que el sistema empleado es el mejor posible. Por mucho que algunos clamen al viento pidiendo mejoras, lo cierto es que para las audiencias de radio no hay demasiado que hacer. Usar audímetros es complicado por la misma naturaleza del medio (escucho la radio en la ducha, el coche, el gimnasio, la oficina desde internet y la cocina, con cinco aparatos distintos), así que cualquier recogida de datos con una muestra aleatoria decente se basará por ahora en encuesta y recuerdo. Como mucho se puede dar al encuestado un aparato donde escriba qué está escuchando en ese momento, pero el sistema será igual de impreciso.
Las encuestas no son perfectas. Cualquiera que ha trabajado en una empresa del ramo lo sabe, y lo dirá alegremente. El análisis estadístico contribuye a paliar la pobreza de los datos, pero no puede hacer milagros. El problema es que no hay otro modo práctico, ahora mismo, de recoger cifras para según que realidades. Hay señales que el EGM es razonablemente preciso (sus datos están en línea con los de difusión de prensa), pero es evidente que no hay nada perfecto.
Se puede pedir más control e independencia, pero no se explica cómo obtenerla. Todo el mundo que participa en la AIMC está interesado en que los datos sean correctos, empezando por los anunciantes. El EGM es en esencia una gran encuesta hecha por compañías privadas pagado a escote por todos los interesados en tener esos datos, ya que nadie en solitario podría pagar 48.000 entrevistas casa cuatro meses. Si los resultados han afectado al débil ego de alguno de los locutores eso no significa que este roto o no funcione.
¿Exige este jaleo una refundación de la AIMC y una mejora del EGM? En mi opinión, no. Al menos mientras los anunciantes crean que el sistema empleado es el mejor posible. Por mucho que algunos clamen al viento pidiendo mejoras, lo cierto es que para las audiencias de radio no hay demasiado que hacer. Usar audímetros es complicado por la misma naturaleza del medio (escucho la radio en la ducha, el coche, el gimnasio, la oficina desde internet y la cocina, con cinco aparatos distintos), así que cualquier recogida de datos con una muestra aleatoria decente se basará por ahora en encuesta y recuerdo. Como mucho se puede dar al encuestado un aparato donde escriba qué está escuchando en ese momento, pero el sistema será igual de impreciso.
Las encuestas no son perfectas. Cualquiera que ha trabajado en una empresa del ramo lo sabe, y lo dirá alegremente. El análisis estadístico contribuye a paliar la pobreza de los datos, pero no puede hacer milagros. El problema es que no hay otro modo práctico, ahora mismo, de recoger cifras para según que realidades. Hay señales que el EGM es razonablemente preciso (sus datos están en línea con los de difusión de prensa), pero es evidente que no hay nada perfecto.
Se puede pedir más control e independencia, pero no se explica cómo obtenerla. Todo el mundo que participa en la AIMC está interesado en que los datos sean correctos, empezando por los anunciantes. El EGM es en esencia una gran encuesta hecha por compañías privadas pagado a escote por todos los interesados en tener esos datos, ya que nadie en solitario podría pagar 48.000 entrevistas casa cuatro meses. Si los resultados han afectado al débil ego de alguno de los locutores eso no significa que este roto o no funcione.
Reestructurando RTVE: ya era hora
Siento disentir con alguno de mis compañeros de Red Progresista, pero el draconiano plan de reestructuración de RTVE me parece una buena noticia. Es triste que 3.133 personas pierdan su lugar de trabajo, pero resulta más triste todavía que el resto del país tenga que estar pagándoles un trabajo que genera pérdidas de 801 millones al año. Todo por una televisión de calidad cuestionable que acumula una deuda de 7.500 millones de euros.
Hay dos maneras de hacer televisión pública: o hacerla bien, o no hacerla. Hacerla bien es copiar la BBC de forma descarada. Impuesto específico para pagar la cadena (a tanto por televisor al año), programación de calidad y exportable, dirección rabiosamente independiente de los políticos y nada de publicidad en su programación. No hacerla es dejar de tener canales públicos y dejarlo en manos privadas, que parecen ser capaces de hacer dinero sin demasiados problemas.
El modelo hispánico es sencillamente catastrófico. Televisión pública con financiación mixta, distorsionando el mercado publicitario, acumulando catastróficas deudas a costa de los contribuyentes, sin ningún incentivo para dejar de perder dinero y con una programación irrelevante.
El recorte de la horriblemente inflada, cara, obsoleta plantilla es doloroso pero necesario. No es de recibo detenerse en el coste de los despidos cuando la empresa estaba costándonos cantidades ingentes de dinero a todo el mundo. No es culpa de los trabajadores que RTVE sea un desastre, pero no eso no justifica mantenerlos en un trabajo inútil. Las empresas mueren tanto las públicas como las privadas, y para evitar que los trabajadores lo pasen peor de lo que merecen tenemos un estado de bienestar, no una máquina para subvencionar proyectos fallidos. La RTVE lo es, y su supervivencia en la forma actual la pagamos todos.
¿Qué futuro tiene por delante la televisión pública en España? Para los amantes de la RTVE actual, glorioso. Desastres parecidos están en casi todas las autonomías (TV3 es una honrosa excepción). El futuro de TVE sigue siendo incierto, pero al menos el despilfarro será menor. La nueva ley para escoger y controlar a sus directivos aprobada el año pasado restringe enórmemente el control político sobre ella, y la reestructuración hará más fácil pagarla. Queda saber si sobrevivirá como un ente parcialmente subvencionado centrado en programas gafosos, una televisión pagada desde un impuesto específico estilo BBC, o una privatización completa. Cualquier camino será mejor que el seguido hasta ahora.
Una nota final: una reestructuración así sólo la puede hacer un gobierno de izquierdas. No porque sea "mejor" gobierno o más valiente, sino porque el coste político para ellos es comparativamente menor. Si el gobierno Aznar hubiera tratado de pasar esta reforma, los aullidos sindicales hubieran tenido un eco muy probable en los bancos de la oposición, que no hubieran podido resistir la oportunidad de hacer sangre. Si lo hace el PSOE, el PP resulta más bien poco creible cuando hace lo mismo.
Hay dos maneras de hacer televisión pública: o hacerla bien, o no hacerla. Hacerla bien es copiar la BBC de forma descarada. Impuesto específico para pagar la cadena (a tanto por televisor al año), programación de calidad y exportable, dirección rabiosamente independiente de los políticos y nada de publicidad en su programación. No hacerla es dejar de tener canales públicos y dejarlo en manos privadas, que parecen ser capaces de hacer dinero sin demasiados problemas.
El modelo hispánico es sencillamente catastrófico. Televisión pública con financiación mixta, distorsionando el mercado publicitario, acumulando catastróficas deudas a costa de los contribuyentes, sin ningún incentivo para dejar de perder dinero y con una programación irrelevante.
El recorte de la horriblemente inflada, cara, obsoleta plantilla es doloroso pero necesario. No es de recibo detenerse en el coste de los despidos cuando la empresa estaba costándonos cantidades ingentes de dinero a todo el mundo. No es culpa de los trabajadores que RTVE sea un desastre, pero no eso no justifica mantenerlos en un trabajo inútil. Las empresas mueren tanto las públicas como las privadas, y para evitar que los trabajadores lo pasen peor de lo que merecen tenemos un estado de bienestar, no una máquina para subvencionar proyectos fallidos. La RTVE lo es, y su supervivencia en la forma actual la pagamos todos.
¿Qué futuro tiene por delante la televisión pública en España? Para los amantes de la RTVE actual, glorioso. Desastres parecidos están en casi todas las autonomías (TV3 es una honrosa excepción). El futuro de TVE sigue siendo incierto, pero al menos el despilfarro será menor. La nueva ley para escoger y controlar a sus directivos aprobada el año pasado restringe enórmemente el control político sobre ella, y la reestructuración hará más fácil pagarla. Queda saber si sobrevivirá como un ente parcialmente subvencionado centrado en programas gafosos, una televisión pagada desde un impuesto específico estilo BBC, o una privatización completa. Cualquier camino será mejor que el seguido hasta ahora.
Una nota final: una reestructuración así sólo la puede hacer un gobierno de izquierdas. No porque sea "mejor" gobierno o más valiente, sino porque el coste político para ellos es comparativamente menor. Si el gobierno Aznar hubiera tratado de pasar esta reforma, los aullidos sindicales hubieran tenido un eco muy probable en los bancos de la oposición, que no hubieran podido resistir la oportunidad de hacer sangre. Si lo hace el PSOE, el PP resulta más bien poco creible cuando hace lo mismo.
jueves, marzo 09, 2006
Teoría práctica de la secesión
No creo que las cuestiones acerca de nacionalidad y secesión se deban enfocar nunca desde un punto de vista teórico. La existencia o no de una nación cultural no es un concepto que pueda ser definida de forma manejable para articular un debate político, ya que la explicación siempre acaba por ser circular.
Uno defiende que un grupo de gente es una nación porque ese determinado grupo de gente se siente como tal, por unas razones u otras, y esas razones le bastan para sentirse de un determinado modo. Si yo creo que mi color de pelo o las voces en mi cabeza es una prueba irrefutable que pertenezco a la gran nación poldava, no habrá evidencia empírica en el mundo que pueda probarme lo contrario. Y como la identidad nacional de un colectivo es o no es, no importa lo que le digamos, no podemos justificar ninguna decisión a base de argumentar que su identidad no existe o es irrelevante; el otro nunca lo entenderá como tal.
El debate sobre si España es una nación o no, por lo tanto, es estupido. España es un estado con una organización política, que algunos de sus habitantes creen que expresa una nación cultural o otros no. Debatir si los visigodos son más importantes que Godofredo el Peludo (me gusta más llamarlo así, que pasa) en demostrar quién es una nación es algo totalmente estéril.
Para solucionar el debate, por tanto, debemos recurrir al método tradicional de la democracia, es decir, contar votos. No importa lo absurdo que nos parezca a algunos, si un nutrido grupo de individuos de una determinada región no está a gusto con nosotros y nuestro idioma, no debería ser un problema dejarlo marchar.
Un voto de estas características, sin embargo, tiene problemas evidentes. Para empezar, la definición del grupo de gente que se quiere largar es complicada. Es evidente que la unanimidad no existe nunca en ninguna región acerca la conveniencia o no de una secesión. Sea cual sea el resultado de la votación, el bando perdedor no estará contento con el resultado y querrá volver a votarlo lo antes posible.
Como se gobiernan territorios, no individuos, no es posible un resultado de referéndum que deje contentos a todos; es necesario por tanto que el resultado sea lo suficiente convincente para el bando perdedor para que acepte la derrota. Una votación de secesión ganada por la mitad más uno de los votos equivaldrá a tener referéndums de unión periódicos por un tiempo indefinido hasta que dos votantes nacionalistas se pongan enfermo y se vuelva al pasado de nuevo. Una mayoría debe ser clara, rotunda y estable en el tiempo para que un paso tan importante como romper un estado pueda hacerse respetando los derechos de la nueva minoría.
De hecho, soy de la opinión que serían necesarias dos impecables mayorías cualificadas (60% mínimo) en dos votaciones separadas por dos años para que estuviera justificada. Si se quiere hilar más fino, exigiría incluso mayorías simples a favor de todas las provincias en cada votación.
En caso de no hacer votaciones condicionadas, imaginad el problema. Cataluña vota por la secesión, sale sí por un 51%, la provincia de Barcelona ha votado no un 55%. En Baix Llobregat i el Garraf, el no llega al 70% de los votantes. ¿Qué debemos hacer? ¿Hacer pasar por el tubo a la mayoría de los ciudadanos de la provincia más poblada del nuevo estado?. En el caso vasco, se vota por la secesión, y sale un sí a favor en agregado, pero Álava vota un 65% en contra. ¿Se les obliga a formar parte del nuevo país? ¿Se les echa de España a patadas?.
Imaginad que al cabo de unos años las elecciones en Cataluña las ganan los partidos unionistas con España, tras una enorme movilización de los castellanoparlantes. ¿Qué debemos hacer? ¿Tener un país intermitente, independiente o no según quien gobierna?. ¿Prohibir su entrada en España tras la secesión? Por no hablar del cachondeo en la Unión Europea. Ahora se está como estado (si el resto de Europa les dejan entrar), ahora como región. Estupendo.
Un cambio tan drástico como una secesión necesita no sólo una solución basada en una lógica democrática, sino una mayoría impecable y estable en el tiempo. No se puede hablar de una simple decisión mayoritaria si se crea un nuevo estado con una inmensa minoría cabreada, abandonada a su suerte por quien les echa de lo que quieren sea su país. Sospecho que esto los nacionalista mayoritarios (PNV y CiU) lo saben, y por eso se pasan la vida pidiendo organizaciones raras. Son muy conscientes que una secesión más que solucionar problemas los causaría, y prefieren autonomías amplias.
Sí, estas salvaguardas hacen una secesión casi imposible en España. Hacerla fácil, sin embargo, sería irresponsable. Y la verdad, ni echando una región del país si un 40% votara sí en el referéndum, ni Cataluña ni Euskadi se independizarían este siglo. En el improbable hecho que se conceda el derecho de autodeterminación, la secesión seguiría siendo una quimera.
Uno defiende que un grupo de gente es una nación porque ese determinado grupo de gente se siente como tal, por unas razones u otras, y esas razones le bastan para sentirse de un determinado modo. Si yo creo que mi color de pelo o las voces en mi cabeza es una prueba irrefutable que pertenezco a la gran nación poldava, no habrá evidencia empírica en el mundo que pueda probarme lo contrario. Y como la identidad nacional de un colectivo es o no es, no importa lo que le digamos, no podemos justificar ninguna decisión a base de argumentar que su identidad no existe o es irrelevante; el otro nunca lo entenderá como tal.
El debate sobre si España es una nación o no, por lo tanto, es estupido. España es un estado con una organización política, que algunos de sus habitantes creen que expresa una nación cultural o otros no. Debatir si los visigodos son más importantes que Godofredo el Peludo (me gusta más llamarlo así, que pasa) en demostrar quién es una nación es algo totalmente estéril.
Para solucionar el debate, por tanto, debemos recurrir al método tradicional de la democracia, es decir, contar votos. No importa lo absurdo que nos parezca a algunos, si un nutrido grupo de individuos de una determinada región no está a gusto con nosotros y nuestro idioma, no debería ser un problema dejarlo marchar.
Un voto de estas características, sin embargo, tiene problemas evidentes. Para empezar, la definición del grupo de gente que se quiere largar es complicada. Es evidente que la unanimidad no existe nunca en ninguna región acerca la conveniencia o no de una secesión. Sea cual sea el resultado de la votación, el bando perdedor no estará contento con el resultado y querrá volver a votarlo lo antes posible.
Como se gobiernan territorios, no individuos, no es posible un resultado de referéndum que deje contentos a todos; es necesario por tanto que el resultado sea lo suficiente convincente para el bando perdedor para que acepte la derrota. Una votación de secesión ganada por la mitad más uno de los votos equivaldrá a tener referéndums de unión periódicos por un tiempo indefinido hasta que dos votantes nacionalistas se pongan enfermo y se vuelva al pasado de nuevo. Una mayoría debe ser clara, rotunda y estable en el tiempo para que un paso tan importante como romper un estado pueda hacerse respetando los derechos de la nueva minoría.
De hecho, soy de la opinión que serían necesarias dos impecables mayorías cualificadas (60% mínimo) en dos votaciones separadas por dos años para que estuviera justificada. Si se quiere hilar más fino, exigiría incluso mayorías simples a favor de todas las provincias en cada votación.
En caso de no hacer votaciones condicionadas, imaginad el problema. Cataluña vota por la secesión, sale sí por un 51%, la provincia de Barcelona ha votado no un 55%. En Baix Llobregat i el Garraf, el no llega al 70% de los votantes. ¿Qué debemos hacer? ¿Hacer pasar por el tubo a la mayoría de los ciudadanos de la provincia más poblada del nuevo estado?. En el caso vasco, se vota por la secesión, y sale un sí a favor en agregado, pero Álava vota un 65% en contra. ¿Se les obliga a formar parte del nuevo país? ¿Se les echa de España a patadas?.
Imaginad que al cabo de unos años las elecciones en Cataluña las ganan los partidos unionistas con España, tras una enorme movilización de los castellanoparlantes. ¿Qué debemos hacer? ¿Tener un país intermitente, independiente o no según quien gobierna?. ¿Prohibir su entrada en España tras la secesión? Por no hablar del cachondeo en la Unión Europea. Ahora se está como estado (si el resto de Europa les dejan entrar), ahora como región. Estupendo.
Un cambio tan drástico como una secesión necesita no sólo una solución basada en una lógica democrática, sino una mayoría impecable y estable en el tiempo. No se puede hablar de una simple decisión mayoritaria si se crea un nuevo estado con una inmensa minoría cabreada, abandonada a su suerte por quien les echa de lo que quieren sea su país. Sospecho que esto los nacionalista mayoritarios (PNV y CiU) lo saben, y por eso se pasan la vida pidiendo organizaciones raras. Son muy conscientes que una secesión más que solucionar problemas los causaría, y prefieren autonomías amplias.
Sí, estas salvaguardas hacen una secesión casi imposible en España. Hacerla fácil, sin embargo, sería irresponsable. Y la verdad, ni echando una región del país si un 40% votara sí en el referéndum, ni Cataluña ni Euskadi se independizarían este siglo. En el improbable hecho que se conceda el derecho de autodeterminación, la secesión seguiría siendo una quimera.
Gamberrismo de investigación
Siguiendo la vieja cruzada de la Cope contra el malvado mundo mundial, representando en esta ocasión por el Estudio General de Medios, José Antonio Abellán ha iniciado una investigación contra tan malvado organismo.
Su táctica ha sido infiltrar un aguerrido equipo de becarios en prácticas (supongo) en la sagrada organización, y ordenarles que hicieran encuestas chapuceras, a ver si colaban. Los resultados, evidentemente, son los que ellos buscaban; es posible ser encuestador y chapucero, y quedarse tan ancho. El problema para Abellán es que los responsables de la EGM pueden ver fácilmente cuando alguien no está haciendo lo que debe, ya que las matemáticas no engañan, y ya está hablando de sabotaje y de una encuesta inutil que no podrá ser publicada.
¿Qué demuestra todo esto? Que Abellán, como la Cope en general, son una demostración clara que el periodismo chapucero es más fácil aún de realizar que una mala encuesta. El alegre sabotaje del EGM fue hecho público antes que Abellán hablara de él en antena, así que poco pueden hablar de desvelar conspiraciones. Como los datos del EGM no son del agrado de Losantos y compañía, han decidido disfrazar un sabotaje en toda regla bajo el manto de periodismo de investigación. El problema, claro está, que están denunciando que hay riesgo de incendio en el bosque tras haberle pegado fuego ellos, algo que más que periodismo es una gamberrada.
Lo que la Cope y sus hinchas políticos son capaces de hacer para lograr el desprestigio de otros está llegando más allá del escándalo.
A todo esto, debo recalcar que no es una gamberrada trivial. Los estudios de audiencia y sus resultados son pilares cruciales de los ingresos por publicidad de cualquier medio de comunicación; tratar de alterarlos o de llenar de mierda a quien recoge los datos va mucho más allá de una broma de mal gusto. Es el equivalente a acusar a un competidor que sus coches explotan cuando llueve mientras se coloca la dinamita. Si el ego de Jiménez Losantos y sus secuaces es lo bastante grande como para creer que todo el mundo que forma parte de la AIMC conspira contra él, que se lo haga mirar.
Actualización:
Me comentan que es posible que Abellán fuera a la AIMC a decirles que estaba haciendo el gamberro con sus encuestas, de modo que no fueron "descubiertos". Esto no cambia mi opinión sobre el asunto; la Cope saboteó la encuesta para después clamar que el EMG es vulnerable. Volar el puente y denunciar a la constructora por que no lo hizo a prueba de bombas, oye.
La bromita parece no haber hecho nada de gracia al resto de las radios españolas, por cierto. El comunicado de la patronal de los medios refleja un cabreo de impresión con la Cope, y exige sangre e indemnizaciones. Y algunos aún defienden a la emisora.
Su táctica ha sido infiltrar un aguerrido equipo de becarios en prácticas (supongo) en la sagrada organización, y ordenarles que hicieran encuestas chapuceras, a ver si colaban. Los resultados, evidentemente, son los que ellos buscaban; es posible ser encuestador y chapucero, y quedarse tan ancho. El problema para Abellán es que los responsables de la EGM pueden ver fácilmente cuando alguien no está haciendo lo que debe, ya que las matemáticas no engañan, y ya está hablando de sabotaje y de una encuesta inutil que no podrá ser publicada.
¿Qué demuestra todo esto? Que Abellán, como la Cope en general, son una demostración clara que el periodismo chapucero es más fácil aún de realizar que una mala encuesta. El alegre sabotaje del EGM fue hecho público antes que Abellán hablara de él en antena, así que poco pueden hablar de desvelar conspiraciones. Como los datos del EGM no son del agrado de Losantos y compañía, han decidido disfrazar un sabotaje en toda regla bajo el manto de periodismo de investigación. El problema, claro está, que están denunciando que hay riesgo de incendio en el bosque tras haberle pegado fuego ellos, algo que más que periodismo es una gamberrada.
Lo que la Cope y sus hinchas políticos son capaces de hacer para lograr el desprestigio de otros está llegando más allá del escándalo.
A todo esto, debo recalcar que no es una gamberrada trivial. Los estudios de audiencia y sus resultados son pilares cruciales de los ingresos por publicidad de cualquier medio de comunicación; tratar de alterarlos o de llenar de mierda a quien recoge los datos va mucho más allá de una broma de mal gusto. Es el equivalente a acusar a un competidor que sus coches explotan cuando llueve mientras se coloca la dinamita. Si el ego de Jiménez Losantos y sus secuaces es lo bastante grande como para creer que todo el mundo que forma parte de la AIMC conspira contra él, que se lo haga mirar.
Actualización:
Me comentan que es posible que Abellán fuera a la AIMC a decirles que estaba haciendo el gamberro con sus encuestas, de modo que no fueron "descubiertos". Esto no cambia mi opinión sobre el asunto; la Cope saboteó la encuesta para después clamar que el EMG es vulnerable. Volar el puente y denunciar a la constructora por que no lo hizo a prueba de bombas, oye.
La bromita parece no haber hecho nada de gracia al resto de las radios españolas, por cierto. El comunicado de la patronal de los medios refleja un cabreo de impresión con la Cope, y exige sangre e indemnizaciones. Y algunos aún defienden a la emisora.
miércoles, marzo 08, 2006
El PP y sus propuestas: dos noticias
Si algo se le debe reconocer a la oposición del PP es que al menos no se están quietos. Trabajan y presentan cosas, y se quejan mucho. No estaría mal que se ocuparan de cosas relevantes más a menudo, de modo que no sólo Libertad Digital les prestara atención, pero oye, al menos lo intentan.
Hoy el PP ha presentado su plan de reforma fiscal, calificado por los adictos a la causa como "ambiciosa". Eso, en esta bitácora, genera de hecho dos noticias, una buena y una mala. La buena, que el PP se decide a salir del mar de irrelevancia que fue su convención y presenta algo concreto. La mala, que lo presentado es incoherente y es defendido a base de premisas falsas, como de costumbre.
La idea es implementar una reforma fiscal, bajando el impuesto de la renta y sociedades. Que presenten esto como algo radicalmente novedoso cuando dejaron el gobierno (y los impuestos que ahora les parecen altos) hace dos años no deja de ser un poco cínico, pero justificable. Lo que es un cachondeo es la justificación que utilizan, diciendo que las bajadas de impuestos favorecen el crecimiento económico.
Lo he repetido un montón de veces, pero es uno de esos mitos que deben ser combatidos sin descanso por la simple razón que es una estupidez. No hay ahora mismo ni un sólo economista con credenciales académicas serias que se crea la curva de Laffer y las tonterías de las teorías de la oferta. Enlazaré el fantástico artículo de Nouriel Roubini una y mil veces señalando que los datos contradicen el fracaso de la teoría si es necesario.
Dicho en palabras sencillas (y no demasiado precisas), en teoría una bajada de impuestos hace crecer la economía por varias razones. Primero, porque si la gente se queda más de lo que gana, tiene incentivo a trabajar más. Segundo, porque el dinero en manos privadas siempre es más eficiente invirtiendo que en manos públicas. Por tanto, si se bajan los impuestos de hecho la recaudación fiscal acabará aumentando, ya que la gente gastará más e invertirá mejor, hará crecer la economía más rápido, y eso aumentará la recaudación y pagará la rebaja fiscal, a la vez que nos hará todos más ricos.
El problema es que eso no sucede, ni ha sucedido nunca. Sí, las bajadas de impuestos han producido crecimiento económico, pero nunca el suficiente para pagar la pérdida de recaudación. Lo que han producido en cantidades industriales cuando no eran acompañados por rebajas del gasto (es decir, siempre) es déficit público y subidas de tipos de interés a medio plazo. Crecer mediante déficit público está en la página dos del librillo Keynesiano desde que escribió su (ya superada) teoría hace casi ochenta años, y de milagro tiene bien poco; es un aumento de la demanda agregada como cualquier otro. No deja de ser crecer a golpe de imprimir billetes.
Si el PP quiere ser creíble presentando ideas nuevas, que diga qué cálculo hacen para ese crecimiento prometido. Si es creando déficit público, estupendo, van a ser más manirrotos que Solbes. Si quieren ser tipos duros y ser el primer gobierno que reduce el gasto al mismo ritmo que reduce los ingresos, que digan que quieren recortar. Estaremos encantados de oir ambas formas de suicidio político.
Lo que es muy probable es que el PP pretenda bajar el impuesto sobre la renta o bien siguiendo la vieja tradición española de ponerse la medalla por corregir los aumentos por inflación, o bien teniendo en mente corregirlo con subidas de otros tributos. Eso seguiría otra tradición del PP, que es hablar que bajan los impuestos mientras suben la presión fiscal (del 33 al 35% entre el 96 y el 2003, por ejemplo), sencillamente variando la composición de los impuestos. Eso no tiene porque ser malo (la recaudación fiscal nunca es especialmente redistributiva), pero las explicaciones del PP si lo son.
En los márgenes, un par de cosas. Todas las deducciones propuestas en la reforma (entre otras, vivienda) son regresivas, cosa que no resulta demasiado sorprendente. Por otro lado, la rebaja del impuesto de sociedades, si va acompañada de una simplificación de este, no es mala idea. El gobierno, por cierto, la tiene en la agenda, aunque con un recorte menos drástico.
Hoy el PP ha presentado su plan de reforma fiscal, calificado por los adictos a la causa como "ambiciosa". Eso, en esta bitácora, genera de hecho dos noticias, una buena y una mala. La buena, que el PP se decide a salir del mar de irrelevancia que fue su convención y presenta algo concreto. La mala, que lo presentado es incoherente y es defendido a base de premisas falsas, como de costumbre.
La idea es implementar una reforma fiscal, bajando el impuesto de la renta y sociedades. Que presenten esto como algo radicalmente novedoso cuando dejaron el gobierno (y los impuestos que ahora les parecen altos) hace dos años no deja de ser un poco cínico, pero justificable. Lo que es un cachondeo es la justificación que utilizan, diciendo que las bajadas de impuestos favorecen el crecimiento económico.
Lo he repetido un montón de veces, pero es uno de esos mitos que deben ser combatidos sin descanso por la simple razón que es una estupidez. No hay ahora mismo ni un sólo economista con credenciales académicas serias que se crea la curva de Laffer y las tonterías de las teorías de la oferta. Enlazaré el fantástico artículo de Nouriel Roubini una y mil veces señalando que los datos contradicen el fracaso de la teoría si es necesario.
Dicho en palabras sencillas (y no demasiado precisas), en teoría una bajada de impuestos hace crecer la economía por varias razones. Primero, porque si la gente se queda más de lo que gana, tiene incentivo a trabajar más. Segundo, porque el dinero en manos privadas siempre es más eficiente invirtiendo que en manos públicas. Por tanto, si se bajan los impuestos de hecho la recaudación fiscal acabará aumentando, ya que la gente gastará más e invertirá mejor, hará crecer la economía más rápido, y eso aumentará la recaudación y pagará la rebaja fiscal, a la vez que nos hará todos más ricos.
El problema es que eso no sucede, ni ha sucedido nunca. Sí, las bajadas de impuestos han producido crecimiento económico, pero nunca el suficiente para pagar la pérdida de recaudación. Lo que han producido en cantidades industriales cuando no eran acompañados por rebajas del gasto (es decir, siempre) es déficit público y subidas de tipos de interés a medio plazo. Crecer mediante déficit público está en la página dos del librillo Keynesiano desde que escribió su (ya superada) teoría hace casi ochenta años, y de milagro tiene bien poco; es un aumento de la demanda agregada como cualquier otro. No deja de ser crecer a golpe de imprimir billetes.
Si el PP quiere ser creíble presentando ideas nuevas, que diga qué cálculo hacen para ese crecimiento prometido. Si es creando déficit público, estupendo, van a ser más manirrotos que Solbes. Si quieren ser tipos duros y ser el primer gobierno que reduce el gasto al mismo ritmo que reduce los ingresos, que digan que quieren recortar. Estaremos encantados de oir ambas formas de suicidio político.
Lo que es muy probable es que el PP pretenda bajar el impuesto sobre la renta o bien siguiendo la vieja tradición española de ponerse la medalla por corregir los aumentos por inflación, o bien teniendo en mente corregirlo con subidas de otros tributos. Eso seguiría otra tradición del PP, que es hablar que bajan los impuestos mientras suben la presión fiscal (del 33 al 35% entre el 96 y el 2003, por ejemplo), sencillamente variando la composición de los impuestos. Eso no tiene porque ser malo (la recaudación fiscal nunca es especialmente redistributiva), pero las explicaciones del PP si lo son.
En los márgenes, un par de cosas. Todas las deducciones propuestas en la reforma (entre otras, vivienda) son regresivas, cosa que no resulta demasiado sorprendente. Por otro lado, la rebaja del impuesto de sociedades, si va acompañada de una simplificación de este, no es mala idea. El gobierno, por cierto, la tiene en la agenda, aunque con un recorte menos drástico.
martes, marzo 07, 2006
El "nucleo duro" de ETA
Muchos columnistas hablando de ETA se centran en su nefando objetivo de destruir España, señalando la maldad inherente de la idea de secesión y clamando que debe hacerse lo imposible para erradicarla. El independentismo, sin embargo es una idea. Y como reza el tópico, una idea no puede destruirse; al menos no fácilmente.
Una banda terrorista puede clamar que defiende una idea, pero en el fondo no deja de ser una organización criminal como cualquier otra. Independientemente de sus ideales, ETA necesita seguir los mismos pasos que cualquier otra organización opresora para sobrevivir, y parece que aún sin matar, siguen en ello. Cartitas con ofertas irrechazables "invitando" a pagar el impuesto revolucionario para su "protección". En otras palabras, actuar como una mafia cualquiera.
La última oleada de mini-atententados de la banda estos meses ha estado dirigida única y exclusivamente a "incentivar" el pago de estas extorsiones, siguiendo el ciclo habitual de represión cíclica del que hablaba el otro día. Todo apunta (como las informaciones de retrasos de hasta diez años en el pago indican) que ETA está teniendo problemas para continuar financiándose, siguiendo el continuo drenaje de recursos que empezó a sufrir durante la era Aznar. El problema para la banda es que varios de los elementos que la mantenían con vida están desapareciendo lentamente, haciendo cada vez más difícil su capacidad de recaudar.
Primero, los extorsionados ya no tienen necesidad de mantenerse callados por miedo a represalias. Eso se debe a dos factores. Por un lado, cada vez hay más empresarios que no están dispuestos a tragar con el impuesto, y piden protección policial. ETA es capaz de castigar estas denuncias (secuestros, bombas...), pero sólo hasta cierto punto; si el número de rebeldes es excesivo, la capacidad de coacción de la banda deja de ser creible. Si las represalias son menos amenazantes, es cada vez más racional no cooperar. Esto aumenta aún más las dificultades de los extorsionadores, que se ven desbordados rápidamente. Si el desacuerdo se hace público y extensivo, mantener la represión es casi imposible.
La reacción de ETA puede ser concentrar su campaña de extorsión, centrándose en menos objetivos de los que extraen más recursos, pero entonces sufren del problema de la sobreexplotación. Si son demasiado agresivos pidiendo dinero, el coste de pagarlo puede ser superior al riesgo de una denuncia a la policia; eso fuerza a la banda a no poder pedir demasiado, impidiendo que pueda recaudar. Otra opción es la que han tomado recientemente, aumentar la represión, aunque esto implica ciertos riesgos. Cada atentado aumenta la probabilidad de ser detenido por la policia. Por añadido, tienen que alcanzar a un número suficiente de "traidores" como para dar una señal clara que pagar es necesario, algo que es cada vez más difícil.
Acabar con ETA como organización criminal es factible, y depende en gran medida de trabajar para que esta sea incapaz de obtener financiación. Como experiencias anteriores de lucha contra la mafia muestran, sin embargo, romper una organización de estas características es muy complicado. El tendón de Aquiles de ETA es que está tratando de financiar una guerra, no hacerse rica a base de extorsiones, y que necesita extraer demasiados recursos para continuar luchando. Los atentados, la tregua, se conseguirá en parte asegurando que esos recursos dejan de estar al alcance de la banda.
El problema es la idea. Si la idea que mueve la banda, la secesión, no es alcanzable por ningún método que no incluya las armas, el incentivo para dejar la violencia se reduce muchísimo. Me temo que para conseguir el final de la violencia será necesaria la promesa que en las urnas cualquier tema es discutible una vez han callado las armas. Y sí, estoy hablando de una ley de claridad al estilo canadiense. No hay ninguna encuesta que dé una mayoría suficiente de secesionistas en ningún rincón de España, y de hecho el porcentaje de quienes la defienden permanece invariable desde hace 25 años, así que el coste real de todo ello sería cero.
Policialmente podemos obligar a ETA a un terrorismo de baja intensidad, centrado en extorsiones desesperadas y bandidaje ocasional. Erradicarla totalmente es casi imposible.
Una banda terrorista puede clamar que defiende una idea, pero en el fondo no deja de ser una organización criminal como cualquier otra. Independientemente de sus ideales, ETA necesita seguir los mismos pasos que cualquier otra organización opresora para sobrevivir, y parece que aún sin matar, siguen en ello. Cartitas con ofertas irrechazables "invitando" a pagar el impuesto revolucionario para su "protección". En otras palabras, actuar como una mafia cualquiera.
La última oleada de mini-atententados de la banda estos meses ha estado dirigida única y exclusivamente a "incentivar" el pago de estas extorsiones, siguiendo el ciclo habitual de represión cíclica del que hablaba el otro día. Todo apunta (como las informaciones de retrasos de hasta diez años en el pago indican) que ETA está teniendo problemas para continuar financiándose, siguiendo el continuo drenaje de recursos que empezó a sufrir durante la era Aznar. El problema para la banda es que varios de los elementos que la mantenían con vida están desapareciendo lentamente, haciendo cada vez más difícil su capacidad de recaudar.
Primero, los extorsionados ya no tienen necesidad de mantenerse callados por miedo a represalias. Eso se debe a dos factores. Por un lado, cada vez hay más empresarios que no están dispuestos a tragar con el impuesto, y piden protección policial. ETA es capaz de castigar estas denuncias (secuestros, bombas...), pero sólo hasta cierto punto; si el número de rebeldes es excesivo, la capacidad de coacción de la banda deja de ser creible. Si las represalias son menos amenazantes, es cada vez más racional no cooperar. Esto aumenta aún más las dificultades de los extorsionadores, que se ven desbordados rápidamente. Si el desacuerdo se hace público y extensivo, mantener la represión es casi imposible.
La reacción de ETA puede ser concentrar su campaña de extorsión, centrándose en menos objetivos de los que extraen más recursos, pero entonces sufren del problema de la sobreexplotación. Si son demasiado agresivos pidiendo dinero, el coste de pagarlo puede ser superior al riesgo de una denuncia a la policia; eso fuerza a la banda a no poder pedir demasiado, impidiendo que pueda recaudar. Otra opción es la que han tomado recientemente, aumentar la represión, aunque esto implica ciertos riesgos. Cada atentado aumenta la probabilidad de ser detenido por la policia. Por añadido, tienen que alcanzar a un número suficiente de "traidores" como para dar una señal clara que pagar es necesario, algo que es cada vez más difícil.
Acabar con ETA como organización criminal es factible, y depende en gran medida de trabajar para que esta sea incapaz de obtener financiación. Como experiencias anteriores de lucha contra la mafia muestran, sin embargo, romper una organización de estas características es muy complicado. El tendón de Aquiles de ETA es que está tratando de financiar una guerra, no hacerse rica a base de extorsiones, y que necesita extraer demasiados recursos para continuar luchando. Los atentados, la tregua, se conseguirá en parte asegurando que esos recursos dejan de estar al alcance de la banda.
El problema es la idea. Si la idea que mueve la banda, la secesión, no es alcanzable por ningún método que no incluya las armas, el incentivo para dejar la violencia se reduce muchísimo. Me temo que para conseguir el final de la violencia será necesaria la promesa que en las urnas cualquier tema es discutible una vez han callado las armas. Y sí, estoy hablando de una ley de claridad al estilo canadiense. No hay ninguna encuesta que dé una mayoría suficiente de secesionistas en ningún rincón de España, y de hecho el porcentaje de quienes la defienden permanece invariable desde hace 25 años, así que el coste real de todo ello sería cero.
Policialmente podemos obligar a ETA a un terrorismo de baja intensidad, centrado en extorsiones desesperadas y bandidaje ocasional. Erradicarla totalmente es casi imposible.
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